La Guardia Nacional inició operaciones el 30 de junio del año pasado con 82 mil 747 elementos. De ellos, 51 mil 915 provenían del Ejército, 12 mil 837 de la Marina y 17 mil 995 de la Policía Federal. Sus mandos, todos tienen un origen castrense.
La militarización de la seguridad pública en el país, en realidad, comenzó el mismo día que la Guardia Nacional tomó las calles del país.
El acuerdo presidencial de ayer, sólo dio continuidad al decreto que crea la Guardia Nacional y en cuyo artículo 5 transitorio establece que durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, el presidente podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.
El punto no es, entonces, la calendarización de la estrategia para militarizar las tareas de seguridad pública, sino otros dos, acaso más importantes: por un lado el vacío de información a la hora de precisar a qué se refieren con “de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”.
Esto es algo que nadie ha explicado y sobre lo que privan muchas dudas, especialmente en el tema de la subordinación y complementariedad, pues fuera del presidente, que es el comandante supremo de las fuerzas armadas, los militares no suelen tenerle mucho respeto a otros civiles.
Por otro lado, tampoco queda claro el concepto ‘extraordinaria’, que sugiere la existencia de situaciones excepcionales, pero que al darle vigencia hasta el año 2024 sugiere también que durante el resto del sexenio lo extraordinario será la constante.
Y eso tiene muchas interpretaciones. Una de ellas es que quizás el presidente no esté previendo una escalada del crimen organizado, sino de una sociedad civil acorralada entre la espada del desempleo y la pared de la pobreza.
Una sociedad civil cuya vocación por la pobreza franciscana en la que no hace falta más que un par de zapatos y un cambio de ropa para ser feliz, está a prueba, sobre todo si el presidente vive en un palacio, la dirigente de su partido es ‘totalmente Palacio’, sus ideólogos traen un ‘Cartier’ en su muñeca izquierda, sus hijos no pueden ocultar la prosperidad súbita y Manuel Bartlett, ay, Manuel Bartlett amasa fortunas sin recato.
Agregaría uno más: si desde junio del año pasado, de facto los mandos militares tomaron a su cargo las tareas de seguridad, y si la Guardia Nacional está integrada en un 90 por ciento por militares, la pregunta es obligada: ¿han dado resultados?
La respuesta es no. El crimen organizado no ha bajado un ápice su perfil, sino al contrario, aparece cada día más empoderado.
El ‘culiacanazo’ es el ejemplo que mejor ilustra lo antes dicho. El saludo del presidente a la mamá de El Chapo Guzmán es sugerente.
Como sugerente es el hecho de que el propio presidente, que en los últimos meses ha ampliado su abanico de adversarios en el que hasta hace poco sólo estaba el PRIAN y la prensa conservadora, para integrar a feministas, ingenieros, arquitectos, deportistas, artistas, intelectuales y ahora hasta al gremio médico.
Las únicas veces que el discurso presidencial se ha suavizado es cuando se refiere al crimen organizado, a delincuentes narcotraficantes, secuestradores, extorsionadores, seres humanos que han equivocado el camino y también tienen derechos.
Todo aquel o aquella que se despegue un milímetro de sus dogmas entra en el bando de los enemigos. Lo dijo ayer con todas sus letras: el que no está al 100 por ciento apoyando a la 4T, está del lado de la corrupción.
Una visión así, tan explícitamente en blanco y negro es para preocupar a cualquiera. Incluso, sí, a aquellos que siempre levantaron la voz contra la militarización de la seguridad pública, organizaron marchas y plantones, vigilias y eventos culturales para exigir el regreso de los militares a los cuarteles y ahora ven con asombro lo que está sucediendo.
De los incondicionales en la nómina ni hablar. Esos vienen ensayando la maroma desde el decreto que crea la Guardia Nacional y de cierto se sabe que quizás no les alcancen los cuellos ortopédicos para las desnucadas que vienen.
II
La muerte está acechando en cualquier parte. Invisible, artera, inclemente, ayer se llevó a cuatro personas más en Sonora para sumar 53 en su negra lista.
Y en un solo día, las autoridades de Salud confirmaron 54 nuevos casos para sumar 642, entre los que se encuentra una bebé de 20 días de nacida, a quien contagió su padre, que a su vez fue contagiado en la calle.
En Hermosillo la escalada ha sido terrible. En los últimos días la cifra subió a 190, quedando sólo a cinco casos de alcanzar a San Luis Río Colorado que está a punto de dejar de ser el foco de la pandemia, para cederle ese nada honroso lugar a la capital del estado. Estas dos ciudades concentran más de la mitad del total de casos registrados en todo el estado.
En este contexto es que la gobernadora anunció el plan de reactivación económica que podría iniciar entre el 18 y el 22 de mayo, de manera gradual y extremando medidas de prevención en los centros de trabajo; atendiendo puntualmente las recomendaciones de los científicos que participan en el comité de salud.
La paralización económica provocada por la pandemia ha generado estimaciones que proyectan hasta 60 mil empleos perdidos al terminar la contingencia; los efectos en el sector productivo han sido devastadores y es natural que presionen para volver gradualmente a la normalidad.
Sin embargo, nada sería más devastador que hacerlo sin las debidas precauciones, ya que la evolución de la pandemia indica que estamos en los días de mayor riesgo de contagios.
La gobernadora dejo claro ayer, durante un encuentro con representantes del sector productivo, que la reactivación económica no será un tema de cabildeo, ni de presión política o mediática, sino una decisión técnicamente clara y científicamente pulcra, porque el principal objetivo es salvaguardar la vida de los sonorenses.
Y tiene razón. La economía puede recuperarse, pero las vidas perdidas no.
III
Unánimemente, los 11 magistrados de la SCJN le dieron palo a la ‘Ley Bonilla’ con la que el gobernador de Baja California pretendió extender su mandato de dos a cinco años.
Una ley que por cierto fue aprobada gracias a los votos de los diputados locales panistas en aquella entidad, a quienes dicen, el propio Bonilla cañoneó a billetazos.
La ‘Ley Bonillas’ era insostenible e impresentable. Como dijo el ministro Arturo Zaldívar, era un fraude a la Constitución y un insulto al voto popular. No tenía por qué pasar y no pasó.
Queda siempre la sospecha -porque el sospechosismo es deporte nacional-, sobre lo que hubiera pasado si el gobernador Bonillas, de Morena pero con un pasado muy reciente en el tricolor, no se le hubiera apanterado al presidente cuestionando el abandono en que tiene a esa entidad, y a muchas otras, en el tema del coronavirus, donde suscribió la versión de que el personal hospitalario estaba cayendo como moscas debido a la precariedad de los recursos para enfrentarlo.
Si algo hay de eso, también debería poner sus barbas a remojar el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa y algunos más que han cuestionado las políticas del gobierno federal en el abordaje de la pandemia.
En fin, todavía falta mucho por ver en esta película.
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