Si hay algo peor que la inseguridad, es la impunidad. Y peor aún, la idea de que las leyes protegen más a los delincuentes que a las víctimas.
Los delitos siguen cometiéndose. Las familias siguen debatiéndose en la trágica paradoja de ser ellas las que permanezcan encerradas tras las rejas de sus casas, mientras los malandros se pasean descaradamente por las calles.
Es recurrente la afirmación triste, dramática, de las víctimas de algún robo en sus hogares o negocios, en el sentido de que tengan que agradecer no haber estado presentes, porque lo material se puede reponer, pero la salud y la vida no.
Más aún, si el ciudadano se defiende de una agresión, asalto, invasión a su propiedad, a su intimidad y el delincuente resulta lesionado, es el ciudadano el que está obligado a probar su inocencia, porque así lo establecen las leyes, tal y como están ahora.
Por eso resulta interesante, y seguramente será objeto de polémica, la iniciativa que ayer presentó el dirigente estatal del PRI, Gilberto Gutiérrez Sánchez, y que hizo suya la bancada de su partido, para que la presunción de inocencia aplique a favor del ciudadano que haga uso de la legítima defensa de su vida y su patrimonio.
“Queremos que aquel que en defensa de sus bienes, de su familia, de su persona, haga uso de lo que tiene en la mano para repeler una agresión, también sea presumible su inocencia y no como está estipulado en este momento, donde aquel que se defiende tiene que probar que lo está haciendo en uso de esa causa justificación. No queremos que la presunción de inocencia sea sólo para el victimario y no para la víctima”, explicó el dirigente.
Esta iniciativa viene a sumarse a otras, como la llamada Ley Pano, que plantea la prisión preventiva para presuntos responsables de robo en casa habitación, negocios y de automóviles. O la reciente reforma propuesta por la diputada Flor Ayala para incrementar hasta 20 años de cárcel, la pena para responsables de robo a personas vulnerables y de la tercera edad.
II
Estuvo cargadita la agenda ayer y todos los temas convergieron en uno: seguridad pública y política criminal, esa que consiste en la adecuación de las normas jurídicas ideales, a una realidad viva, con miras a una lucha eficiente contra el delito
Y en el tema salieron a colación no sólo el ladrón del cristalazo y el machete; el narco y el policía, sino el de cuello blanco y corbata que con una mano gobierna y con la otra blanquea capitales, sustrae el recurso público para financiar empresas o de plano saquea las arcas con desparpajo y sin pudor.
De entrada, se llevó a cabo la sesión del Consejo Estatal de Seguridad Pública, una instancia transversal en la que participan todas las instituciones relacionadas con el área, además de organizaciones representativas de la sociedad civil.
La primera en reconocer que aún falta mucho por hacer en materia de seguridad, y que hay asignaturas pendientes como el combate a las adicciones, la violencia intrafamiliar y particularmente contra la mujer, fue la gobernadora Claudia Pavlovich, pero subrayó que se han tenido avances significativos, como quedó de manifiesto en la pasada reunión Sonora-Arizona, donde autoridades norteamericanas reconocieron los trabajos en la materia.
El secretario de Seguridad, Adolfo García Morales, por su parte, dio a conocer un extenso informe del que conviene rescatar un comparativo entre los dos últimos años de la anterior administración y los dos primeros de la actual. Cifras que hay que revisar fríamente, porque dan una idea de lo que se ha avanzado, pero al mismo tiempo revelan con crudeza un contexto social permeado por el delito.
Veamos. Los periodos analizados son el que va del 13 de septiembre de 2009 al 03 de diciembre de 2011, contra el de esas mismas fechas, pero de 2015 a 2017.
El número de personas detenidas subió de mil 031 a 17 mil 624, y detenidas por comisión de delito, de 737 a 4 mil 590.
Las órdenes de aprehensión ejecutadas subieron de 273 a 463.
Personas presentadas por faltas administrativas: de 21 a 12 mil 571.
Armas de fuego aseguradas: de 77 a 651.
Granadas de fragmentación: de 0 a 18.
Vehículos recuperados con reporte de robo: de 376 a mil 740.
Dosis de droga para narcomenudeo: de 64 mil 702 a 621 mil 906.
Toneladas de droga para trasiego: de 0.17 a 68.87.
Plantíos de droga destruidos: de cero a 60.
Las estadísticas tendrán siempre lecturas distintas, pero es obvio que algo está pasando en materia de combate a la delincuencia. Como siempre, el lector tendrá la mejor opinión.
III
A tres días de que un juez federal pudiera validar la inacción de la PGR para apelar la sentencia que concede un amparo al ex gobernador Guillermo Padrés sobre el delito de delincuencia organizada, que le permitiría enfrentar en libertad su proceso en el que es acusado de varios delitos, algunos de ellos considerados no graves, los reclamos se multiplican.
No sólo en redes sociales ha cundido la indignación por esa eventual liberación. La semana pasada, los líderes yaquis Tomás Rojo, Mario Luna y Miguel Ángel Cota Tórtola alzaron la voz, llamando la atención sobre la burla que eso significaría para la justicia mexicana, y sobre todo para la sociedad sonorense.
Los indígenas tienen una doble razón al elevar su protesta, porque ellos fueron acosados, perseguidos y encarcelados con delitos fabricados y expedientes torcidos, cuando participaban de un movimiento social contra el Acueducto Independencia, durante el gobierno padrecista.
Ayer, en el pleno de la Cámara de Diputados federales, Ulises Cristópulos habló fuerte exigiendo al poder judicial de la federación, no permita la liberación de quien dijo, “traicionó a confianza y malversó los recursos de los sonorenses”, escribiendo un capítulo negro en la historia de Sonora, marcado por el saqueo y la corrupción.
“Si la PGR te perdona, los sonorenses no”, concluyó su intervención el legislador.
A estas voces también se sumaron las de los alcaldes de Hermosillo, Caborca, Navojoa y Huatabampo, quienes entrevistados al término de la sesión del Consejo Estatal de Seguridad, externaron su molestia por la eventual liberación y exigieron no sólo la aplicación de la ley para mantenerlo en prisión, sino la reintegración de los recursos que provocaron un daño patrimonial de más de 30 mil millones de pesos a Sonora.
IV
A propósito del tema, este miércoles a las seis de la tarde, el maestro Carlos Moncada Ochoa presentará su libro “¿Y Padrés qué?, en el que hace un recuento de ese sexenio trágico, refrescando algunos pasajes de la historia reciente en la que se involucra a ya famosos personajes de la política y a barandilla. La cita es en el Centro de las Artes de la Universidad de Sonora.
Y como por oferta cultural no paramos, a esa misma hora, pero en la Hacienda Don Ramón, sita en Revolución y Gastón Madrid de la colonia 5 de Mayo, se estará presentando el libro “Beber el olvido”, autoría de tres filosos y bien consolidados escritores: Miguel Ángel Avilés, Carlos Sánchez y Jeff Durango.
La narrativa de estos escritores, poetas y locos garantiza un encuentro con la buena prosa, pero por si fuera poco, los presentadores serán el recién homenajeado maestro Miguel Manríquez, Sol Fontes y Héctor Rodríguez. Así que hay para escoger este miércoles, usted decide a cuál va.
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