Se fue de lengua ayer la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero al revelar que la federación mantiene un diálogo con grupos de la delincuencia organizada y de autodefensas para que depongan las armas y se incorporen al proceso de pacificación del país.
En sentido estricto, la declaración de la funcionaria federal no debería sorprender tanto, por dos razones:
Aunque sólo se habla del tema por lo bajo, la leyenda urbana y la mitología política documentan desde hace mucho la existencia de pactos, arreglos, negociaciones, acuerdos o como quiera llamársele a esa relación entre la delincuencia organizada y los gobiernos.
Por otro lado, desde la campaña electoral del año pasado, el propio Andrés Manuel López Obrador perfiló eso como parte de la política anticrimen que desarrollaría en su gobierno. Una propuesta que por cierto fue muy criticada, sobre todo por la amnistía que aparecía en uno de sus puntos, pero que de ningún modo era el único.
Antes bien, se trata de una propuesta integral que permita la reconciliación y la aplicación de la justicia en los casos de homicidios, desaparición de personas y crímenes de lesa humanidad, delitos cuya impunidad rebasa hoy el 90 por ciento.
Se incluye la legalización de la siembra de mariguana y amapola para uso lúdico y farmacéutico, respectivamente; abrir procesos de amnistía para encarcelados por siembra, posesión y hasta tráfico de drogas, además del desarme y desmovilización de grupos criminales organizados. En la amnistía no entrarían los jefes de cárteles del narco y bandas huachicoleras, homicidas o secuestradores.
El perdón o la amnistía tendría que pasar también por los deudos de las víctimas y las instituciones y organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos.
La propuesta es disruptiva en el esquema tradicional de combate al crimen desarrollado a lo largo de la historia, pero ha dado resultados en otros países como Guatemala, Perú y señaladamente, Colombia, donde se daba una simbiosis entre el narco, la guerrilla y grupos paramilitares que finalmente firmaron un acuerdo de paz.
Esa simbiosis, aunque también sea un tema del que se hable sólo por lo bajo, se sabe que también existe en México.
Pero a juzgar por el linchamiento que se registró en redes sociales contra la señora Sánchez Cordero, es obvio que tratar públicamente el tema en estos momentos es, por lo menos, políticamente incorrecto.
De hecho, las reacciones obligaron al gobierno federal a implementar un operativo de control de crisis, arguyendo que el video con las declaraciones había sido editado dolosamente, que la funcionaria no se refirió a grupos de la delincuencia organizada, sino de autodefensas, y que el gobierno no tiene ni tendrá diálogo con ningún grupo del crimen organizado.
No es la primera vez que la secretaria de Gobernación cae en contradicciones o vierte declaraciones desafortunadas que rayan en la incorrección política. Olga Sánchez Cordero es, a no dudarlo, una mujer sumamente inteligente y muy preparada, pero quizás las presiones de su grave encargo le estén resultando demasiado pesadas para su edad.
Lo que es un hecho es que el tema ya está puesto sobre la mesa y seguramente en los próximos días estemos asistiendo a una reactivación del debate sobre el mismo.
Y lo que es un hecho también es que en los ocho meses que lleva el nuevo gobierno federal, la actividad del crimen organizado no sólo no ha disminuido, sino que se ha incrementado rebasando todos los índices y encendiendo focos rojos en Ciudad de México, Veracruz, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, entre otros.
Sonora, en palabras del propio López Obrador no se cuenta entre los estados con esos altos índices de criminalidad, pero los sonorenses tenemos claro que en los últimos meses el asunto se ha tornado grave en el corredor Cajeme-Hermosillo, que incluye Bácum, Empalme y Guaymas, donde el baño de sangre ha sido espeluznante.
Ni la presencia de la Guardia Nacional ni la llegada de militares a los mandos de las corporaciones municipales en estas ciudades, ha logrado contener la acción criminal, que en los últimos dos días ha tenido una nueva escalada.
Quizás sea hora de explorar institucionalmente, otras rutas en el camino de la pacificación, sin doble discurso ni triple moral, y descorriendo el velo del tabú sobre situaciones que de cualquier modo, se dan de facto.
Qué difícil, ¿no?
II
Pero como la vida sigue a pesar de todas estas vicisitudes, la que no se duerme en sus laureles es la gobernadora Claudia Pavlovich que ayer casi completó su cuarta vuelta a los 72 municipios de Sonora, tocándole esta vez a Suaqui Grande y San Javier.
Allá entregó becas estudiantiles, obras de pavimentación y acciones de vivienda en la gira 301 que seguramente servirán para documentar su cuarto informe de gobierno que ya está a la vuelta de la esquina y en el que hará un recuento de esas visitas, en las que no ha dejado sentido a un solo municipio, aunque a otros ha llegado hasta en cuatro ocasiones.
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