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Se cumplió la gira número 300 de la gobernadora por los municipios de la entidad, tocando ayer a Bacoachi, Cucurpe y Arizpe, para concluir en Ímuris. En todos ellos llevó acciones de vivienda (cuartos rosa y material de construcción); becas estudiantiles y equipamiento escolar.

Pero en Ímuris reapareció un tema que por años ha constituido una de las demandas más sentidas de la población, habida cuenta que todas las aguas negras de la ciudad van a dar al río, provocando serios problemas de salud pública.

Hace unos días aparecieron al menos doce vacas muertas en la zona, y aunque no se ha determinado si la contaminación fue la causa, esa noticia alertó a la población. Varias personas se acercaron a la gobernadora para plantearle la necesidad de construir una laguna de oxidación y una planta tratadora de aguas residuales.

En su intervención, la jefa del Ejecutivo asumió el compromiso de no irse del gobierno sin cumplir con la construcción de la laguna de oxidación, cuyo proyecto ejecutivo ya está listo y en manos del director del organismo operador de agua, Jorge Munguía, con quien Claudia Pavlovich sostuvo un breve encuentro en el que, vía el secretario de Gobierno, Miguel Ernesto Pompa se comunicó con el responsable de esos proyectos en CIDUE.

Allí mismo se acordó una reunión en Hermosillo que deberá realizarse este viernes a las nueve de la mañana.

La principal limitante para el proyecto es, como en otros casos, la disponibilidad de recursos, pero la gobernadora se comprometió a gestionarlos ante el mismo presidente de la República, otorgándole un carácter de prioritario porque no es sólo una obra de infraestructura más, sino una urgencia que debe resolverse en tanto afecta la salud de los pobladores.

Lo que sea de cada quien, se vio muy ejecutiva la gobernadora en la gestión para avanzar en la solución de un problema que llega a otras poblaciones cercanas, como Terrenante y La Mesa, cuyos pobladores se abastecen de pozos cercanos al río.

Y bueno, todo puede pasar, menos que Terrenate siga bajo la duda sobre la calidad del agua que consumen sus habitantes.

II

Salvo su mejor opinión, escamada lectora, paniqueado lector, esta semana que está por concluir ha sido una de las más tranquilas en Sonora en cuanto a hechos delictivos de alto impacto.

¿Coincidencia con la llegada de militares a las policías municipales de los cinco municipios que concentran dos terceras partes de la población en el estado?

No lo creo.

Días antes de la cumbre de seguridad que se llevó a cabo en Guaymas, de donde se desprendieron acciones para mejorar la política de seguridad pública, y hasta ayer, ha sido notable la calma -si se quiere, tensa calma-, después de una escalada terrible en el accionar del crimen organizado.

De alguna manera, esto aparece como una buena señal, en el sentido de que el manotazo en la mesa que se dio el pasado martes, por lo menos alertó a la delincuencia sobre la necesidad de bajarle dos rayitas a su beligerancia.

Y no es que uno sea malpensado, pero con los militares, alguna señal también debió llegar a las corporaciones municipales donde, se dice, reside buena parte de la información sobre la actividad delincuencial en barrios, colonias y zonas rurales de las ciudades.

En Hermosillo, la alcaldesa Célida López tomó la protesta de ley al General de División Gilberto Landeros Briseño, cuyo nombramiento fue aprobado por unanimidad en el Cabildo.

Landeros Briseño luce varios galones en su casaca, y trae un historial bastante respetable en su trayectoria, donde destaca su formación en labores de inteligencia en el Fuerte Benning en Georgia EEUU.

La alcaldesa ya dijo que el General se le cuadró, reconociendo su mando, lo que anticipa una relación de respeto y colaboración. Y la primera instrucción de la alcaldesa fue la depurar la corporación municipal.

