El 30 de abril de 2014, autoridades federales (Semarnat, Conagua y Profepa) clausuraron los trabajos del ramal norte, una obra complementaria del acueducto Independencia que rodearía la ciudad desde la presa Abelardo L. Rodríguez hasta el sector norte, donde se proyectaba un complejo industrial de grandes dimensiones.
El motivo fue que no la obra no contaba con el Manifiesto de Impacto Ambiental, ni permisos para colocar la tubería en terrenos federales.
Se recuerda que en aquellos días, el entonces secretario de Gobierno, Roberto Romero López reconoció que efectivamente ni el MIA ni los permisos citados existían, pero no era tan importante porque el 80 por ciento de las obras que se hacían en Sonora por esos tiempos no contaban con ellos.
Vamos a continuar las obras y luego los tramitamos, dijo, palabras más, palabras menos, ese ex funcionario de triste memoria, que resumía así la constante del sexenio padrecista: primero fusilo, luego virigüo.
Han pasado más de seis años y el tema, que parecía haberse empolvado en los archivos surge de nuevo con el anuncio del gobierno municipal de Hermosillo para retomar las obras del ahora llamado Acuaférico.
El anuncio alertó a productores agropecuarios del Valle del Yaqui, que siempre se opusieron al acueducto Independencia y que mantienen litigios sin resolver en tribunales federales. Su preocupación es que con el acuaférico se extraiga un mayor volumen de agua de la presa El Novillo.
La alcaldesa de Hermosillo fue enfática al asegurar que eso no sucedería, pues la fuente de abastecimiento sería la presa El Molinito y no la de El Novillo. Tampoco incrementaría las tarifas porque en los hechos, el agua del El Molinito es mucho más barata que la de El Novillo, que requiere altísimos costos de electricidad y operación para trasladarla a lo largo de unos 136 kilómetros.
El acuaférico es una obra que además, vendrá a resolver problemas de abasto para unos 100 mil habitantes del sector norte de Hermosillo, para un parque industrial que no funciona y para desarrollos inmobiliarios que se han detenido por falta de agua, sostuvo.
Aseguró también que se cuenta con todos los permisos de las autoridades federales para echar a andar esta obra.
Hace ya diez años, el tema del acueducto Independencia polarizó a la sociedad sonorense e inevitablemente condujo la gestión del conflicto por la ruta de la política electoral en una saga trepidante en la que hubo sangre, sudor y lágrimas.
Hoy, el escenario ha cambiado mucho. Varios de los principales actores se encuentran en trincheras políticas distintas; la correlación de fuerzas se ha modificado radicalmente y es posible que el tema no alcance las reverberaciones que tuvo en el pasado, sobre todo considerando que el gobierno federal mantiene una línea de afinidad con los municipales de Cajeme y Hermosillo (Morena), y el gobierno estatal, con ser de un partido distinto (PRI), mantenga una posición si no neutra, sí un tanto distante, sin muchos atisbos de contribuir a los desencuentros.
Hay, sin embargo un par de puntos más que han causado ruido. Por un lado, el financiamiento de la obra, que al ser de origen privado compromete recursos de la paramunicipal Agua de Hermosillo por diez años.
Aquí hay que apuntar que al frente del organismo operador se encuentra Alfredo Gómez Sarabia, un hombre que por su formación académica y profesional entiende mucho de finanzas y proyecciones. No es un improvisado y seguramente arrastró la pluma concienzudamente antes de validar cualquier proyecto, al mismo tiempo que valoraba los impactos de esa obra en el desarrollo de Hermosillo.
El organismo a su cargo no tiene capacidad de endeudamiento, pero sí un flujo de recursos suficientes para sacar adelante los compromisos a lo largo de diez años y pagar los 370 millones de pesos que costará la obra.
Una obra cuya autorización debe pasar antes por el Congreso del Estado.
Inevitablemente y como suele pasar en un país donde un proceso electoral inicia justo en el momento en que termina el anterior, un tema que involucra cientos de millones de pesos, intereses políticos y económicos, y hasta ingredientes de regionalismos ligeramente idiotas, a entró en esa ruta.
