Más allá de la ponderación de la vocación guerrera y la sublime recreación de aquella escena en la que los españoles al mando de Diego de Guzmán fueron vencidos en Sonora, no sin antes ser advertidos con el trazo de una línea trazada en la tierra con la punta de un arco, de que serían muertos, no mucho.
Más allá de la romantización de la pobreza y la violencia con que los yaquis fueron sometidos en una guerra de exterminio por parte de Porfirio Díaz, no mucho.
La última vez que me tocó escuchar el largo, pero en verdad largo pliego petitorio que desde el siglo pasado mantienen los yaquis fue el 3 de marzo de 2016.
Se lo leyeron a Roberto Campa Cifrián, entonces subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, en la ramada de Huírivis. El funcionario federal estuvo muy atento a la lectura, pero me daba la impresión y así lo plasmé en la crónica de ese encuentro, de que oía pero no escuchaba. Al modo.
En la memoria se pierden las veces que desde los 90 acudí a cubrir encuentros de los gobernadores yaquis con funcionarios estatales, federales, candidatos de toda laya y con sus homólogos yoris.
La que más recuerdo fue durante la campaña presidencial de 2000, cuando recibieron a Cuauhtémoc Cárdenas. Al mismísimo hijo del General lo tuvieron esperando más de media hora fuera de la ramada, mientras caía un impresionante aguacero.
El cielo todavía se estaba rompiendo cuando dieron la venia para hacerlo tomar un lugar en los troncos que forman un rectángulo donde los jefes de la tribu deliberan y acuerdan con el gobierno yori. Cierto que aquella vez, Cárdenas se confundía con los yoremes en sus gestos impasibles, inexpresivos.
Creo que esa fue la primera vez que escuché el largo listado de irresueltas demandas de la tribu, hasta ese día cuando se la leyeron a Campa Cifrián, que desde luego se comprometió a instalar mesas de negociación temática para atender cada uno de los asuntos allí planteados.
Si los funcionarios y candidatos fueran carpinteros, serían un éxito en eso de la construcción de mesas.
En unos días más, el presidente Andrés Manuel López Obrador estará en territorio yaqui para reunirse con las autoridades tradicionales. Casi estoy viendo repetirse la escena.
Después del protocolo bilingüe, uno de los gobernadores sacará ese documento -que ya deben traer enmicado porque es el mismo a través de los años-, y lo leerá con la misma solemnidad con que lo oye el funcionario yori en turno.
Luego se anunciarán mesas temáticas, se firmarán compromisos y se sacará la chequera de paliativos para los asuntos menores: becas, apoyos a los más vulnerables, clínicas, drenaje, agua potable, programas asistenciales, seguridad pública, cruzada contra el hambre, caminos rurales, proyectos productivos…
Y digo que son temas menores como un eufemismo, pues aunque son graves y urgentes, las demandas históricas de la etnia tiene que ver con el territorio y el agua, temas a los que otros presidentes no le han entrado, o si lo han hecho ha sido para puro chingar al indio.
Como el decreto de Zedillo en 1997 que despojo de más de 40 mil hectáreas a la tribu, en el área conocida como La Cuchilla e Isleta I y II.
Ese es un tema que se empolva en los archivos de tribunales nacionales e internacionales. Igual sucede con el tema de las aguas del Río Yaqui, que por decreto presidencial de 1937 firmado por Lázaro Cárdenas les pertenece en un 50% del caudal que se almacene en la presa La Angostura.
Eso nunca se cumplió, como tampoco se cumplió cuando se construyeron las presas de El Oviachic y El Novillo, que de acuerdo con los investigadores del tema, terminaron por despojar a la etnia del 90% del agua para irrigar sus tierras. (En este punto se puede encontrar una explicación al rentismo, aunque desde luego, no es la única).
Pero todo ha sido un mito desde entonces, lo mismo que los linderos de su territorio y los derechos por paso de servidumbre al tendido eléctrico de la CFE, las vías del ferrocarril, la carretera federal 15 (hay un acuerdo para destinar a los pueblos yaquis el 10% de lo recaudado en la caseta de peaje del libramiento Empalme).
Sucede lo mismo con el oleoducto, el gasoducto y los acueductos y hasta la fibra óptica de Telmex que cruzan la nación yaqui.
