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La fecha se pierde en las nubes de la memoria, pero debió ser en los años finales del siglo pasado y los primeros del presente. Un geólogo minero de la Universidad de Sonora desapareció en el desierto de Altar, mientras viajaba rumbo a la mina donde trabajaba.

Para encontrarlo se realizó entonces el operativo de búsqueda más grande registrado en la historia de América Latina, que incluyó la participación de hasta 300 voluntarios que avanzaban en cordón sobre las inhóspitas arenas de esa zona, abastecidos de agua, comida y barras de metal que hundían en la arena buscando lo que en su fuero interno, nadie quería encontrar: un cadáver.

El operativo duró varios días y el cuerpo nunca fue localizado. Lo que sí encontraron, sorprendentemente, fue una cantidad indeterminada de osamentas y restos humanos diseminados arbitrariamente bajo las ardientes arenas de un desierto que desde entonces estaba convertido en una gigantesca fosa común donde yacían sobre todo, indocumentados que no alcanzaron a llegar al sueño americano, y “burreros” que se perdieron con su cargamento en ese laberinto sin paredes.

Desaparecidos que nadie reportó como tales, o que la autoridad simplemente desestimó en aquellos años cuando no estaban tan avanzados los protocolos de búsqueda, los mecanismos de protección e investigación y las organizaciones civiles dedicadas a la localización de desaparecidos.

Finalmente, el cuerpo del malogrado profesional de la geología fue encontrado en el fondo del pozo de un ranchito perdido en la inmensidad del desierto. Su vehículo sufrió una ponchadura y se acercó allí a pedir auxilio. En el pick up llevaba una cuatrimoto que después fue localizada en un negocio de venta de autos usados en San Luis Río Colorado.

La historia cuenta que el cuidador del rancho lo invitó a pasar allí la noche, bebieron y jugaron baraja. En algún momento discutieron y el cuidador lo mató a balazos. Luego lo echó al pozo.

Sorprendentemente, el operativo de búsqueda ya había pasado por allí hurgando en la arena, porque estaba en la ruta que el joven debía recorrer para llegar a la mina. Pero cruzaron de largo.

El relato viene a colación por la manifiesta sorpresa de estos días en que las Guerreras Rastreadoras encontraron 42 osamentas y dos cadáveres en los alrededores de Puerto Peñasco. Para mal, el hallazgo no debería ser tan sorprendente.

Toda esa región y especialmente las zonas aledañas a ese destino turístico, a Caborca, Altar, Pitiquito y Sonoyta, están sembradas de cadáveres, según cuenta la leyenda que corre de boca en boca por esos lares.

Y esto ha sido más recurrente en la última década, cuando la actividad del crimen organizado en esa región ha escalado y con ello ha llegado a “normalizarse” la desaparición de personas.

No es, lamentablemente, una situación focalizada en esa región. Los valles del yaqui y mayo, la sierra sonorense y los valles de Guaymas y Empalme esconden bajo su suelo quizás cientos de restos humanos, la mayoría de los cuales ni siquiera son reclamados por sus familias que saben o intuyen que algo malo les pudo pasar, por las actividades ilícitas en las que andaban.

Pero hay familias que independientemente de ello, están decididas a encontrar a sus “tesoros”, como suelen llamarlos las madres rastreadoras de Sonora, y otros grupos que en diferentes estados del país donde también se vive esta tétrica realidad, no cesan en su búsqueda.

Una búsqueda dolorosa, lacerante, movida por sentimientos encontrados que van del anhelo por encontrar a sus seres queridos y darles cristiana sepultura, y el hondo deseo de que no se trate de ellos cada vez que encuentran a uno, porque eso mantiene la llama de la esperanza de que estén vivos.

Las Guerreras Rastreadoras (o madres buscadoras) son uno de esos grupos que en los últimos días se han quejado del poco apoyo institucional que reciben por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado, y a las que me he encontrado en su largo peregrinar por oficinas gubernamentales y legislativas clamando por ayuda.

La Fiscalía por su parte ha puesto a disposición del grupo, su Laboratorio de Inteligencia Científica Forense para la identificación de los restos mediante pruebas de ADN y otras; también ha enviado agentes de la AMIC para que acompañen a las buscadoras en sus tareas.

Este martes, personal de la Fiscalía estará en la Agencia del Ministerio Público en Puerto Peñasco para recibir denuncias de personas que tengan a algún ser querido desaparecido, y que entreguen muestras de ADN que permitan realizar comparativas genéticas con las osamentas localizadas.

II

Una vez concluida la accidentada gira del presidente de la República por las comunidades indígenas de Sonora, no queda sino esperar que la presidencial voluntad se manifieste en hechos concretos para apoyar no sólo a las etnias, sino para cumplir el compromiso de liberar 600 millones de pesos para la presa pilares.

También, que después del estudio respectivo, presidente y legisladores federales volteen a nuestro estado y consideren en el presupuesto 2020 la serie de justificadas solicitudes que desde el gobierno estatal y los municipios se encuentran plasmados en el llamado Proyecto Sonora.

Se trata de un concentrado de propuestas para el desarrollo de los municipios sonorenses en materia de infraestructura hidráulica, educativa y de vivienda, que los propios alcaldes pusieron sobre la mesa de la gobernadora desde hace dos semanas y se espera puedan aprobarse en el Congreso de la Unión.

Para ser francos, la voluntad de los alcaldes es mucha pero la expectativa es poca. Las famosas nuevas reglas de operación de partidas y fondos federales concentran prácticamente todo en la estructura del gobierno federal en los estados, dejando a gobernadores y alcaldes apenas la administración de sus propios y precarios recursos.

La mirada sin duda, estará puesta en los diputados y diputadas federales sonorenses, para ver si se animan a corregirle la plana al presidente y reorientar recursos para su estado, lo cual sería agradecido por sus electores. Ya se verá.

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