Sólo falta esperar que esto se traduzca en la recuperación de la paz en Hermosillo, donde las cosas no han marchado bien en los últimos meses, aunque si de algún consuelo sirve, la capital de Sonora ha sido menos lacerada por el crimen organizado, que otras ciudades, como Obregón, Guaymas y Empalme, donde también llegarán militares a dirigir sus corporaciones.

En Cajeme el asunto se complicó un poco porque el alcalde Sergio Pablo Mariscal decidió nombrar al teniente coronel Jorge Manuel Solís Casanova como director operativo de la policía municipal, manteniendo a Francisco Cano como secretario de Seguridad.

Al final, se supo que el teniente coronel ya tiene tiempo trabajando en labores de inteligencia en Cajeme, lo que tiene alguna lógica si se considera que desde hace un par de semanas las noticias rojas que llegan desde el sur han disminuido notablemente.

Por lo menos en los primeros días después de la cumbre en Guaymas, el reguero de sangre ha dejado de salpicar los reportes noticiosos.

III

Hace muchos años se usaba un cliché hoy cada vez más en desuso por su inaplicabilidad: que los periodistas no somos la nota, decían.

Pero en un país donde sólo en lo que va del año han caído al menos 15 periodistas; donde la prensa y los periodistas son un componente cotidiano en las conferencias del presidente, y normalmente para la descalificación o el agravio, donde eventualmente el periodismo roza la frontera del activismo (o la cruza), ese enunciado es ocioso.

En la década de los 90 se dispuso, en el Congreso federal, de un espacio reservado para la prensa, en la parte alta del salón de plenos, alejados de los legisladores. Los colegas dieron en llamarlo “El corralito de la ignominia”.

Desde hace varios años en el Congreso local se colocaron acrílicos altos para impedir la interacción personal con los diputados por parte de los reporteros y reporteras, aunque también se justificó arguyendo condiciones de inseguridad, toda vez que en esa parte, destinada al público, suelen entrar manifestantes de toda laya, algunos muy agresivos.

Hasta el fin del sexenio peñista, en todas sus giras se utilizó ese corralito para la prensa.

Pero lo que ocurre en la sala de cabildo en Guaymas es como una versión caricaturizada. La alcaldesa mandó acotar un espacio usando una piola amarilla. Allí hay cuatro o cinco sillas, por lo que colegas y colegos deben estar de pie, y como hay sesiones que duran hasta seis horas o más, optan por sentarse en el suelo.

El espectáculo, desde luego, lo vale, si se permite el eufemismo para matizar el desprecio por los medios. Las sesiones de cabildo en el puerto se han convertido en un verdadero circo. Debates disparatados, acusaciones a quemarropa (la más reciente fue la de zoofilia a un regidor); lonas y cartulinas, insultos y mentadas; empujones, jaloneos y amenazas.

En Guaymas, todo parece indicar que mandar al diablo a las instituciones es ya una decisión tomada. Aun cuando sean los propios titulares de esas instituciones quienes las manden al diablo.

IV

Entre las nuevas reglas de operación de los programas federales en el rubro del desarrollo social, y una natural contracción en la disponibilidad de recursos, desde el gobierno del estado se están diseñando estrategias para optimizarlos, aplicándolo en áreas prioritarias y privilegiando la transversalidad de las instituciones relacionadas con ese sector.

Es así que el gabinete social, donde participan la mayoría de las dependencias estatales cobrará un nuevo impulso con el nombramiento de Manuel Puebla en la coordinación del mismo, que por cierto tendrá su primera jornada el próximo sábado en la colonia Pueblitos, al norponiente de la ciudad.

Allí se verá a varios secretarios atendiendo las solicitudes de los habitantes de ese populoso sector, bajo la coordinación del titular de la secretaría de Desarrollo Social.

No, no está construyendo ninguna plataforma para proyectar una eventual candidatura en el horizonte electoral cercano; sólo se trata de aplicar de manera más eficiente los recursos públicos y que éstos impacten de manera más efectiva en la calidad de vida de la gente.

Porque así es, ¿verdad?

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