Vacuna, huarache antes de espinarse, toma de distancia, preocupación, flashback ominoso.
Llámele como quiera, pero la CNDH emitió ayer un pronunciamiento a propósito de la militarización de las tareas de seguridad pública decretada en la víspera por el presidente de la República que, como lo planteamos en el despacho de ayer, tiene muchas insuficiencias e imprecisiones en cuanto a la operación y fiscalización de esas tareas; sus alcances y la eventualidad de un rebrote de esa otra pandemia que es la violación a los derechos humanos a manos de militares.
Rosario Piedra Ibarra sabe bien de lo que habla. Ella misma llegó a la presidencia de la CNDH como hermana de una víctima de la ‘guerra sucia’, ese negro episodio del combate a la insurgencia política y guerrillera que dejó una larga y triste historia de torturas, muertes, desapariciones, y en las que el Ejército jugó un papel central.
El pronunciamiento es muy puntual cuando advierte que no se tiene claridad sobre los supuestos en los cuales cabría la actuación de la Fuerza Armada (los términos ‘extraordinaria’, ‘fiscalizada’, ‘subordinada’ y ‘complementaria’ que citábamos ayer y que en el pronunciamiento se describen como “una indefinición jurídica con graves riesgos para el respeto y garantía de los derechos humanos”.
Insiste en que la participación de la Fuerza Armada en la seguridad pública debe ser extraordinaria, de manera que toda intervención resulte excepcional, temporal y restringida, pero el acuerdo no brinda elementos para garantizar dicha condición.
Ante los abusos e impunidad de la Fuerza Armada en el pasado –advierte-, resulta necesario asegurar una estricta fiscalización de su intervención en funciones de seguridad pública, tanto del Congreso de la Unión como por la propia sociedad y órganos autónomos.
En medio del ruidoso espectáculo de maromas para justificar la militarización que viene, la voz de la CNDH es un remanso de congruencia. Es claro que a su titular le pesó más la sangre que la militancia, a diferencia de otros reputados personajes de la 4T que lo dieron todo en el escenario practicando las maromas con mayor grado de dificultad para saltar del rechazo y la condena al aplauso y la reverencia en menos de 2.4 segundos.
Ahora falta ver si a Rosario Piedra no le pavimentan el camino que siguió Pedro Salmerón, que renunció al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, después de aludir a quienes secuestraron y dieron muerte al empresario Eugenio Garza Sada, como “un comando de valientes jóvenes” de la Liga Comunista 23 de Septiembre.
Salmerón y Piedra tienen un origen y una formación político-ideológica en la izquierda dura y por lo visto no van a malbaratarla en muy redituables maromas de incongruencia para seguir tuiteando consignas socialistas, apoltronados en sus puercos nidos de pequeños burgueses, que diría José de Molina, como si hoy viera a los Ackerman, Batres, Citlallis, Gibranes y demás.
Aunque en su carta de renuncia el historiador aludió a presiones de la derecha, de Felipe Calderón y Vicente Fox, así como al sector empresarial, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, de que la principal presión vino de los mandos castrenses.
Ni Calderón, ni Fox ni los empresarios organizados son voces a las que el presidente preste muchos oídos. Con las Fuerzas Armadas es diferente y eso salta a la vista.
Así como los ministros de la SCJN tuvieron un desplante de autonomía y apego al Estado de derecho y las causas de la democracia al darle palo a la Ley Bonilla, así la presidenta de la CNDH, que había permanecido en un muy bajo perfil hasta ayer, hizo lo propio. Por lo menos, para que quede asentado en actas por lo que está por venir.
II
Terrible disyuntiva la de estos días en Sonora y en todo México. La paralización económica por el Covid19 está resultando devastadora y las presiones, tanto locales como internacionales para reactivar la actividad productiva son tremendas.
Pero al mismo tiempo, tremendas son las cifras que ilustran la evolución de la pandemia. La curva de contagios no sólo no se ha aplanado, sino que hemos llegado a esa fase en la que cada diez días se irán duplicando los casos. El escenario es terrible, con 55 muertes y 686 casos positivos.
Ayer y como estaba previsto, Hermosillo le quitó a SLRC la condición de foco de la pandemia al registrar 20 nuevos casos, entre ellos el de una persona que se contagió haciendo cola en un Oxxo para comprar cerveza. Fue su única salida y en ella lo pescó el virus, y a su vez él contagió a otros cuatro compañeros de trabajo.
¿Qué significa? Que el no atender las recomendaciones de quedarse en casa está comenzando a pasar la factura y que aún viene lo peor.
En esas condiciones, reactivar las actividades productivas es poco menos que suicida pero al mismo tiempo, mantener la parálisis no es menos suicida para la economía de empresas y familias.
Terrible, muy terrible disyuntiva.
III
Un pequeño respiro tuvieron los empleados del Sistema Nacional del Empleo, En un oficio girado por la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, ésta agradece la paciencia de los servidores públicos que tienen muy cerca la guillotina y les avisa de gestiones ante la SHCP para cubrir la nómina de los meses de abril y mayo.
Advierte que los subsidios de apoyo para la operación de los servicios de junio a diciembre, dependen de un acuerdo con la misma SHCP.
Como se sabe, la reorientación de recursos para atender la contingencia apunta a la cancelación de esos servicios y ya se ha estado avisando al personal –unos mil 200 en todo el país-, que deberán despedirse de sus trabajos.
El argumento y así lo expone la propia secretaria, es implacable: “las decisiones que se han tomado por parte del gobierno de México son para reforzar el Plan Nacional de Recuperación Económica que permitirá mejorar la situación de 25 millones de familias a través de programas sociales, así como créditos a más de 3 millones de negocios y empresas familiares”, establece.
La parte que no se toca es la relativa al servicio que ofrecían esos mil 200 empleados como gestores y promotores de plazas laborales, mismas que en tiempos de pandemia se han reducido en más de un millón con las personas que han sido despedidas. Personas que tenían en el SNE una oportunidad de encontrar un nuevo trabajo.
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