El presupuesto para Sonora en 2021 será de alrededor de 60 mil millones de pesos. El presupuesto para el Tren Maya en 2021 será de 36 mil millones de pesos.
Más de la mitad de los recursos que le corresponden a Sonora, se los llevará el tren. Así las prioridades.
No era necesaria una bola de cristal para predecir que el paquete fiscal 2021 caería como puñalada trapera en estados y municipios; que los ojos de todo el país se posaran en los diputados y diputadas federales, a quienes se les exige desde diversos frentes más empatía con sus representados y menos sumisión frente al presidente.
Gobernadores, dirigentes de partidos y de organizaciones civiles, de cámaras empresariales mostraron su inconformidad frente a un paquete presupuestal que disminuye en términos reales los recursos para estados y municipios, que se olvida de la inversión productiva y que, tal como está diseñado no es un instrumento para la recuperación económica, sino para prolongar el deterioro.
El silencio de los legisladores ha sido sepulcral.
Recordemos que el año pasado, para estas fechas, la gobernadora convocó a los diputados y diputadas de todos los partidos políticos; a los alcaldes y alcaldesas para presentarles un paquete de 50 obras prioritarias en diferentes municipios, y acordar con ellos la coordinación de gestiones para que se incluyeran en el paquete presupuestal.
Todos dijeron que sí, pero al llegar la fecha para aprobar el paquete fiscal, lo hicieron sin cambiarle una sola coma. Obviamente, ninguna de las obras propuestas fue incluida.
Esta vez el proyecto viene peor. Hay dos mil millones de pesos menos para Sonora y en materia de obras sólo se contempla la carretera Agua Prieta-Bavispe. Los municipios fueron olímpicamente ignorados y tendrán que rascarse con sus propias uñas y, dicho sea de paso, no tienen mucho donde rascar.
En un video difundido ayer por la tarde, la gobernadora se mostró bastante extrañada por el trato que la federación dispensó a los municipios del estado y adelantó que no se quedará con los brazos cruzados y que buscará una cita con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera para tratar el tema. Pero al mismo tiempo sostuvo que los diputados federales deben hacer lo propio y sumarse a estas gestiones: “sé que pueden hacer su lucha y muy fuerte, junto a mí, por nuestros alcaldes, por nuestros municipios”.
La cámara de diputados tiene hasta el 31 de octubre para aprobar la ley de ingresos y hasta el 25 de noviembre para hacer lo propio con el presupuesto de egresos.
A los cuestionamientos se sumaron entre otros, el dirigente estatal del PRI, Ernesto de Lucas quien calificó el paquete fiscal como una burla para Sonora y dijo que es el momento de alzar la voz ante tantos agravios y promesas incumplidas por parte del gobierno federal. Cuestionó también el silencio de diputados y alcaldes.
En la misma tónica se manifestó la diputada de Movimiento Ciudadano, María Dolores del Río, sus homólogos del PAN, Gildardo Real y Alejandra López Noriega entre otras voces que se sumaron al desconcierto y la preocupación por lo que se perfila como un año bastante crítico.
La Coparmex fue más allá y alertó sobre las modificaciones al Código Fiscal que otorgan a la autoridades tributarias facultades para utilizar cámaras de video y fotográficas para documentar bienes y propiedades de personas físicas y morales, invadiendo la privacidad de las mismas en un afán persecutorio.
El tema sin duda ocupará buena parte de la agenda en los próximos dos meses y será un interesante laboratorio para observar por un lado la correlación de fuerzas entre la federación y los estados -hoy por cierto divididos en dos bloques, la Conago y la Alianza Federalista-, y por el otro la gestión de los diputados federales, hoy bajo la mirada crítica de todos los actores políticos, y desde luego, de sus representados.
II
Lo escribimos hace mucho: era cuestión de tiempo para que las armas militares se volvieran contra el pueblo, algo que el presidente insistía mucho que jamás volvería a pasar.
Pero es un riesgo inminente que camina por el delgado hilo de la militarización de la seguridad pública.
Desde Tlahuelilpan y pasando por Oaxaca, Michoacán, Chiapas y otros estados los militares y la Guardia Nacional (compuesta en un 90 por ciento por militares) habían sido enfrentados en diferentes episodios por ciudadanos inconformes por diversas causas. Los militares siempre bajaron las armas y hasta soportaron humillaciones de toda índole, incluyendo insultos y golpes.
En Chihuahua, desde junio pasado se ha venido incubando un conflicto que ya tuvo un episodio de violencia en julio, cuando los militares dispararon balas de goma y rociaron con gas lacrimógeno a campesinos y productores agropecuarios que se oponen a la extracción de agua de al menos tres presas: Las Vírgenes, La Boquilla y El Granero.
El primer episodio violento fue en Las Vírgenes.
En La Boquilla, los militares tenían un nutrido campamento para resguardar la presa -por ser instalaciones estratégicas para la seguridad nacional-, pero un contingente cercano a los cinco mil productores les llegaron por la retaguardia y armados de palos y otros objetos los obligaron a retirarse, sin que se registraran incidentes mayores.
Pero horas después, en la ciudad de Delicias y según testigos, elementos de la Guardia Nacional dispararon contra el vehículo en que viajaba una pareja de agricultores que habían estado apoyando el desalojo de La Boquilla. La mujer quedó muerta en el carro, el hombre murió en el hospital.
La Guardia Nacional ha dicho que sus elementos fueron agredidos y sólo repelieron el ataque, pero otras versiones indican que la pareja estaba desarmada.
Lo cierto es que el conflicto por el agua en Chihuahua ya tomó un derrotero peligroso y arroja un saldo de dos ciudadanos muertos por las balas de la Guardia Nacional, esa que pretende ser el emblema del replanteamiento total de la política se seguridad pública.
Este conflicto es complejo y tiene sus orígenes en un tratado internacional firmado en 1944 para enviar agua desde México a Estados Unidos, pero los productores chihuahuenses sostienen que además el gobierno federal está enviando agua a Tamaulipas, afectando sus actividades locales.
Estos primeros dos civiles asesinados son una muy mala señal, tan mala como esa que mandan aquellos que en un acto de fe militante, ya comienzan a justificar los crímenes y el uso de las armas para contener la protesta ciudadana bajo el argumento de que los manifestantes forman parte del conservadurismo.
Es decir, replican el mensaje que cotidianamente envía el presidente de la República a propósito de sus enemigos.
III
Han sido muchas y muy reiteradas quejas por parte de ciudadanos sonorenses acerca de los excesivos cobros por consumo de energía eléctrica que están llegando en los recibos de la CFE, una ‘empresa de clase mundial’ que al menos en Hermosillo nos tiene con el Jesús en la boca por los apagones diarios.
Recogiendo esa inconformidad, la senadora Sylvana Beltrones presentó un punto de acuerdo para que se establezca una tarifa fija de consumo básico durante la pandemia. Veremos si pasa en el Senado y veremos también si don Manuel Bartlett la retoma.
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