Sabíamos de la cercana eventualidad de que Adolfo García Morales se separara de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, pero nos tomó muy fuera de base la renuncia del Fiscal General de Justicia, Rodolfo Montes de Oca.
La salida de Montes de Oca resulta sorpresiva, luego que apenas en mayo del 2017 fuera ratificado en esa estratégica posición, en donde de acuerdo a la Ley que transformó a la Procuraduría en la Fiscalía General de Justicia del Estado, cumpliría un ciclo de nueve años, de los cuales sólo cubrió tres.
En el caso de García Morales las condiciones fueron otras, dado del inclemente golpeteo que fue objeto en los últimos meses que muchos atribuyeron al llamado fuego amigo y que detonó a principios de septiembre pasado, cuando se dijo que desde ese entonces su renuncia estuvo sobre el escritorio de la gobernadora Claudia Pavlovich hasta que la hizo efectiva en un riguroso empate con Montes de Oca.
La separación de ambos ahora exfuncionarios estatales, ha generado una ola de especulaciones, pero la más realista es que es un golpe de timón de la mandataria estatal, quien como queda claro, no le tembló la mano para decidir la salida de un Montes de Oca tan cercano a sus afectos y un García Morales respaldado por cuellos 18 y poderío de grueso calibre.
Ramón Mancilla
Es fuerte y claro el mensaje del liderazgo frente al trámite ya encima de su III Informe de Gobierno, y no, tales relevos no son consecuencia directa de recientes eventos de sangre de alto impacto en varios municipios de la entidad, ya que con ellos o sin ellos tales decisiones estaban tomadas y más bien son producto de un meditado proceso de reflexión luego del resultado electoral de julio pasado.
Y en todo el gabinete legal y ampliado deberán prepararse para inesperados, porque no descarte Usted que la mandataria estatal va por más y mejores resultados y que en ese propósito nadie es indispensable o sea que en dicho camino no caben afectos, amigos, compadrazgos ni compromisos políticos, si es que no están respaldados por la eficiencia y la madurez en su interrelación con sus pares.
Frente a hechos consumados que dejan fuera del gabinete a un par de amigos nuestros, ahora toca especular sobre sus relevos, que en el caso de García Morales tenía semanas como entretenimiento cotidiano, no así en lo que respecta a Montes de Oca y tales definiciones obviamente son de urgente resolución como dirían los diputados, ya que no serían prudentes largas estadías de los encargados de despacho Ramón Mancilla y Aurelio Cuevas Altamirano.
Lo del 1 de julio y la nueva geometría político-administrativa de la entidad es y será determinante en las directrices y políticas públicas que seguramente quedarán delineadas en el III Informe de Gobierno el próximo sábado y quienes procuran lucrar y llevar agua a su molino por el ajuste de tuercas comentado párrafos arriba, deberían meterle más tatema antes de publicitar posicionamientos oportunistas que abundan en estos días.
Tratándose del procedimiento de relevo en el caso de la Secretaría de Seguridad Pública podría decirse que no representa mayores problemas y es cuestión que la mandataria reciba una propuesta de tres perfiles de parte del Comité Ciudadano de Seguridad Pública para proceder a su designación, no así en el caso de Montes de Oca.
Aurelio Cuevas Altamirano
Es que en las diversas disposiciones de la Constitución y del Sistema Estatal Anticorrupción, se fija un intrincado trámite que hace corresponsables del nombramiento del Fiscal General de Justicia del Estado de Sonora, a los integrantes del Comité Ciudadano de Seguridad Pública, a la legislatura sonorense y a la titular del Poder Ejecutivo, con tiempos perentorios y formas colegiadas para decidir.
No nos vamos a meter en el berenjenal de propuestas de ternas o quíntuplas, suplementación de omisiones y esas cosas, ya que valga subrayar que el trámite de designación se inicia en el Congreso del Estado, instancia que tiene 20 días para integrar una lista de al menos cinco propuestas para ocupar el cargo y enviarla al Comité citado, que a su vez tendrá 10 días para validar el listado, y ya validado, remitirlo al Poder Ejecutivo para cerrar el círculo con el envío de una terna de donde con una votación de dos terceras partes, los diputados escogerán al relevo de Montes de Oca.
El citado Comité Ciudadano se integra por 18 representantes de organismos empresariales como son los casos de Coparmex, CMIC, Canacintra, Canaco Servytur, Canadevi, Aoans, Amda, Canirac, Canacope, AMS-Asoc, Maquilas de Hermosillo, Asociación de Acuicultores Privados de Sonora y USEM, además representantes de organismos civiles como Banco de Alimentos, Agrupación George Papanicolaou, Patronato Cruz Roja, Fundación del Empresariado Sonorense, Patronato de Bomberos, fundación Esposos rodríguez, Cepase, instituto Kino, Visión 2025 e Instituto Iris Sonora.
