En la segunda vuelta electoral, la oposición a Morena parece haber encontrado la llave, quizás la única, para cerrar la puerta al crecimiento de ese partido y a la eventualidad de que en 2021 se alce con la gubernatura en Sonora.
Debo reconocer que el martes pasado, cuando el diputado del PAN Eduardo Urbina presentó una iniciativa de reforma constitucional para permitir la segunda vuelta en las elecciones de 2021 y subsecuentes, fui uno de los que pensaron que se trataba de una más de las iniciativas que se irían a dormir una larga noche invernal en la ‘congeladora legislativa’.
No es así. Fuentes consultadas en el Congreso del Estado aseguran que la propuesta de Urbina Lucero no es, ni con mucho, una ocurrencia o un disparate. Forma parte de una estrategia nacional que vienen trabajando junto con el PRI en varios estados de la República, señaladamente en aquellos en los que habrá elecciones para renovar gubernaturas, como Sonora, que se encuentra entre los 15 estados que elegirán gobernador en 2021.
Priistas y panistas han descubierto que la segunda vuelta sea quizás la única manera de frenar el avance de Morena en esas entidades, y en el caso de Sonora el asunto está siendo analizado seriamente en Morena, porque no sería la primera vez que su bancada sea ‘minoriteada’ y el resto de los partidos logre la mayoría calificada (22 votos) requeridos para una reforma constitucional.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su dictamen, donde por cierto Morena es minoría. Hay un plazo de diez días para dictaminar y regresarla al pleno para su discusión y en su caso, aprobación.
Si así fuera, esto tendría que suceder a más tardar en junio, ya que cualquier reforma a la legislación electoral debe ser al menos tres meses antes del inicio del proceso electoral, que es en septiembre.
¿Apresurado? Sin duda, pero si en esa apuesta el partido gobernante en Sonora se está jugando su permanencia en Palacio, y ‘sacarle de la bolsa’ a Morena una gubernatura que en estos momentos parece asegurada, no parece descabellado que en los próximos días asistamos a un proceso legislativo a todo tren, como el que se dio a finales de 2018 para fortalecer las facultades del Ejecutivo, ratificar y consolidar a los altos mandos del Poder Judicial y del Legislativo, entre otras cosas.
Las tendencias en estos momentos indican que si las elecciones fueran hoy, la única manera de ganarle a Morena es que se aliaran el resto de los partidos en su contra, lo cual es prácticamente imposible.
Una segunda vuelta permitiría eso que en la primera luce utópico, ya porque Morena tiene sus propios aliados, ya porque la guerra de egos e intereses en otros partidos los han hecho adelantar que irán solos.
Básicamente, la segunda vuelta -o balotaje, como también le llaman-, consiste en repetir la elección en caso de que ninguno de los dos candidatos con mayor cantidad de votos, alcance la mitad más uno de los mismos.
Que la propuesta de segunda vuelta obedece a una estrategia nacional lo prueba lo siguiente:
Tanto la senadora Beatriz Paredes Rangel, como la diputada federal Dulce María Sauri Riancho propusieron en sus respectivas cámaras en enero pasado, sendas iniciativas para reformar la constitución, de manera que el sistema electoral mexicano contemple la segunda vuelta como una opción en caso de que ninguno de los dos candidatos punteros alcance más de la mitad de los votos.
La primera lo propuso para la elección presidencial, la segunda agrega las elecciones para gobernador. Por cierto, en Chihuahua, donde gobierna el PAN, la iniciativa la está impulsando el PRI.
Ahora bien, el camino de la segunda vuelta no luce despejado. Existen muchos temas que son verdaderas lagunas, sobre todo los que se refieren al papel de los órganos electorales, la logística, el financiamiento, el nombramiento o ratificación de los funcionarios de casilla, entre otros que difícilmente podrían desahogarse en tan poco tiempo.
En el terreno político, la experiencia en San Luis Potosí, acaso el único estado cuya legislación contempla el balotaje, indica que la segunda vuelta no es garantía de legitimidad de las autoridades electas. Esto es, se sabe que en promedio, a las urnas acude más o menos la mitad del padrón electoral. En una segunda vuelta el porcentaje se reduce aún más, llegando a ser hasta el 25 por ciento del padrón electoral.
De esa manera, las autoridades electas llegan a sus cargos con una legitimidad precaria, lo que en la práctica, contraviene el espíritu de la propuesta, que ‘en el papel’ busca fortalecer la base social de los gobernantes.
A eso, agréguese que las alianzas al vapor, trabajadas al calor de una coyuntura donde lo ideológico, político y programático pasan a segundo plano para privilegiar el más puro de los pragmatismos, suelen romperse fácilmente generando conflictos y pugnas que resultan letales para un buen ejercicio de gobierno.
Pero de que el tema está caliente, está caliente. Y se pondrá más.
II
Muy buen ‘timing’ el de la gobernadora Claudia Pavlovich al entregar al Congreso del Estado la llamada Ley Olimpia de Sonora para considerar delitos graves el acoso y el hostigamiento, castigar el ciberacoso y proteger a las mujeres que hayan sido víctimas de personas que cometan este delito.
La gobernadora acudió personalmente ante la presidenta del Congreso, Magdalena Uribe Peña para entregar esta iniciativa y solicitar la agilización del proceso legislativo, pues el tema del ciberacoso está provocando mucho daño a mujeres, marcándolas de por vida, robándoles la tranquilidad y dañando su autoestima, deteriorando su calidad de vida.
Esta iniciativa contempla una modificación en los Códigos Penales y Civiles para el Estado, Ley de Responsabilidades Administrativas y Ley de Mujeres para el Estado de Sonora, para que las víctimas del delito de ciberacoso puedan ser protegidas por el estado con medidas cautelares desde su atención en el Ministerio Público y donde se agravan para quienes desplieguen conductas que tengan el propósito de difundir, compartir, amenazar con violencia digital a las mujeres, además donde tengan la posibilidad de solicitar una indemnización por el daño moral que se les cause con motivo de la difusión de imágenes, textos o grabaciones de voz o audiovisuales de contenido erótico, sexual o pornográfico.
Sugiere además que se dote de facultad al Ministerio Público para que, al tener conocimiento del delito de ciberacoso, solicite la interrupción, bloqueo, destrucción o eliminación de imágenes, audios, videos de contenido sexual íntimo de una persona sin su consentimiento, de medios impresos, redes sociales, plataforma digital o cualquier dispositivo o medio tecnológico.
Otro de los propósitos de esta iniciativa es agregar la violencia digital en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ya que actualmente no se encuentra en las leyes que protegen el derecho a la integridad y libre desarrollo de las mujeres.
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