La pretendida ingenuidad de quienes disputan la supremacía del hotdog y las coyotas locales, en el fondo alberga una fuerte dosis microracismo, de un chauvinismo que en lo culinario esconde cierto afán de discriminación y desprecio que voluntaria o involuntariamente escala después en lo político.
Así, no es gratuito que el tema del acuaférico haya despertado la disputa norte-sur en Sonora.
Ni el fuego amigo y enemigo contra la alcaldesa Célida López, un par de días después de que descorriera el velo de sus valoraciones sobre la posibilidad de buscar la reelección, algo que quizás no resulte de impacto en el círculo verde, pero puso a temblar al círculo rojo, particularmente a quienes acarician con denuedo la candidatura para 2021, de manera muy especial en su propio partido.
Permítaseme, para cerrar, una breve digresión personal. El crecimiento de Hermosillo obliga a replantear estrategias sustentables para darle viabilidad al municipio más poblado de Sonora, el que mayores exigencias tiene en todos los sentidos.
Pero no estoy de acuerdo, nunca lo he estado, con la ya muy larga tradición centralista de que ese crecimiento sea a costa del olvido de otros municipios, no sólo el de Cajeme, sino el de los otros 70 que deben conformarse con casi nada. De algunos donde falta lo más indispensable: clínicas, pavimento, agua potable, drenaje, empleo. Donde tienen que agradecer una ambulancia, un tinaco, unas despensas.
Ahora sí, vayan por palomitas, escojan su mejor lugar y prepárense para ver un nuevo episodio de la guerra del agua, que tiene otro de sus frentes en la región Guaymas-Empalme.
El gobierno empalmense clausuró las obras de la planta desaladora proyectada para abastecer a ambas comunidades en una primera etapa, y en posteriores, ya que su proyección es modular, abastecería también a Hermosillo.
Con más de 766 millones de pesos de inversión público-privada (51% prvada, 49% subsidio federal) esa planta resolvería problemas de abasto para más de 22º mil habitantes de la región Guaymas-Empalme, donde la normalidad son los tandeos, el madrazo a flor de labio cuando abres la llave y no sale sino un gorjeo de tonalidades que dicen “chinga tu madre”.
La planta desaladora no afecta mantos acuíferos porque extrae el agua de pozos cercanos al mar. Inicialmente estaba proyectada para operar en mayo pasado, pero eso ya no fue.
Tampoco fue el pago de ocho millones de pesos al municipio de Empalme por parte de la empresa española Aqualia, correspondientes al permiso de construcción.
A finales del año pasado, entrevistamos al alcalde de Empalme, Francisco Genesta y nos decía que Aqualia no había pagado ese permiso. Ocho millones, para un municipio como Empalme, son mucho, sobre todo si, como en el resto de los municipios, pasan volando por encima de sus cabezas cientos, miles de millones de pesos para programas asistencialistas.
Ayer se animaron y clausuraron la obra.
Son apenas ocho millones de pesos en disputa. No creo que el presidente les aplique la de Iberdrola. ¿O sí?
II
En Sonora, casi llega al millar el personal sanitario que ha sido contagiado Covid19: médic@s, enfermer@s, camiller@s, administrativ@s…
La cantidad de muertes en esa primera línea de la guerra contra el coronavirus ni siquiera quiero citarla, porque mañana va a crecer. Ellos y ellas han dejado llorando a sus familias, y en la orfandad a niños y niñas, con las dificultades propias de quien debe enfrentar el futuro sin esas manos que antes estaban ahí para acariciar y alentar sus sueños.
Para esos pequeños seres que despidieron a sus padres y madres sin saber que lo harían tan pronto, la gobernadora Claudia Pavlovich comprometió recursos para becar sus estudios hasta el nivel universitario.
“Este es un reconocimiento para ellos porque estoy segura que en donde estén hubieran querido tener garantizada la educación de sus hijas e hijos, así que va por ellos, va en su memoria de esa gente que perdió la vida por estar defendiendo la vida de otros”, dijo.
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