Inicio Arturo Soto La otra cara de la amnistía

La otra cara de la amnistía

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Durante los primeros meses de la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en Sonora, tan solo la población penitenciaria de Hermosillo se redujo casi a la mitad.

De aproximadamente 12 mil internos, más de 5 mil abandonaron la prisión. Se trataba de hombres y mujeres que estaban presos por delitos no graves, es decir aquellos que no aparecen en el artículo 19 constitucional que, hasta antes de ser reformado en abril pasado sólo incluía: delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas y delitos violentos cometidos con arma de fuego.

La reciente reforma incluyó el uso de programas gubernamentales con fines electorales, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones, abuso y violencia sexual en agravio de menores, feminicidio, robo a casa habitación, robo a transporte de carga, desaparición forzada, desaparición cometida por particulares y delitos contra la ley de armas de fuego.

Es decir, existe una alta probabilidad de que entre esos más de cinco mil reos liberados en Sonora en ese periodo se encontraran violadores, feminicidas y sobre todo, ladrones y asaltantes.

Especialistas en el tema ubican el crecimiento, en ese periodo, de los casos de “macheteros” que cobraron relevancia nacional durante algunos meses, sobre todo en Hermosillo, hasta que la policía estatal cortó de tajo los casos con castigos ejemplares y públicos. Los “macheteros” comenzaron a caer en las calles de la ciudad, abatidos por las balas de los agentes.

Todos recordamos el bullying del que fueron objeto policías municipales de Navojoa a quienes un joven aparentemente drogado hizo bailar sacando chispas con su machete, hace algún tiempo. Eso generó la orden de disparar cuando los policías consideraran que su vida estaba en peligro. Los resultados fueron demoledores y hubo casos que se podrían equiparar con ejecuciones sumarias. El problema se contuvo de una manera muy poco heterodoxa.

¿A qué viene todo esto?

A que hoy miércoles, en la cámara de diputados federal será presentada la Ley de Amnistía propuesta por el presidente de la Repíublica que, en caso de aprobarse (lo que es muy seguro) habrá de ser replicada en los estados, promoviendo leyes similares a través de la Secretaría de Gobernación y las legislaturas estatales.

La Ley de Amnistía mantendría la prisión preventiva oficiosa para quienes cometan delitos graves, no así para otros. Por ejemplo: consumidores y portadores de drogas, perseguidos políticos, mujeres castigadas por interrumpir su embarazo y personas que por su condición indígena o de clase no haya tenido acceso a una defensa adecuada, o campesinos obligados por su condición a sembrar y cosechar estupefacientes. Uno de los requisitos para la liberación es que no se trate de reincidentes.

La ley tiene, como todo, sus claroscuros. Es un acto de justicia para pobres y marginados, pero existe el riesgo de que en esas liberaciones se vayan algunos con varios meses o años de “entrenamiento” en las prisiones; sin la atención médica y sicológica adecuada y sin un proceso que los prepare para su reinserción social.

Si la nueva ley no tiene los candados adecuados y suficientes, especialmente en lo que se refiere a las políticas de acompañamiento que se supone deben ejercer los patronatos creados para ello, podríamos estar frente a un problema más grande del que se pretende resolver.

Hace días se aprobó en Sonora una iniciativa para obligar al gobierno del estado a entregar en un plazo de 24 horas el estudio de impacto financiero de las iniciativas presentadas al Congreso. El objetivo es conocer la disponibilidad de recursos con que se cuenta para hacerse cargo de los costos que deriven de tales iniciativas.

En el caso de la Ley de Amnistía, este estudio tendría que explicar la inversión pública para generar empleo, educación, terapias y todo el proceso de reinserción social de los liberados, un tema del que no se conoce mucho hasta el momento.

La pregunta es si el gobierno y la sociedad sonorense se encuentran preparados para hacerse cargo lo que representa una nueva liberación, quizás masiva de personas en esas condiciones.

Si el nuevo sistema de justicia penal abrió las puertas de las cárceles a más de cinco mil personas en Sonora, y un número indeterminado de primodelincuentes y reos del fuero común siguen entrando y saliendo por la “puerta giratoria” de este nuevo sistema, contribuyendo de manera significativa a mantener e incrementar los índices delictivos, el asunto podría agravarse.

Ahora bien, se parte de que el derecho a la libertad está por encima de todo, pero si la nueva ley no trae los candados suficientes y adecuados (como revocar la libertad en caso de reincidencia, por citar uno de ellos), el caldo puede salir, para decirlo coloquialmente, más caro que las albóndigas.

II

Todo parece indicar que El Pato de Lucas se levantó muy temprano ayer y se machucó de punta a cabo el despacho de la víspera en el que desde estas líneas advertíamos las dificultades que tendrán los alcaldes de los municipios que concentran más del 85 por ciento de la población en Sonora, frente a las prioridades presupuestales del gobierno federal y la concentración del manejo de esos recursos a partir de las nuevas reglas de operación.

El dirigente estatal del PRI convocó a una rueda de prensa en la que recordó cómo en la campaña electoral los ahora alcaldes y alcaldesas enarbolaron como una de sus ventajas competitivas el hecho de mantener una relación muy cercana con el presidente de la República, pero tal cosa no se manifestó este año, ni parece que vaya a suceder en el siguiente.

En materia de seguridad pública los homicidios dolosos se han incrementado en un 58 por ciento; en infraestructura no han podido resolver temas tan básicos como el de la pavimentación, y en cambio se han retirado recursos del Fondo Minero, de Estancias Infantiles y Comedores Comunitarios.

El asunto se complica para los munícipes sonorenses, ahí sí de todos los partidos, pero sin duda será más notable en los de mayor número de habitantes, pues los criterios para definir prioridades en cuanto al destino de los recursos federales se mantendrán, privilegiando los grandes proyectos de infraestructura en el sur-sureste mexicano, y los programas asistencialistas, pero dejando de lado la obra pública.

Y mejor aquí la dejamos, porque todo eso planteamos ayer en esta columna y luego nos van a acusar de que le estamos tirando línea al Pato.

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