La sociedad es un manicomio cuyos guardianes son los funcionarios de policía
August Strindberg
El pasado 20 de junio, el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, acusó a los policías federales de “son fifís y quieren seguir como fifís”, asegurando que en esta cuarta transformación “ya no se hospedarán en el Holiday Inn ni comerán en bufet por cuestiones de austeridad”.
Los policías federales a los que Garduño se refiere fueron asignados al INM y enviados a la frontera sur de México, en atención al nuevo operativo migratorio implementado por la Guardia Nacional, y estos dijeron que a veces duermen a la intemperie o en casas de campaña, e incluso sobre pedazos de cartón o tablones.
El mismo comisionado explicó que los militares duermen en las instalaciones que despliegan, y que en estas también toman sus tres alimentos, y cubren sus necesidades elementales, por lo que instó a los policías federales a acostumbrarse al estilo militar para cumplir con sus asignaciones.
Esta misma Guardia Nacional desplegara en Sonora 1800 efectivos entre policías federales y militares, y se habla de que se establecerán en al menos 19 puntos de operación en todo el estado.
Cuando se anunció lo anterior, no se dijo como bajo que condiciones financieras operara un contingente militar de ese tamaño.
Si es como en la frontera sur, entonces los 1800 elementos tendrán resuelto su hospedaje y alimentación. Pero hay otras asignaturas que, aunque se antojan simples, podrían convertirse en complicadas: lavandería, aseo personal, gastos personales y otras nimiedades que, al paso de los meses, tomaran forma de bola de nieve.
No hay hasta ahora información clara sobre el presupuesto que deberá asignarse al operativo en el que se involucraran 1800 elementos federales, y como congeniaran con fuerzas estatales y municipales. Tampoco se sabe cuánto (si acaso debe hacerlo) aportara el gobierno estatal y los municipales para la operación de la GN en Sonora, ni cuanto presupuesto se le está asignando a Sonora para desplegar de manera conjunta a sus fuerzas estatales en los operativos de seguridad junto a la GN y que empezaran en julio.
Tampoco se sabe, por que la SSP no lo dijo, cuanto se invertirá en fortalecer a las policías estatales y municipales, o si por lo menos recibirán adiestramiento especial para poder operar juntamente a fuerzas policiacas bajo las siglas de la GN.
Solo se sabe que vienen 1800 elementos. El dónde duerman y el cómo coman no se sabe, parece estar resuelto de antemano. Pero preocupa más no saber que tanta importancia le está dando el gobierno de la 4T a las fuerzas estatales y municipales de Sonora. No vaya a ser que el comisionado del INM también les diga fifis, y que deberán acostumbrarse a vivir y trabajar como soldados.
En otro tema, pero no menos importante, la agrupación Antorcha Campesina reclama que una secundaria instalada dentro de una de las colonias que ellos invadieron hace ya muchos años, siga operando pese a que las aulas móviles instaladas para dar clases han sido vandalizadas y los aires acondicionados y el generador de electricidad robados.
Al estar instalada dentro de una invasión, esta escuela tampoco tienen agua, drenaje ni energia electrica.
Una inversión de más de un millón de pesos en esa escuela ha sido prácticamente depositada en el cesto de la basura, ya que la falta de seguridad por la ubicación de la misma impiden la conservación y buen cuidado del inmueble.
Ante eso, el gobierno del estado incluyó a los estudiantes de esa escuela secundaria en la estrategia MOVEER, Movilidad y Vehículos Escolares Rurales, para que a partir del próximo ciclo un transporte escolar los lleve y traiga a diario a una secundaria cercana, que está en la colonia Puerta Real, a solo 4 km de distancia.
El hecho de que esta escuela secundaria, la de la colonia Humberto Gutiérrez, se encuentre asentada en terrenos irregulares, sin saber a ciencia cierta quien es el posesionario de estos, impide que la inversión de recursos públicos sean aplicables, por lo que la SEC decidió darles prioridad a los estudiantes, y trasladarlos a diario a una secundaria pública que ofrece mayores garantías, y no seguirle invirtiendo a un inmueble del que podría ser propietario cualquier persona o agrupación ajena a los tres niveles de gobierno.
Sin embargo y pese a ese esfuerzo, los lideres de Antorcha Campesina, que son los fundadores de esa irregular colonia, exigen que las autoridades educativas no apliquen el programa MOVEER y que, en lugar de eso, se le siga invirtiendo a un plantel en las condiciones que ya se mencionan arriba.
La prioridad en educación son los estudiantes, y la garantía para dárselas en las mejores condiciones está por encima de intereses personales o de grupo. Si Antorcha Campesina reclama una secundaria que ellos mismos administrarán, deberá primero cumplir con toda la reglamentación y donar, según sea el caso y a quien corresponda, el terreno donde después deberán ser invertidos los recursos públicos.
La educacion es primero, si, pero para los estudiantes y no para activistas sociales.
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