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Solicita recursos extraordinarios para el Gobierno del Estado de Sonora y sus municipios fronterizos para hacerle frente al posible incremento de familias deportadas.

 

Hermosillo, Sonora a 21 de junio de 2018.- Un llamado a fortalecer acciones presupuestales, diplomáticas y de apoyo jurídico a las familias mexicanas que han sufrido las consecuencias de las políticas anti-migratorias emitidas por el Gobierno Estadounidense, se pronunció la legisladora Lisette López Godínez al exhortar a instancias federales como la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

 

La integrante del Grupo Parlamentario del PAN, presentó ante miembros de la Diputación Permanente un punto de acuerdo en el que solicita respetuosamente al Gobierno Federal a velar por la protección de los derechos humanos de los migrantes, luego de presentar cifras de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación en las que señalan que de enero de 2017 a marzo de 2018 un total de 211 mil mexicanos han sido deportados desde Estados Unidos.

 

“Bajo este contexto, en el mes de abril del presente año, la administración del presidente Donald Trump, anunció una serie de medidas antinmigrantes, las cuales ocasionaron gran controversia. En días recientes comenzaron a circular fotografías y vídeos en los que se puede ver a niñas, niños y adolescentes siendo separados de sus padres o tutores legales para posteriormente ser puestos en jaulas, dejándolos en un estado de vejación, que atenta contra la dignidad humana pero que, sobre todo, los deja en una situación de vulnerabilidad”, agregó.

 

A pesar del decreto presidencial firmado el 20 de junio de 2018 en el que llama a que permanezcan las familias unidas, la legisladora e integrante de la Diputación Permanente señaló que es necesario reforzar el apoyo a migrantes que enfrentan políticas más estrictas y de cero tolerancia, que han generado el rechazo de diferentes instituciones, entre ellas, el Fondo de las Naciones Unidas para la infancia o Unicef.

 

“De acuerdo con información del dominio público, Estados Unidos es el único país en el mundo que no ha firmado y ratificado la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, el cual es considerado como primer documento jurídico internacional vinculante en la protección de los menores de edad”, concluyó.

 

 

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