El paquete económico 2020 será el segundo que se apruebe en la era de la Cuarta Transformación.
El primero fue aprobado el 24 de diciembre de 2018 con 303 votos de los 500 que corresponden al número de diputados en el Congreso federal. Diputados del PAN y PRI abandonaron la sesión antes de que se votara en lo particular.
154 diputados votaron en contra tras la discusión en lo general. Básicamente cuestionaban las reducciones y reasignaciones en rubros que consideraron estratégicos, así como los incrementos a programas asistencialistas cuyas reglas de operación no existían (de hecho, hay algunos que aún carecen de ellas).
El presidente Andrés Manuel López Obrador rindió protesta el 1 de diciembre. Quince días después envió su propuesta de presupuesto de egresos y ley de ingresos. Diez días después, la aplanadora de la coalición lo hizo pasar sin mayores modificaciones.
Un año después el panorama ha cambiado. Alcaldes y gobernadores resintieron en estos meses la escasa disponibilidad de recursos y nomás ven pasar miles de millones de pesos rumbo a los programas de Bienestar y los proyectos estratégicos del presidente.
Programas nobles y necesarios, sostienen, pero con los que no se pavimenta ni se reparan fugas de agua potable y drenaje. Ni se fortalece la seguridad pública y el resto de los servicios que alcaldes y alcaldesas sufren en carne propia en forma de reclamos ciudadanos.
Alcaldes y gobernadores tuvieron un año de gatos negros este 2019, y prevén que el 2020 puede ser peor si no se reconsidera el destino del presupuesto federal.
Pero están como los ratones de la fábula. Todos saben la fórmula para cambiar el estado de cosas: basta con modificar el paquete económico propuesto por el presidente. El único y pequeño problemilla es saber quién lo hace.
No es un asunto menor. Se trata de un problema de gobernabilidad. Si no hay dinero para resolver las demandas más urgentes de los ciudadanos en el ámbito inmediato, donde más lo resienten que es en el plano local, la viabilidad de sus gobiernos tendrá su prueba de fuego en la elección 2021, que sin duda será un referéndum en el que los electores validen o rechacen su trabajo.
El presidente de la República está feliz, feliz, feliz porque en las encuestas conocidas, sus índices de popularidad siguen considerablemente altos, a pesar de eventos como los de Culiacán. Pero no pasa lo mismo con sus alcaldes y legisladores.
Lo que sucedió ayer al diputado federal Javier Lamarque Cano, promotor de una propuesta para incrementar el costo del agua para riego agrícola es emblemático. Productores de Cajeme lo increparon de fea manera y lo hicieron ver en toda su pequeñez.
Las protestas de los agricultores obligaron a senadores como Arturo Bours, Lilly Téllez y Sylvana Beltrones a salir y adelantar su voto en contra cuando tal iniciativa llegue a la Cámara Alta.
Y es que alcaldes y legisladores; gobernadores y diputados locales, especialmente los de Morena y su coalición se están jugando su futuro político. Y en algún sentido, la continuidad de su presencia en la vida pública y la del proyecto lópezobradorista.
El segundo año de los alcaldes será crucial en esta perspectiva, ya que en los municipios es donde se resiente de manera más directa la falta de recursos para el ejercicio de sus gobiernos, y si bien la oposición sigue noqueada por el tsunami morenista de 2018, la imposibilidad de cumplir compromisos de campaña los trae bastante preocupados.
Los días que faltan de aquí a la aprobación del paquete económico 2020 serán intensos y de alguna manera, definitorios para el referéndum 2021.
Por lo pronto, resultará muy interesante ver quiénes de los legisladores federales le pone el cascabel al gato de la reconsideración presupuestal.
Lo otro es prepararse para comenzar a ver las galerías con sus rostros y una leyenda al calce que diga: “Ellos fueron”.
Ya se verá.
II
Cuando se registró lo que algunos consideraron la contingencia ambiental más grave en la historia del estado, con el derrame tóxico sobre los ríos Bacanuchi y Sonora, los pobladores de los ocho pueblos afectados levantaron la voz, se movilizaron, llevaron sus protestas a las más altas tribunas del país.
