La ley de amnistía aprobada el pasado martes en el Senado, y que la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero promueve en los congresos estatales no tiene nada que ver con el Covid 19.
Fue una promesa de campaña de Andrés Manuel López Obrador orientada a conceder el beneficio de la libertad a hombres y mujeres sentenciados por delitos no graves; indígenas a quienes se les haya negado el derecho a un intérprete, mujeres que hayan abortado, practicado o colaborado en abortos y quienes hayan cometido delitos contra la salud en su modalidad de siembra, posesión y transporte de drogas, bajo ciertos criterios y atenuantes.
Ni siquiera tiene el objetivo de despresurizar los penales, ya que por ejemplo en Sonora, de acuerdo con información proporcionada a la colega y amiga Michelle Rivera por el director de los Ceresos, Ramón Tadeo Gradias, el número de personas que alcanzarían ese beneficio no llega a cien, en una población penitenciaria superior a 7 mil.
La ruta crítica para que se den las primeras liberaciones, considerando el camino que deben recorrer las solicitudes en la burocracia de las fiscalías y los tribunales ha sido estimada por los especialistas en cuando menos cuatro meses, es decir, cuando ya la pandemia haya pasado.
Por otro lado, si se quisiera liberar a adultos mayores y personas con cierto tipo de enfermedades que los convierten en población de alto riesgo de contagios, se podría promover ante los jueces que conocer de esos casos, recursos de liberación anticipada, lo que agilizaría sus procesos.
Pero ese no parece ser el punto; en realidad, la aprobación al vapor de la ley en el Senado obedeció más al cumplimiento de una consigna presidencial, aprovechando el coronavirus como pretexto de una urgencia que, insisto, no servirá de nada porque los beneficiarios de esa amnistía permanecerían en las cárceles durante la etapa más crítica de la pandemia.
Tiene pues, cierto tufillo de oportunismo, sin contar las inconsistencias de dicha legislación ya que, por ejemplo en el caso de las personas sentenciadas por robo simple cometido sin armas de fuego, desde la aprobación del nuevo sistema de justicia penal prácticamente no pisan la cárcel ya que ese es un delito que no amerita prisión preventiva.
El hecho de que haya sido la secretaria de Gobernación quien promueva ahora la aprobación de leyes estatales es sólo en cumplimiento de un mandato contenido en la exposición de motivos de dicha ley. Si no fuera así, la señora seguiría desempeñando inmóvilmente su reconocido papel de florero.
En el artículo segundo de esa ley se lee: “El ejecutivo federal a través de la secretaría de Gobernación promoverá ante los gobiernos y las legislaturas de las entidades federativas la expedición de leyes de amnistía por la comisión de delitos previstos en sus respectivas legislaciones que se asemejen a los que se amnistían en esta ley”.
Retomando el dato proporcionado por el director de los Ceresos en Sonora, los beneficiarios de tal amnistía serían sólo 98.
El espíritu de la ley no es cuestionable. Busca hacer justicia sobre todo a la población más vulnerable, en pobreza extrema, sin recursos para pagar una defensa; gente que delinquió por ignorancia o ausencia total de oportunidades, como es el caso de indígenas orillados a la siembra, transporte o comercialización de drogas.
O mujeres presas por abortar y personas que les practicaron el aborto.
También hombres y mujeres presos por motivos políticos, siempre y cuando no lo estén por actos de terrorismo, aunque esos casos también son mínimos.
Seguramente en Sonora veremos en los próximos días, la urgencia de algunos diputados -de Morena, obviamente- para aprobar una ley de amnistía estatal que, insisto, parece más orientada a congraciarse con el poder central, que con una sociedad más preocupada y ocupada en mantener a flote su salud y su economía doméstica en la marejada de la pandemia.
Temas en los que por cierto no han sido empáticos, ya que han votado en contra de cualquier iniciativa que apunte a resolver las carencias del sistema hospitalario, de la aprobación de recursos para el equipamiento y protección del personal del sector salud y de cualquier iniciativa en ese sentido, si ésta tiene su origen en una instancia que no sea de sus afinidades políticas.
Pero bueno, como decíamos en la columna de ayer, cada fuerza política tiene sus prioridades.
II
Han muerto 22 personas por coronavirus en Sonora y hay 182 casos confirmados, algunos de ellos en estado grave.
El reporte del secretario de Salud, Enrique Clausen ayer, no podía ser más preocupante: “los contagios no van de salida y estamos en plena etapa de aceleración”.
Es decir, en las próximas semanas estaremos asistiendo a lo que podría ser un escenario dantesco en el que la pandemia muestre su peor cara.
No podemos evitarlo, pero sí reducir los riesgos y eso sólo se puede hacer dejando de jugar al inmune y quedándose en casa. Yo no sé ustedes, pero a mí sí me da miedo contagiarme, o que se contagien otros. Quédense en casa, no reten a la muerte.
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