El Zancudo
(No mata, pero hace roncha)
Arturo Soto Munguía
El camino de la sucesión 2021 en Sonora parece sembrado de minas explosivas. Y ese camino, el de la gubernatura, pasa inevitablemente por los municipios.
Serios conflictos de gobernabilidad en algunos municipios, no sólo por la violencia criminal desbordada que ayer dejó una nueva estela de sangre en las calles de Guaymas, Empalme, Hermosillo, San Luis Río Colorado (donde anoche mataron a un policía municipal de 27 años), sino también por un loop de reacomodos en el que la nueva clase gobernante no termina de asentarse en sus responsabilidades ejecutivas y legislativas.
Sin ser el único, Guaymas es el municipio que de mejor manera emblematiza esa incapacidad para asumir que la coyuntura electoral terminó hace más de un año, y las diversas fuerzas que confluyeron en la triunfante coalición encabezada por Morena ya son gobierno y como tal, se deben ahora a otras tareas.
Después de un mes en que la secretaría del Ayuntamiento permaneció prácticamente acéfala tras la renuncia (voluntariamente a fuerzas) de Jazmín Gómez Lizárraga, ayer se aprobó en otra accidentada sesión de cabildo el nombramiento del regidor Manuel Arturo Lomelí en ese cargo, desde el cual se supone deben tejerse los finos hilos de la gobernabilidad política.
Sería ocioso volver sobre la cruenta saga de lamentables hechos de sangre que han sacudido al puerto y que tienen a la alcaldesa Sara Valle despachando desde algún lugar fuera de Palacio Municipal, protegida por militares, amenazada por el crimen organizado que ya asesinó a su contralor y a varios policías municipales.
En serio, no es la intención cargarle la mano a la alcaldesa porteña con quien guardamos afectos desde hace más de dos décadas, pero está repitiendo un gobierno de caricatura que, si no fuera tan trágico, sería tan cómico como el post del diputado Rodolfo Lizárraga pidiendo perdón al pueblo de Guaymas por haberla apoyado en su campaña.
Cierto que Lizárraga no es, ni cercanamente, un ícono de la congruencia y la militancia de izquierda, pero quiere ser alcalde y en esa empresa no va a escatimar esfuerzos por socavar la administración de Sara Valle.
Candidata por el PT, hoy ha roto todas las ligas con otras corrientes al interior de ese partido; Morena, como cabeza de la coalición, simplemente se voltea hacia otro lado cuando se trata de mirar a Guaymas, mientras priistas y panistas simplemente se acomodan en sus palcos para ver la carnicería. Sara está muy sola.
Ni siquiera San Alfonso de Bavispe, que escogió el puerto para hacerse carne y bajar de su celestial cargo para encabezar una cumbre de cruzados por la paz, parece tener voluntad de ayudarle.
De hecho, el secretario de Seguridad federal llegará al puerto con el dilema de pacificar la guerra contra el narco o pacificar a las huestes de la coalición que él mismo juntó para ganar elecciones.
Y Alfonso no pasa por su mejor momento. Después de ser el inobjetable artífice del triunfo electoral de la coalición en Sonora, lo pusieron a bailar con la más fea.
En un reciente estudio demoscópico para medir preferencias rumbo a la elección presidencial, el de Bavispe apareció con un paupérrimo seis por ciento, muy por debajo de personajes tan anodinos como Rocío Nahle y a siglos luz de Marcelo Ebrard.
No es para menos. Mientras otros están resolviendo temas nacionales importantes, no hay día en que a Alfonso Durazo dejen de aparecerle cuerpos colgados en los puentes o descuartizados, fosas clandestinas, cubetazos de sangre que vuelven demasiado resbaloso el camino al 2024.
Sin ser tan graves, estas condiciones se repiten en los principales municipios de Sonora, conquistados sorpresivamente por Morena y sus aliados. Y es allí precisamente, en los municipios, donde la ciudadanía calibra en su propia cotidianidad la eficiencia de sus gobiernos, y a partir de esa evaluación, decide su voto.
Ojo con eso.
II
La sesión de ayer en el Instituto Estatal Electoral tomó un giro inesperado cuando la consejera Claudia Alejandra Ruiz anunció su renuncia tras manifestar su inconformidad con el acuerdo que una mayoría de cuatro consejeros tomaron para resolver la crisis financiera de esa institución, y en el que la medida más draconiana fue el despido de 38 empleados.
De buenísima fe, la propuesta de la consejera renunciante en el sentido de que su salario y lo que le corresponde a la partida para profesionalización que le corresponde (unos cien mil pesos mensuales), se destine a cubrir hasta donde alcance, la nómina de algunos empleados despedidos.
Esa es la parte romántica, pero el asunto está demasiado revuelto en lo político. Voceros institucionales y uno que otro oficioso de Morena y el PAN acusan que todo obedece a una estrategia del gobierno del estado para reorganizar la plantilla laboral a unos meses de que comience el año electoral (que no es 2021, sino 2020 en las tareas del instituto) para intentar rescatar algo de los espacios de poder que les arrebató el tsunami morenista del año pasado, a partir del control del órgano electoral.
Pero ni en Morena ni en el PAN tienen una respuesta clara cuando aparece el nombre de Sergio Gutiérrez Luna, un ex panista y ahora morenista que estaría haciendo el trabajo sucio para el PRI en esta lanzada.
Como tampoco tienen claro qué papel juega Aldo Padilla, presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sonora, cuya esposa, Monia Flores es la coordinadora de Estudios de Cultura Democrática en el instituto y a quienes se les menciona como parte activa en toda esta lamentable tenebra.
Lamentable, decimos, porque si la dinámica en los partidos políticos y en los gobiernos locales es de una confrontación que no permite abocarse a las tareas de gobernabilidad, replicar esa dinámica en el órgano que debería ser garante de la legalidad y la civilidad político-electoral, no permite atisbar buenos presagios en el horizonte de la contienda que viene.
Peor aún: agitar las aguas del caos en el organismo arbitral de las elecciones, podría estar dándole la razón a los promotores de esa iniciativa que ya se está discutiendo en diversos foros nacionales para concentrar las funciones de los OPLES en el INE, desapareciendo las instituciones estatales y municipales.
Y bueno, como consignamos en el despacho anterior, el principal promotor de esa iniciativa es precisamente el señor Gutiérrez Luna.
¿Ven como sí está bien revuelto todo?
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