La violencia de pareja sigue constituyendo un tabú social y cultural, a pesar de ser un fenómeno de gran magnitud en México y un grave problema de salud pública en el mundo. Debido a que el ejercicio de la violencia masculina se sigue considerando como algo “normal”, con frecuencia resulta “invisible” aun para las propias mujeres maltratadas y esto incide en una inadecuada respuesta al problema. Los elementos que contribuyen a esta negación y naturalización de la violencia son múltiples y de diverso orden: personales, de la relación de pareja, y de orden institucional, social y cultural. Lo cierto es que el movimiento feminista cada día cobra mas fuerza y por fortuna, se le pone mas atención aunque aún hay mucho por hacer. El proximo 9 de marzo “Un día sin nosotras” será crucial para este movimiento, pese a los descalificativos que han tenido por parte del presidente.
La investigación acerca de la violencia en contra de la mujer en México es muy reciente. Sus inicios se remontan a principios de la década de los noventa, cuando se realizaron los primeros estudios de prevalencia, sobre todo de violencia de pareja. De entonces a la fecha, la notificación de la prevalencia de violencia de pareja oscila entre 30 y 70%. Las diferencias entre las prevalencias señaladas en estos estudios se pueden explicar por: la utilización de diferentes definiciones conceptuales de la violencia de pareja; el uso de distintos instrumentos para su medición; y el tipo de población y zona geográfica estudiada. Hace poco más de 10 años la violencia se entendía a escala mundial como el quehacer exclusivo de los criminólogos y los aparatos de justicia. Prevenir la violencia era un asunto que competía sólo al oficial de policía, los jueces de la corte y los celadores de las cárceles. Más aún, prevalecía la idea de que la prevención de futuros comportamientos violentos sólo era posible si se encarcelaba y castigaba a los agresores: el miedo a la sanción era la forma de evitar que los potenciales agresores cometieran actos delictivos. Pero pareciera que ese “miedo” a la sanción, en ocasiones se olvida y gana el impulso. Y es que este problema se ha agravado los últimos años hasta convertirse no solo en un problema social y cultural, sino de salud pública. De enero a diciembre de 2019 ocurrieron en México 916 feminicidios, de acuerdo con el reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El estado de Veracruz ocupa el primer lugar nacional con 157 víctimas por este delito; Edo. De México, el segundo con 122; la CDMX, la tercera con 68; Nuevo León, el cuarto lugar y Puebla, el quinto, con 58 feminicidios, respectivamente. Para darnos una idea de la dimensión y la gravedad de estos datos, en 2015 se contabilizaron en nuestro país 411 feminicidios, es decir que el número de víctimas se ha duplicado. En una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2009, el feminicidio quedó definido como el homicidio de mujeres por razones de género y resolvió que el acceso a la justicia para ellas ante actos de este tipo debería seguir los protocolos internacionales de protección a ese sector de la población. Hay evidencias de que las mujeres maltratadas hacen más uso de los servicios de salud, incluyendo consultas de atención primaria y desde luego de los servicios de urgencias, frecuentemente con padecimientos que enmascaran el problema de fondo, de ahí la importancia de identificar al momento de la atención, cualquier tipo de violencia.
La trayectoria de búsqueda de ayuda institucional es parte de lo que se conoce como “ruta crítica”, es decir, el propio proceso de conscientización y búsqueda por parte de la mujer, y los recursos sociales e institucionales con los que pudo contar o no, para dar solución a su problema. Diversos estudios muestran que las víctimas de violencia, no acuden a los servicios de salud para solicitar ayuda de manera inmediata. Suelen evitar hacerse “visibles” en los servicios de atención por vergüenza o desconfianza, y cuando acuden por lesiones o malestares causados por la violencia, constatan que los médicos no identifican de manera inmediata el problema. En contraste, las psicólogas o las trabajadoras sociales que laboran en estos mismos servicios les merecen más confianza, en especial porque muestran un mayor interés o voluntad de ayudar. Por su parte en las oficinas de ministerios públicos, es frecuente que se les pida regresar otro día, y solicitar otra cita. Para entonces puede ser que las lesiones ya no sean visibles, en cuyo caso se envía a la mujer de nuevo a su casa sin ninguna solución. En otras ocasiones, la misma espera hace que la propia mujer “se arrepienta” y abandone el proceso. Mucho por hacer, a pesar de la indiferencia y denostación por parte del gobierno, sin embargo cada día el movimiento feminista cobra mas fuerza. En hora buena.
Dr. César Álvarez Pacheco
cesar_ap@hotmail.com
@cesar_alvarezp
Huatabampo, Sonora.
