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Caló hondo lo publicado ayer en este espacio acerca del trabajo de la Fiscalía Anticorrupción y las rendijas por donde se le habrían escapado varios ‘peces gordos’ de la pasada administración.

La sociedad debe saber que no hay rendijas que brinden impunidad y todos los asuntos siguen su curso, quizás no a la velocidad que incluso nosotros deseáramos, pero impunidad no habrá porque se está trabajando muy duro en ello, se desprende de un informe acerca de lo realizado hasta ahora en la Fiscalía

A continuación algunos datos que apuntan en ese sentido:

De 2015 a la fecha se han iniciado 834 expedientes, de los cuales se han resuelto 339. Los principales delitos investigados son peculado, ejercicio indebido de funciones, uso indebido de atribuciones y facultades, y contratación indebida.

Hasta el momento se tienen 100 personas procesadas que se encuentran rindiendo cuentas ante la justicia, entre ellos se encuentra el ex gobernador y siete de quienes fueron sus secretarios en Hacienda, Salud, secretaría de Gobierno, Comunicación Social y Sagarpha. (Los nombres, la memoriosa lectora, el memorioso lector, los tienen en la punta de la lengua, pero por respeto a la presunción de inocencia y la ley de protección de datos personales, no se pueden revelar).

También hay 15 directores generales, 4 ex presidentes municipales (San Javier, Agua Prieta y Bácum); siete tesoreros tanto del orden estatal como municipal (Nogales, Empalme, Bácum y San Javier); cuatro ex directores de administración, dos directores generales de organismos públicos paraestatales (Comisión Estatal del Agua y Promotora Inmobiliaria de Hermosillo.

Un director  general de organismo público paramunicipal, un coordinador de obra pública municipal, cuatro directores de obra pública municipal y ocho ex servidores públicos de las agencias fiscales (centro de gobierno, sub agencia CUM y sub agencia de Ciudad Obregón).

También están sujetos a proceso 47 ex funcionarios de diversas dependencias estatales y municipales.

De las 834 denuncias interpuestas ante la FAS, 302 tienen como origen a ciudadanos, y 490 por instancias gubernamentales; también hay 27 denuncias anónimas hechas llegar por la vía del correo electrónico anticorrupción@fiscalia.sonora.gob.mx o en la oficialía de partes de la propia Fiscalía.

Hasta hoy se han recuperado casi 40 millones de pesos en bienes muebles e inmuebles y 79 millones más en fianzas pagadas por los indiciados para llevar sus procesos en libertad. Una vez que existan las sentencias condenatorias, esos bienes serán restituidos a la sociedad sonorense.

Por otro lado, se han desarticulado tres redes de corrupción que operaban desde la estructura gubernamental. Una de ellas en la Secretaría de Educación y Cultura que tenía su sede en el antiguo cuartel militar y se dedicaba a la venta de plazas entre 60 mil y 100 mil pesos.

Otra banda operaba en las agencias fiscales, mediante el sencillo método de no reportar ingresos de contribuyentes a quienes les aplicaban un descuento por discapacidad, mismo que no iba a parar a las arcas estatales (donde nunca se reportaba), sino a sus bolsillos. Todas las personas involucradas en esta práctica fueron llevadas a rendir cuentas ante la justicia.

Aunque la investigación aún no concluye, se pudo detener la práctica de falsificar documentos para informar sobre trámites realizados en el Registro Civil, pero los directivos se dieron cuenta que los ingresos no correspondían con los informes. 

Por otro lado, la FAS mantiene vigentes varios programas preventivos para inhibir actos de corrupción y fomento de la cultura de la prevención, entre los que destaca el concurso de narrativa Todos contra la corrupción y el concurso de video Sonora libre de corrupción.

También se han firmado 25 convenios con cámaras empresariales, sindicatos e instancias gubernamentales; universidades y organismos de la sociedad civil, para brindar capacitación en el tema del combate a la corrupción.

II

Generó reacciones de toda índole el anuncio hecho ayer por el alcalde de Cajeme, Sergio Pablo Mariscal a propósito de una reunión a celebrarse el próximo 12 de febrero entre los presidentes municipales del sur del estado.

En una entrevista que le hicimos el año pasado, Mariscal Alvarado había adelantado que buscarían esa coordinación a efectos de generar una agenda común en la que destaca el tema de la seguridad pública y el llamado Corredor Cultural del Sur de Sonora; gestión presupuestal ante los gobiernos estatal y federal, deuda pública y proyectos para las etnias yaqui y mayo, entre otros.

De hecho, el pasado 13 de agosto hubo un primer acercamiento y ayer se encontraron los alcaldes de Cajeme, Guaymas (Sara Valle) y Empalme (Francisco Javier Genesta). El objetivo principal es activar un movimiento municipalista que se traduzca en la gestión de más recursos para sus localidades.

III

¿Sí saben que cuando alguien comienza una alocución con la frase: “con todo respeto”, lo que la precede es, invariablemente un madrazo, verdad?

Pues algo así hizo El Pato de Lucas ayer, cuando con todo respeto, recriminó a los medios de comunicación que no publiquen los posicionamientos de su partido, el PRI, especialmente aquellos que llevan una carga crítica hacia el gobierno de la 4T y al presidente López Obrador.

En una rueda de prensa en la que, acompañado de la bancada tricolor en el Congreso local dieron a conocer la agenda legislativa para el actual periodo ordinario de sesiones, El Pato de Lucas mostró datos que exhiben a un gobierno federal que no ha cumplido lo que ofreció en campaña. 

Particularmente en el tema de la corrupción, señaló que sólo el 12 por ciento de bienes y servicios adquiridos o contratados han pasado por una licitación, lo que se traduce en más de 409 mil millones de pesos en completa opacidad, sin que se pueda transparentar ni dar seguimiento porque no cuentan con reglas de operación.

Es el mismo caso de unos 21 mil millones de pesos destinados a programas sociales, cuyo destino no queda claro porque tampoco cuentan con esas reglas de operación,

Por cierto, esa cifra se acerca a los 500 mil millones de pesos que, de acuerdo con López Obrador se iban por el caño de la corrupción en sexenios anteriores.

El manejo completamente discrecional de esos recursos puede equipararse a corrupción, de manera que si esos recursos no pueden ser auditados, hay toda justificación para sospechar que se pudiera estar haciendo mal uso de ellos. 

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