Escalofriante, por donde quiera que se vea lo que está ocurriendo en Guaymas, donde sólo era cuestión de tiempo para que estallara una bomba como la que ayer rompió las redes con la filtración de un audio donde presuntamente el director de Seguridad Pública, Andrés Humberto Cano Ahuir gira instrucciones para deshacerse de algunas personas que ‘se lo estaban brincando’.
Uno de ellos, el ex agente de la Policía Municipal porteña, Remberto Gastélum Barrios que el viernes pasado fue dado de baja en la corporación por no aprobar el examen de confianza. Dos días después fue asesinado a balazos. Al día siguiente, mientras velaban su cuerpo, un comando armado irrumpió en la funeraria dando muerte a otra persona, presuntamente primo del ex agente.
Desde el inicio de la administración de Sara Valle la seguridad pública en el puerto es un desastre. Las balas del crimen organizado han alcanzado ya a sus propios funcionarios públicos y ni se diga a los agentes de la corporación. Una casa contigua a la de la alcaldesa recibió en octubre del año pasado más de cien impactos de bala por parte de un comando armado.
Desde entonces, Cano Ahuir se convirtió en una especie de guardaespaldas de la presidenta municipal, que incluso pasó un tiempo viviendo en Hermosillo y otro tanto en la guarnición militar del puerto.
El 4 de octubre de 2018, cuando no tenía un mes de haber rendido protesta como alcaldesa, cinco agentes murieron acribillados en pleno centro de la ciudad, en dos ataques armados. Otros tres resultaron heridos; uno de ellos era Remberto Gastélum.
Y desde entonces la ola de ejecuciones no ha parado. Las narcomantas en las que se denuncia a funcionarios de todos los niveles y su presunta relación con un grupo delictivo se han vuelto casi cotidianas en el puerto.
Guaymas es hoy el emblema del fracaso de la militarización de los mandos policiacos municipales, estrategia que operó el secretario de seguridad federal, Alfonso Durazo Montaño.
En cuatro de los cinco municipios (Navojoa, Cajeme, Empalme y Hermosillo) donde se asignaron mandos militares a las corporaciones locales, el desempeño ha sido con altibajos (en Cajeme regresó un civil al mando), pero Guaymas es la sede del terror.
Del miedo, porque si los propios mandos policiacos están siendo espiados a través de sus teléfonos intervenidos, ¿qué podemos esperar los ciudadanos más comunes que corrientes?
De la desesperanza, porque si se confirma lo dicho en el audio filtrado, estaríamos ante la triste, desoladora realidad que se niega a cambiar independientemente del signo partidista del gobierno a cargo.
A estas alturas, la información ya debe estar en el escritorio de Alfonso Durazo y en las próximas horas veremos qué decisiones toman los altos mandos. El señor Cano Ahuir, creo, se ha vuelto insostenible en el cargo. Más aún, amerita que se le abra una carpeta de investigación.
De uno y de muchos modos el señor representa a un gobierno de la 4T y nada más por eso, porque la narrativa anticorrupción y la búsqueda de la paz son su emblema, se tendrían que tomar las medidas pertinentes.
Ayer, el gobernador de Querétaro cesó fulminantemente a su secretario particular, Guillermo Gutiérrez Badillo, luego de que éste apareciera en otro video viral, llenando unas maletas con fajos de billetes. Se presume que el contexto de ese video son los sobornos que presuntamente operó Emilio Lozoya cuando era director de Pemex, a propósito de la reforma energética.
Gutiérrez Badillo trabajaba en ese entonces para la fracción parlamentaria del PAN en el Congreso federal.
El Gobernador Francisco Domínguez aplicó el manual que indica cómo los subalternos son fusibles a los que hay que cambiar cuando se queman, para evitar que las posteriores descargas eléctricas lleguen al jefe.
Veremos si la aplican también en Guaymas.
II
Pero bueno, no todo son malas noticias. Por rumbos del Congreso del Estado la diputada Alejandra López Noriega está desplegando un notable esfuerzo para difundir el trabajo legislativo en el marco de su segundo informe de labores.
López Noriega ha sido una de las diputadas que mayor contacto ciudadano ha mantenido desde que inició esta legislatura, algo que complementa muy bien con su trabajo a la hora de presentar iniciativas que impacten positivamente la calidad de vida de las personas.