Esto fue hace cinco años. Grupo México, responsable del derrame tuvo que crear un fideicomiso especial que un par de años después se canceló por diversas razones, algunas de ellas ligadas a sospechas de corrupción y mal uso de esos recursos.
Para febrero de 2017 el Congreso del Estado aprobó la ley que crea la Zona Económica Especial para el Río Sonora explorando una vía paralela a los trabajos de remediación de esa cuenca, para reactivar y detonar la economía de los pueblos afectados.
Ayer, el secretario de Gobierno Miguel Ernesto Pompa presidió la reunión intersecretarial de esa zona. Con alcaldes y legisladores, evaluaron lo realizado hasta hoy, cuando se han invertido 145 millones de pesos en obras de infraestructura urbana y carretera.
En el sector educativo se aplicaron 11.5 mdp en escuelas, transporte escolar y becas para el 100% de los alumnos solicitantes, laboratorio de idiomas y capacitación para el trabajo; se han implementado acciones de vivienda y apoyos para adultos mayores
Con la colaboración del sector privado se han desarrollado proyectos productivos y apoyos a la comercialización de productos locales; en materia de salud, sigue en proceso la ampliación del hospital regional de Ures.
La afectación a los pueblos del Río Sonora sin duda fue grave y quedan aún muchas asignaturas pendientes, por lo que seguirán proyectándose inversiones para los sectores minero, agrícola y pecuario, así como obra pública de infraestructura urbana.
Ayer fue un día triste para Hermosillo. Después de una semana de intensos operativos de búsqueda, apoyados por personal especializado de Ciudad Juárez y Ciudad de México, bomberos de Hermosillo rescataron el cuerpo sin vida de Julio Manuel Rodríguez Castro.
No hubo tregua en toda esa semana, después del desconcierto inicial frente a versiones encontradas respecto a los hechos, en los que llegó a especularse que se trataba de una broma, que el hombre había salido por su propio pie; que no era un adulto, sino un niño, que el único testigo cambió su testimonio varias veces.
Finalmente, ayer los rescatistas apoyados con equipo de alta tecnología encontraron el cadáver, con el natural dolor para la familia, los linchamientos mediáticos, la exigencia de un deslinde de responsabilidades y la declaración de la alcaldesa Célida López en el sentido de que aquellos funcionarios que asuman haber tenido responsabilidad en el fatal accidente, deben presentar su renuncia voluntaria. De cualquier forma, Contraloría Municipal iniciará las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades y establecer sanciones.
El socavón tenía más de dos semanas abierto y los trabajos de reparación no iniciaban; la autoridad sólo rodeó el hoyanco con una muy precaria señalización y lo que siguió ya todos lo sabemos.
No sabemos hasta dónde el largo brazo de la ley alcance a los responsables de estos hechos, ni quiénes serán. Lo cierto es que la tragedia, como suele suceder en estos casos, servirá para tapar el pozo después de ahogado el niño, metáfora que nunca había sido tan descriptiva como esta vez.
Para que las autoridades municipales, y las de todos los niveles de gobierno entiendan que la alegría, la fiesta que precede al triunfo electoral trae, invariablemente consigo, la grave responsabilidad de gobernar, de cumplir leyes, reglamentos y protocolos; de garantizar la seguridad de los ciudadanos. La obligación de administrar una ciudad, un estado, un país, sabiendo que la fatalidad puede emerger de donde menos se lo esperan.
Esto aplica para los actuales gobernantes, y también para los que ya el año que entra estarán dándose con todo dentro de sus partidos para disputar candidaturas a lo que sea, creyendo que el ejercicio de gobierno es sólo el glamour, el pavoneo en las alturas del poder, la selfie que grita a los cuatro vientos: “miren dónde estoy, con quién estoy”.
Hasta que un descuido, una omisión, un dejo de irresponsabilidad o un deliberado acto de corrupción deriva en tragedia.
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