Prácticamente el 100 por ciento de los homicidios dolosos están relacionados con el uso de drogas legales e ilegales. Lo mismo pasa con robos, asaltos y violencia intrafamiliar.
La ciudad se ha ido poblando lenta, pero inexorablemente de cuerpos sin alma; son parte del paisaje urbano en barrios y colonias, parques, puentes, casas abandonadas. En los cruceros se disputan el territorio y casi son parte del inventario en las los estacionamientos de las tiendas de conveniencia, a veces serviciales, a veces agresivos.
Pero al descorrer el velo de la precarización de las adicciones, aparece ese otro paisaje de las clases medias y altas atrapadas también en el problema. El número de madres adictas, padres alcohólicos y viceversa; hijos, hijas de todas las edades con ese tipo de problemas, se multiplican y nos llevan al peligroso umbral de la normalización, donde la convivencia con sustancias suele volverse parte de la cotidianidad.
Difícilmente puede encontrarse a una sola familia que esté exenta de esa convivencia con drogas legales e ilegales y por eso el problema es tan difícil de combatir, y se dificulta aún más cuando los gobiernos no han terminado de asumir un abordaje desde la perspectiva de la salud pública, y no sólo desde el enfoque de la seguridad pública.
Esto lo subrayó ayer la alcaldesa de Hermosillo, Célida López Cárdenas, en su discurso tras tomar protesta a los integrantes del Consejo Municipal Contra las Adicciones, una iniciativa que ha trabajado con tesón la directora de Prevención del Delito, la doctora María Isabel Batriz.
La alcaldesa sabe de lo que habla. Ella misma no escapa a la estadística y según reveló allí mismo, ha vivido en carne propia el drama de tener familiares con adicciones.
Quizás por eso hizo suyo el tema desde la campaña y se apoyó en la doctora Batriz, de sobrada experiencia en el tratamiento de pacientes con ese tipo de enfermedad, y ya comenzaron a construir la primera clínica de rehabilitación auspiciado por el gobierno municipal, y desplegaron un amplio programa de concientización en escuelas de todos los niveles, en barrios y colonias.
Es sin duda una tarea titánica que exige un abordaje transversal entre todas las instituciones de gobierno, integrando a organizaciones de la sociedad civil, gremios de profesionales (médicos, sicólogos, siquiatras, sociólogos, etc.), así como los responsables de diversos centros de rehabilitación que operan en la ciudad.
Pero uno de los mayores problemas es la falta de recursos. Ninguno de los tres niveles de gobierno incluyen en sus presupuestos partidas especiales para atacar este problema desde la perspectiva de la salud pública.
Esa es una tarea también de los legisladores. El ayuntamiento de Hermosillo quiere ser el primero en abrir brecha para proponer y gestionar tanto en el Congreso local como el federal para etiquetar recursos orientados a este tema. En el gobierno municipal ya se hizo, pero sus recursos son a todas luces insuficientes para una labor de las dimensiones que ha alcanzado el problema.
La pelota está en la cancha de los legisladores.
II
Y retomando la primera línea de esta entrega, la relación entre consumo de drogas y violencia criminal, así como se está empujando para abordar el problema como asunto de salud, también en el ámbito de la seguridad pública se está cerrando la pinza sobre este asunto que a veces parece salirse de control.
Hermosillo, que hasta hace poco no aparecía entre los municipios más conflictivos en este rubro, está cerrando el mes de agosto con cuarenta asesinatos y contando. La cifra es espeluznante, aunque hace un par de meses, Cajeme registró hasta dos ejecuciones diarias en promedio.
Así, ayer se firmó el Acuerdo por la Legalidad y la Seguridad Pública entre la secretaría estatal del ramo y 63 de los 72 alcaldes de Sonora.
Uno de los programas que ya está en marcha, propuesto por el secretario de Seguridad, David Anaya Cooley, es la integración de un mando estatal debidamente aprobado y certificado en Control de Confianza, Habilidades y Desempeño, a las corporaciones municipales.
Es un primer paso para avanzar en el camino del mando coordinado para los municipios, lo que ya está funcionando en Arivechi, Baviácora, Benjamín Hill, Moctezuma y Rayón.
Entre las acciones a favor del mando coordinando, puntualizó son la profesionalización policial, igualdad en tratamiento laboral y seguridad social, más recursos para investigación y persecución de delitos, más confianza de los ciudadanos en la propia policía y coordinación directa con las instancias estatales y federales.
Al evento asistieron funcionarios estatales y federales, así como mandos militares, y desde luego, alcaldes y alcaldesas de casi todos los municipios, especialmente aquellos donde los índices de criminalidad han golpeado más severamente.
III
Ave de tempestades neoliberales, Carlos Slim Helú apareció ayer junto a otros capitanes de la iniciativa privada, al lado del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Los panegíricos de la Cuarta Transformación hicieron gala de una impresionante condición física y elasticidad a la hora de echar las maromas correspondientes, y no faltaron algunos que sostuvieron a pie juntillas que el señor Slim es un hombre de izquierda y como tal, se suma al proyecto de nación de AMLO.
Los detractores de la Cuarta, por su lado, vaticinaron el fin del “modelo socialista” de Andrés Manuel y su claudicación ante la mafia del poder.
No. Carlos Slim no es un hombre de izquierda, sino un hombre de negocios, y los hace con gobiernos de izquierda y de derecha, pues finalmente el capital no tiene ideología.
En descargo, hay que decir que AMLO tampoco es un hombre de izquierda; al menos, no si se le compara con algunos de sus cercanos, esos sí formados y forjados en la lucha de la clase obrera contra la burguesía y su Estado, reivindicadores de la revolución socialista y la dictadura del proletariado, bajo la premisa de construcción de un Estado revolucionario de obreros y campesinos pobres.
Estos últimos son, por cierto, los que más batallan a la hora de las maromas. Los otros, intelectuales de Staburks, guerrilleros del teclado y el sofá, hombres y mujeres del sistema, apoltronados plácidamente desde hace mucho en sus puercas sillas de pequeño burgueses (para citar a un clásico), esos no batallan mucho. Les basta un cursillo rápido con Attolini.
Lo cierto es que no es ni la primera ni la última vez que AMLO se acerca a los dueños del capital. De hecho, su jefe de oficina presidencial, Alfonso Romo es uno de ellos, y en su consejo asesor empresarial destacan apellidos como Azcárraga, Salinas, Hank, Alemán, entre otros.
Nada de qué asustarse, si se considera que seguimos en el “loop” infinito de un régimen que no acaba de morir y otro que no acaba de nacer, y entre los nonatos se cuelan toda clase de especímenes, como el diputado del PT, Oscar González Yáñez, que con pésimo timing retomó el tema de la regulación de los medios de comunicación, ante la posibilidad de que se conviertan en un instrumento de la derecha en las elecciones venideras.
Pésimo timing, digo, cuando en el primer año de la Cuarta han caído asesinados al menos diez periodistas; cuando el replanteamiento de la relación medios-gobierno ha dejado muertos y heridos en el camino y está atomizando un polo opositor por un lado, y una cauda de aplaudidores (literalmente aplaudidores).
La Secretaría de Gobernación salió al quite y posteó en su cuenta de Twitter un deslinde: “No es intención del gobierno federal limitar en forma alguna la libertad de expresión que se ejerce en los medios de comunicación. Lo expresado por el diputado Oscar González del PT es su posición legislativa”.
Claro, no sería la primera vez que la Cuarta encarne a la Chimoltrufia y como dice una cosa dice otra, pero de que levantan polvareda todos los días, levantan.
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