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Mucho ruido se hizo la semana pasada, luego de que se dieron a conocer los resultados de las cuentas públicas estatal y municipales del ejercicio 2016 donde lo más notable fue la drástica disminución de observaciones.

 

¿Qué fue lo que sucedió? ¿Llegaron al gobierno puros monjes tibetanos, o el ISAF se volvió más complaciente?

 

Esta pregunta se la hice ayer al titular del Instituto Superior de Auditoría Fiscal, Jesús Ramón Moya Grijalva durante un encuentro que sostuvo con columnistas, conductores de radio, televisión y directores de algunos medios de comunicación, en las propias instalaciones del organismo.

 

Hay una explicación para eso, respondió Moya Grijalva con serenidad, esbozando una leve sonrisa.

 

Antes que nada quiero decir que respeto mucho el trabajo que hicieron mis antecesores en este cargo, pero debo decir que hay diferencias en las formas de trabajar. Lo primero que hicimos nosotros fue buscar a los alcaldes y con lo que nos encontramos es que éstos le tenían miedo al ISAF. Y cuando digo miedo, estoy diciendo miedo, subrayó.

 

De acuerdo con los testimonios de los alcaldes y de funcionarios estatales, los auditores del ISAF llegaban a buscar las irregularidades, por más mínimas que fueran y acumularlas como si el volumen de las mismas fuera un sinónimo de eficiencia en el trabajo. Entre más observaciones, se pretendía que eso significara un mayor trabajo, una mayor eficiencia.

 

En los primeros meses desde que asumí el cargo, tuvimos más de 60 reuniones con alcaldes y funcionarios, para ayudarlos a detectar las irregularidades, muchas de ellas menores, y ayudarles también, explicándoles cómo solventarlas. No es que el ISAF se haya vuelto más complaciente, sino que sólo es una forma distinta de trabajar en la que se busca vigilar de cerca y con pulcritud los ejercicios presupuestales, capacitando a los funcionarios públicos para evitar caer en posibles delitos, y solventando con anticipación aquellas acciones susceptibles de observación.

 

Históricamente, los municipios son las entidades que mayor número de observaciones registran, porque en ellos es de lo más común, por ejemplo, disponer de partidas presupuestales destinadas para programas y acciones específicas, y orientar recursos hacia otros rubros, generalmente esto se presenta por las urgencias de sacar adelante el día a día en esas administraciones.

 

Si esos recursos no se reintegran o se reorientan, pueden ser materia de observaciones y eventualmente caer en la tipificación de delitos, particularmente el de desvío de recursos públicos, que en la nueva legislación está considerado como delito grave, que pudieran ameritar sanciones hasta de pena corporal.

 

En esta nueva forma de trabajar, de lo que se trata es de ayudar, capacitar a los funcionarios para que no incurran en acciones eventualmente constitutivas de delitos, lo que se traduce en un manejo más eficiente de las finanzas públicas.

 

No se trata de acumular observaciones a destajo, sino de ayudarlos a que las eviten o las solventen. Eso no significa ser más complacientes, porque debo dejar claro algo: al momento de hacer mi trabajo de fiscalización, no tengo amigos, sentenció Moya Grijalva.

 

Aun así, los 72 municipios tuvieron 2 mil 189 observaciones, de las cuales hay mil 941 sin solventar. El gobierno del estado tiene 162 observaciones sin solventar, y muchas de estas son acumulativas, es decir, son irregularidades que se presentaron desde años atrás y en cada revisión aparecen de nueva cuenta. El Isssteson y su fondo de pensiones es quizás el caso más representativo de este tipo de observaciones.

 

Uno de los asuntos que hizo más ruido con este tema, fue el hecho de que el Poder Legislativo tuvo cero observaciones. Y como Jesús Ramón Moya era hasta hace unos meses el administrador del Congreso, se desataron todo tipo de suspicacias. Sin embargo, y con documentos en la mano, el titular del ISAF demostró que históricamente, este poder del Estado ha tenido el mismo comportamiento, año tras año: cero observaciones en la mayoría de los casos, menos de diez en otros, pero solventadas en el tiempo que marca la ley.

 

Respecto a los monjes tibetanos, famosos por su acrisolada moral y su impecable honestidad, que al parecer llegaron a los gobiernos estatal y municipales en 2015, el funcionario manifestó que tampoco es para tanto, pero sí ha tenido mucho que ver la instrucción de la gobernadora Claudia Pavlovich para conducirse con apego a la ley.

 

Y otro factor importante, destacó, es el trabajo que ha desempeñado el contralor estatal, Miguel Ángel Murillo Aispuro y su equipo, cuyo ojo avizor no deja margen de maniobra para quienes incurran en la tentación de asaltar el erario, al modo de los ‘Huichos Domínguez’ del pasado reciente. Bueno, esto último no lo dijo él, pero yo así lo interpreté.

 

En fin, buena plática con el titular del ISAF en la que sacó a relucir su añeja experiencia en estas lides.

 

II

 

Qué triste, en verdad, si se confirma la especie que comenzó a circular en redes sociales, acerca de la intención de algunos actores políticos para sabotear la ceremonia del Grito de Independencia el próximo 15 de septiembre.

 

Concretamente señalan a Gildardo Real y otros militantes del PAN, como presuntos organizadores de actos violentos utilizando jóvenes de colonias populares (de los peyorativamente denominados ‘fokemones’) durante la ceremonia de esa noche.

 

La especie no tendría asideros en la realidad, si no fuera porque en otras ocasiones ya lo han hecho. Concretamente durante las jornadas de movilización en contra del impuesto a la tenencia vehicular, y en otra ocasión, contra las propias huestes panistas durante la elección interna de la dirigencia estatal, aunque esa vez, los ‘cholos’ apedrearon a las huestes de Gildardo Real y compañía, pero esa es otra historia, porque para entonces ya el PAN estaba bastante confrontado internamente.

 

Ojalá que sólo sea un rumor.

 

III

 

Ayer por la tarde, la Comisión de Selección eligió a Irma Laura Murillo Lozoya como la quinta integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.

 

Ella fue la mejor calificada entre las 15 aspirantes a ocupar ese cargo, que dejó vacante Reyna Elizabeth García Moraga, quien renunció tras haber sido electa, y descubrírsele su militancia en el PRI.

 

Murillo Lozoya fue electa por unanimidad y con calificación de 97.28, y tras este proceso, deberá rendir protesta el próximo lunes.

 

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