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Pues se “abroncó” ayer la gobernadora Claudia Pavlovich y anunció que su gobierno va por aquellos que desfalcaron el erario en la pasada administración y si bien no les va a cortar las manos como propuso el ex gobernador de Nuevo León, sí les va a quitar otra cosa que quizá les duela más: los bienes presuntamente adquiridos con recursos públicos para disfrute personal.

Con un agregado: advirtió que en la mira no sólo están los que se fueron, sino los funcionarios actualmente en funciones, que deberán cuidarse mucho, pues el nuevo entramado legal e institucional estimula a los ciudadanos a que denuncien presuntos actos de corrupción y enriquecimiento inexplicable que, de resultar ciertos, le permitirán al denunciante acceder hasta al 20 por ciento del valor catastral o comercial de los bienes recuperados.

Es decir, se transfiere a los ciudadanos el poder de esa denuncia que usualmente se inhibe “para no meterse en problemas”. Ahora no sólo se abren los espacios para denunciar, sino que se fomenta esa práctica, convirtiendo a todo ciudadano en un vigilante cercano del comportamiento de los funcionarios públicos.

Explicando, que es gerundio. Ayer se anunció el inicio de operaciones de la Unidad Especializada de Inteligencia Patrimonial y Financiera, cuyo objetivo central es procurar la justicia y recuperar bienes sustraídos (o adquiridos) ilegalmente por servidores públicos.

En este proceso, juega un papel fundamental el reciente decreto que reconoce la competencia de jueces en materia de extinción de dominio, con lo cual el Estado podrá perseguir bienes adquiridos de manera ilícita con recursos públicos, y se podrá exigir la reparación del daño patrimonial, aplicando la extinción de dominio para que esos bienes regresen al estado.

Durante el evento, celebrado en el Salón Gobernadores, se proyectaron varias láminas con imágenes de ranchos, caballerizas, residencias y terrenos que actualmente se encuentran en litigio y cuyos propietarios usted recordará porque tienen nombres muy conocidos: Guillermo Padrés Elías, Roberto Romero López, Carlos Villalobos Organista, Luis Felipe Romero López, Mónica Paola Robles Manzanedo, Martín López y hasta Ernesto Muñoz Quintal, actual presidente del Tribunal Estatal Electoral, a quien le aseguraron una residencia con valor de 3 millones de pesos, aproximadamente.

Todos esos bienes podrían ser recuperados a través de la extinción de dominio, y utilizarse para reparar el daño patrimonial cometido por los presuntos.

A la fecha, la Fiscalía Estatal Anticorrupción ha asegurado bienes a funcionarios del sexenio pasado, con un valor superior a los 560 millones de pesos, y se estima que en los próximos meses ese monto rebase los mil millones, con nuevos aseguramientos.

Y todo esto, a partir de 497 denuncias, más de la mitad de ellas provenientes de ciudadanos que se han acercado a la fiscalía, cuyas investigaciones han dado como resultado que 7 exsecretarios y 15 exdirectores federales y directores de área se encuentren procesados. Asimismo, se han desarticulado redes de corrupción que operaban en la Secretaría de Educación y Cultura y la Agencia Fiscal.

La nueva Unidad Especializada tendrá al frente a una mujer: Alejandra Santiago Sáenz y será, en palabras de la gobernadora, una válvula de escape para los ciudadanos hartos de la corrupción: “Comparto ese hartazgo y frustración, porque como lo dijimos al entrar a esta administración, nadie va a disfrutar lo que ilegalmente le arrebate al sonorense”, dijo.

Por cierto, esta nueva instancia no tiene un costo adicional, pues operará en instalaciones y con personal que ya laboraba en la Fiscalía.

Mención especial hicieron tanto el fiscal General como el especial Anticorrupción, a los amparos que en todo este tiempo han solicitado los presuntos, y que los jueces les han concedido, obstaculizando la acción de la justicia. Y por cierto, mientras se desarrollaba el evento, trascendió la información que Muñoz Quintal había tramitado un nuevo amparo.

En los próximos meses estaremos viendo los resultados de la nueva unidad especializada, esperando que consiga el objetivo de reparar el daño patrimonial a partir de la recuperación de bienes adquiridos ilícitamente por funcionarios del anterior gobierno.

Y esperamos también que este anuncio tenga efectos disuasivos y persuasivos sobre servidores públicos actualmente en funciones, que tampoco están exentos de caer en la tentación de darle un pellizco, o un zarpazo al erario.

II

La empresa Cabildo, contratada por Televisa Hermosillo dio a conocer ayer su más reciente encuesta sobre preferencias electorales en esta capital, confirmando el liderazgo de Ernesto de Lucas Hopkins con 32.6%, y la sorpresa que sigue siendo la candidata de Morena, Célida López Cárdenas que le sigue con 22.3%, una cifra jamás alcanzada por algún candidato de la izquierda en Hermosillo.

Muy atrás, con 13.1% aparece la candidata del PAN, Myrna Rea y de plano muy rezagado, el candidato de MC, Carlos León con 3.2%. Más atrás aún el candidato independiente, Norberto Barraza, con 2.9%.

El que está resultando toda una sorpresa es el candidato del MAS, partido de nueva creación, José Guadalupe Curiel. Créanme, es una verdadera sorpresa que alguien vaya a votar por él, pero aparece con un 0.5%.

El porcentaje de quienes no respondieron la encuesta es alto, un 25.4%.

Un dato interesante también es el rechazo hacia los candidatos, es decir, la clásica pregunta sobre por quién no votarían, el Pato tiene el nivel más alto con 28.9%, seguido de Myrna Rea con un 17.3%, lo cual también es una sorpresa considerando que ella ha asegurado que llega a esta contienda sin carga negativa, pero es evidente que la marca PAN le sigue pesando mucho.

Célida López aparece con un 13.2% de rechazo y los otros candidatos con porcentajes mínimos, lo cual es comprensible por su escaso nivel de conocimiento entre los hermosillenses.

III

En la mera llaga puso el dedo la candidata de Morena a la diputación federal por el distrito 03, Lorenia Valles Sampedro, al denunciar que hasta hoy han fallado las políticas públicas de prevención de adicciones, lo que se ha traducido en un incremento en la delincuencia y la desintegración familiar. Los gobernantes viven el presente, pero no trabajan para el futuro, soslayando la atención a niños y adolescentes, susceptibles de caer en las garras de la droga, dijo.

La candidata se comprometió a gestionar desde San Lázaro, mayor presupuesto para el deporte, la recreación y la cultura, no pensando en colgarme medallitas, porque no se trata de trabajar para el ahora, sino para esas nuevas generaciones que merecen un mejor Sonora para vivir.

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