Como decíamos, dada la nueva correlación de fuerzas políticas derivada de la pasada elección en Sonora, no sería descabellado el que en el proceso de designación de ambas posiciones, se aplicara lo que para no pocos resultaría natural y básico: consultar y escuchar la opinión de Alfonso Durazo Montaño, tanto en lo que se refiere a aterciopelar el proceso legislativo en un Congreso del Estado con mayoría de MORENA, precaria pero mayoría al fin, como el hecho de que el de Bavispe será el Secretario de Seguridad Pública Federal a partir del 1 de diciembre próximo.
Alfonso Durazo Montaño
A fin de cuentas, si la propuesta a dar trámite legislativo al nombramiento del o la titular de la Fiscalía o la designación en el caso del titular o la titular de la SSP, reúnen perfiles idóneos e incuestionables, no debería ser objeto de ninguna disputa, pero se intuye que sin duda es necesaria amarrar corresponsabilidades entre el Estado y la Federación en un tema tan delicado como lo es la procuración de justicia, combate y prevención del delito.
Desde esa perspectiva y sin demérito a la soberanía del Estado, bien podríamos estar por ver algo así, aunque de acuerdo a la reacción de MORENA y sus ahora autoridades cuando la gobernadora propuso la municipalización del transporte público, a lo mejor también le sacan, sin importar, que así como fue en el caso del transporte, la seguridad pública también fue una de sus banderas en la recolecta de votos.
Por lo pronto, y como tales nombramientos no son cosa menor, ya la gobernadora envió respetuoso mensaje a la legislatura y al Comité Ciudadano para que cumplan cuanto antes con lo que les toca en ese procedimiento, porque si no, tal como marca la ley le tocará a ella tomar las decisiones.
Mientras todo eso ocurre, nombres van y nombres vienen de los posibles relevos y cosa curiosa, nadie menciona a mujeres, cuando no hay que descartar que dichas designaciones se den con perspectiva de género y se queden con el bat al hombro no pocos varones.
Hay quienes citan para la SSP a Wenceslao Cota Montoya, actual delegado de la Secretaría de Gobernación, en el marco de una reedición de cuando fue Procurador General de Justicia en tiempos de Manlio Fabio Beltrones, llevando a Ramón Mancilla como Jefe de la Policía Judicial del Estado.
Horacio Valenzuela Ibarra
Se mencionan también al actual Secretario del Trabajo, Horacio Valenzuela Ibarra, además de Enrique Claussen, titular de Salud, aunque en su caso no creemos a la luz de que en los últimos días ha hecho movimientos en dicha dependencia para reforzar estructuras de trabajo.
Se baraja también el nombre del regidor Ernesto de Lucas Hópkins, quien como se recordará fue el primer titular de la SSP y que incluso se requirió de una reforma constitucional “La Ley Pato”, para que su edad encajara en dicha responsabilidad, aunque hay quienes aseguran que no es por ahí y que se mantendrá en el cabildo capitalino.
Hay quienes se inclinan porque los designados sean policías profesionales e incluso sean militares de carrera, dada la escalada de la disputa de grupos criminales por el territorio sonorense, que como sea, valga reconocer la buena chamba realizada por los renunciados, con avances sustanciales en técnicas periciales en la persecución del delito y combate a la impunidad, así como la efectiva promoción de la participación ciudadana en la prevención del delito.
Pues a como están las cosas, con el arranque del proceso de designación del nuevo fiscal, la menguada representación de MORENA en el Congreso del Estado tendrá otro elemento de distracción a sus fallidas, hasta ahora, obsesiones de control del presupuesto del Poder Legislativo y algo tendrán que hacer para multiplicar sus neuronas para atender tan peliagudo nuevo tema con la debida responsabilidad y atingencia.
Es de esperarse que en el curso de esta semana el minoritario morenismo en el Congreso del Estado vuelva a la cordura y permita la normalización de la operación administrativa en ese poder del Estado, tal como lo consensuó la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, decisión que irresponsablemente pretende invalidar la presidenta Rosa María Mancha Ornelas.
María Victoria Olavarrieta
La que por lo pronto dejó ver que no arrastra lastres ni tiene recámaras mentales, es la titular de Agua de Hermosillo, María Victoria Olavarrieta Carmona, quien no tuvo reparos para reconocer el buen trabajo que hizo Renato Ulloa en esa paramunicipal y proponerse a sacar raja en diversas áreas de oportunidad para mejorar la operación de un organismo tan complejo y tan amplio.
Por esos rumbos, nos da gusto también el que haya nombrado como coordinador de comunicación social y enlace a nuestro añejo amigo, Mariano Quiuis, quien además de entenderle a eso de la relación con medios, es un reconocido profesional del derecho.
El ejemplo de doña María Victoria bien podría servir por rumbos del Palacio Municipal, con el fin de que asuman al menos los dictámenes de cuenta pública emitidos por el ISAF, que dejan en claro que en materia del manejo financiero de la comuna durante 2017 y el primer semestre del 2018, no hay observaciones qué solventar.
