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·      Se debe garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos de las personas LGBTI, subrayó.

La diputada María Wendy Briceño Zuloaga, integrante del Grupo Parlamentario de Morena presentó un punto de acuerdo para exhortar a los congresos locales de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado De México, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, que en el ámbito de sus competencias adecuen la legislación civil y/o familiar, para el reconocimiento del matrimonio igualitario.

Esto, conforme a los tratados internacionales en materia de derechos humanos y a los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a fin de respetar y garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos de las personas LGBTI.

La también presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados apuntó que son muchos los espacios de la vida pública y privada en los que persiste la segregación y la discriminación en contra de la comunidad LGBTIQ, siendo uno de ellos, la ausencia del reconocimiento de las uniones civiles de parejas del mismo sexo ante el Estado.

En consecuencia, dijo, las personas identificadas con esta comunidad no pueden contraer matrimonio civil ni ser consideradas como concubinas, negándose con ello los derechos y obligaciones que se derivan de esas figuras, como podrían ser el derecho de sucesión, el derecho a contar con el servicio médico de la pareja, el derecho a una pensión alimenticia, a ser reconocidos como una familia, entre otros.

“Sus relaciones son invisibilizadas y sus derechos negados, pues se considera que dichas relaciones se apartan del único ejercicio de la sexualidad considerado socialmente legítimo: el heterosexual, y no representan lo que social y culturalmente se ha definido como familia tradicional”, expresó.

Por lo que apuntó, el reconocimiento de derechos humanos y el ejercicio del libre desarrollo de la personalidad, debe incluir el matrimonio igualitario como una acción de gobierno y en su caso legislativa, tendiente a reconocer la igualdad jurídica de personas LGBTI para suscribir un contrato social, como lo es el matrimonio civil.

La diputada Briceño Zuloaga añadió que las autoridades competentes de las Entidades Federativas, tienen la obligación de garantizar a las personas LGBTI el ejercicio de sus derechos sin discriminación por su orientación sexual, para lo que se requieren avances legislativos y en políticas públicas que respalden el “principio pro persona”.

En ese sentido, solicitó también a los congresos estatales a que realicen un análisis minucioso de su normativa actual y modifiquen todas aquellas leyes vigentes discriminatorias hacia las personas LGBTI y sean adecuadas al marco internacional y los estándares nacionales que de manera progresiva han reconocido los derechos de estas personas.

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