Resolver esos asuntos no sólo requiere voluntad política, sino un nuevo abordaje de los litigios en los que el gobierno federal sigue siendo, desde la perspectiva yoreme, juez y parte. Y un replanteamiento de la relación con los poderosos grupos económicos beneficiarios de los despojos y de las obras de infraestructura que llevan progreso para todos lados, menos para los pueblos indígenas.
Por eso será muy interesante ver los resultados del encuentro que sostenga López Obrador con las autoridades tradicionales.
Tiene la opción de ‘desenmicar’ el pliego petitorio y tachar algunos de esos temas fundamentales, o bien, la de mandarlos al infinito y más allá (porque tampoco se trata de pelearse con la neo-mafia del poder) y competir con Campa Cifrián y tantos otros que montaron un taller de carpintería para seguir construyendo mesas que no sirven más que para brindar en torno a ellas por la romantización de la pobreza de los pueblos indígenas.
Ya veremos.
II
Imaginemos que en las próximas semanas, casi un millón de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y no tan jóvenes en Sonora regresaran a sus escuelas, la mayoría de ellos utilizando el transporte público para convivir en espacios cerrados donde toman clases en grupos de 30, 40 o más alumnos.
Con las cifras de la pandemia reportando decenas de muertes y centenares de contagios diariamente, eso sería lo más parecido a una bomba de tiempo que haría volar en pedazos las esperanzas de que algún día salgamos de esta crisis sanitaria y económica.
El padrón de estudiantes en Sonora se aproxima a los 900 mil inscritos en los planteles de todo el estado.
Casi un millón de estudiantes, de los cuales casi 600 mil corresponden al nivel básico: preescolar, primaria y secundaria; el resto son de educación media superior y superior.
Todos ellos tendrían que volver a las aulas al iniciar el nuevo ciclo escolar, pero no podrán hacerlo debido a que la pandemia de Covid19 no cede.
Así como los gobiernos enfrentaron en su momento y a su modo la disyuntiva entre la parálisis económica o la salud de millones de sonorenses, hoy enfrentan a una nueva disyuntiva: o se pone en riesgo la salud de los estudiantes y sus familias, o se posponen indefinidamente las clases presenciales.
La decisión ya fue tomada a partir del análisis junto a rectores de universidades, directores, funcionarios del sistema educativo, docentes y representantes de padres de familia.
La gobernadora Claudia Pavlovich informó ayer que ningún estudiante, de ningún nivel educativo iniciará el ciclo escolar de modo presencial, y lo tendrá que hacer desde las diversas plataformas digitales que comenzaron a operar al final del ciclo pasado.
La prioridad, sin duda es la salud de todos, aunque esto repercuta en el aprovechamiento escolar y en muchos otros ámbitos de la vida cotidiana, en el hogar y en las propias escuelas, señaladamente en las del sector privado, donde ya acusan los efectos de la crisis económica derivada de la pandemia.
Las clases no presenciales ayudan a contener el avance de la pandemia, pero le pegan fuerte a la economía de unos 10 mil maestros y maestras de las escuelas privadas; también a las propias escuelas y a los padres de familia, donde ya se generó un fuerte debate a propósito del cobro de inscripciones y colegiaturas; uniformes, cuotas de mantenimiento, útiles y transporte escolar.
Eso por un lado, por el otro aparece la posibilidad de evidenciar más la brecha tecnológica entre los estudiantes con y sin acceso a internet y a las herramientas y dispositivos para las clases a distancia.
Esperemos que para cuando arranque el ciclo escolar se avance en los acuerdos para definir fechas y protocolos de inicio; en la operación de plataformas tecnológicas accesibles para todos y en aquellos temas que pudiesen obstaculizar el proceso de enseñanza aprendizaje, o deteriorar la economía de los involucrados en el mismo.
También en el reforzamiento de políticas públicas orientadas a la atención psicológica de padres y madres de familia; de los propios jóvenes estudiantes que ya tienen cuatro meses viviendo una dinámica de confinamiento a la que no estaban acostumbrados y que tiene a muchos al borde de una crisis nerviosa.
Eso sin contar con la impotencia y la rabia de otros tantos que han respetado hasta donde humanamente es posible el confinamiento, cuando ven la despreocupación con que otros tantos comienzan a llenar de nuevo las playas y otros destinos turísticos; las plazas comerciales y las calles de pueblos y ciudades, mientras los hospitales se saturan, los contagios y las muertes siguen y el personal hospitalario cae, diezmado por el virus, pero también por el valemadrismo.
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