El Congreso ya le aprobó la ley que crea el Instituto Sonorense para la Atención de los Adultos Mayores cuya divisa principal es el respeto al derecho a una vida digna y sana, generando mecanismos adicionales para acceder a fondos internacionales para una mayor cobertura de los programas dirigidos a este sector.
La diputada también recogió la bandera de mujeres agrupadas en la organización Colonias Unidas Contra el Cáncer, reformando la Ley de Salud para que el Centro Oncológico adquiera el equipo necesario para el diagnóstico y evaluación de patologías relacionadas con el cáncer cervicouterino y de mama. Esa iniciativa también fue aprobada.
En el transcurso de la semana iremos revisando el trabajo de esta legisladora, una de las pocas que no se ha quedado estancada en la grilla camaral y realmente le está echando ganas.
III
Seguramente a sus hogares, oficinas y negocios ya les llegó el segundo recibo bimestral de la Comisión Federal de Electricidad, y la atribulada audiencia habrá notado que el consumo se disparó notablemente.
Producto del obligado confinamiento por la pandemia que ya va para cinco meses, las familias pasan más tiempo en casa, y en este verano cuyas temperaturas no bajan de 40 grados, también es obligado mantener encendidos los aparatos eléctricos que ayudan a sobrellevar el clima extremo.
Además hay que agregar el mayor uso de computadoras y televisiones para trabajar desde casa o tomar clases a distancia.
La gobernadora Claudia Pavlovich envió una solicitud al Congreso del Estado para que éste a su vez enviara un exhorto al director de la paraestatal, Manuel Bartlett Díaz para que considerara una reducción a la mitad, de los cobros por consumo eléctrico durante la pandemia.
Pero como la agenda legislativa tiene otras prioridades en estos momentos, el tema no ha sido retomado, así que la gobernadora no se quedó cruzada de brazos y ayer mismo habló telefónicamente con el señor Bartlett para exponerle la situación.
La propuesta tiene sentido, pues la pandemia ha dejado a miles de familias sin ingresos, o con ingresos considerablemente reducidos, lo que los pone frente a la disyuntiva de comer o pagar el recibo de la luz.
El titular de la CFE se comprometió a analizar el caso Sonora y darle seguimiento. Reducir a la mitad los cobros durante estos meses sería una gran muestra de sensibilidad por parte del gobierno federal. Esperemos que la gestión rinda frutos.
IV
No pierdan de vista a la presidente del Colegio de Notarios de Sonora, Karina Gastélum porque el primero de septiembre comienza a recorrer el país en la campaña como candidata a la vicepresidencia del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, zona noroeste.
La brillante abogada consiguió esta candidatura a base del tesón que le caracteriza y la capacidad que le sobra. Hacía 24 años que Sonora no conseguía esta candidatura y ahora será ella quien la encabece. La Zona Noroeste comprende los estados de Durango, Sinaloa, Chihuahua, Baja California, Baja California Sur y desde luego, Sonora.
La sucesión también comienza en el Colegio de Notarios del estado y ayer se registró el primer candidato: José Julio Rascón Soria, Notario 57 de Huatabampo y actual integrante de la mesa directiva.
El 31 de agosto se cierra el registro de candidatos.
Desde aquí le deseamos el mejor de los éxitos a nuestra distinguida amiga.
V
El que puso el dedo en la llaga fue el dirigente estatal del PRI, Ernesto de Lucas Hopkins cuando ayer evidenció la ausencia de coordinación entre la federación y el estado y los municipios para atender los estragos sanitarios y económicos de la pandemia. La prospectiva es crítica: a nivel nacional, se estima que más de medio millón de empresas desaparecerán.
El Pato sostuvo que el gobierno federal ha dejado a la deriva a millones de pequeños y medianos empresarios; nada más en Sonora se han perdido 39 mil empleos y más de 71 mil empresas que emplean a unos 250 mil trabajadores están en riesgo de cerrar sus puertas ante la ausencia o inoperancia de políticas emergentes frente a la pandemia.
El PRI, dijo, ya hizo varias propuestas como el ingreso de emergencia para quienes perdieron su empleo, el subsidio total a los pagos de Infonavit, el diferimiento de pagos de ISR a las empresas que no despidan a ni un trabajador, un bono de rescate a las pequeñas y medianas empresas en riesgo quiebra y el apoyo al pago de energía eléctrica a las familias que no pueden salir a trabajar.
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