De esos días en que uno no sabe por donde empezar; que no se logran determinar prioridades o niveles de importancia de cada tema; que las ideas se agolpan de forma más desordenadas que de costumbre; que el acopio de tips y novedades no anda en su mejor nivel, y que la sesentena por el Covid-19 ya hace estragos en el estado de ánimo.
El daño colateral de balacera entre bandas del narco en Magdalena cobró la vida de un buen amigo, Alfonso Robles Contreras, dos veces alcalde y quien se desempeñaba como regidor en el actual ayuntamiento de ese membrillero municipio, y luego el atentado en Ciudad Obregón, donde resultó muerto el empresario de la comunicación Jorge Armenta Avalos y uno de sus escoltas, agente de la Policía Municipal.
Luego está el sabadazo, el albazo de la secretaría de Energía que limita la inversión privada en el sector eléctrico nacional, para así regresar a la Comisión Federal de Electricidad su ineficiente monopolio con la cancelación de proyectos de inversión de alrededor de siete mil millones de dólares para producir energía solar y eólica y mandar al desempleo a poco más de 70 mil personas, con el agregado de que se ratifica la tendencia del uso de combustóleo, carbón y otros contaminantes para producir electricidad.
Mientras tanto el Covid-19 ha cobrado la vida de cinco mil 45 personas en el país y ya casi llegamos a cincuenta mil contagiados, de acuerdo al subconteo oficial, que en el caso de Sonora estamos por llegar a los mil contagiados y al centenar de defunciones, tragedia que como bien lo dijo Andrés Manuel López Obrador le vino como anillo al dedo, primero para militarizar al país e imponer lo que dice será la Nueva Normalidad, que por sus efectos en la inmensa mayoría de los mexicanos, será Anormalidad.
También en esta nueva anormalidad está el que el Ayuntamiento de Hermosillo haya publicitado la solicitud de la Secretaría de Salud para apresurar espacios en panteones del municipio y así estar en condiciones de recibir a los muertos por la pandemia, lo cuan nos pareció muy macabro, aunque a lo mejor viene a resultar un mensaje fuerte y claro para quienes se mantienen en desacato a las restricciones de movilidad.
Por cierto y a propósito de fosas, está también ese ensayo, como si México estuviera para ensayos estúpidos, dado a conocer por el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde delinea los nuevos lineamientos de la “nueva normalidad económica”, que de atreverse a usarla como anillo, vendrá a ser la síntesis de una amalgama de la tragedia histórica que vivimos los mexicanos, donde ya no se sabe qué cosa es peor: la guerra entre bandas del narco, el Covid-19 o las torpezas, ocurrencias, corruptelas e incompetencias de la 4T.
Frente a la dura realidad que vivimos, resulta repelente esa imagen jovial, sonriente y cínica de un sujeto, que consiguió ser electo presidente de México mediante una estafa al abanderarse como esperanza de este país, pues ahora nos hace pagar las consecuencias al nadie poder desmentir que la desesperanza es lo que permea en el imaginario popular.
Increíble la sarta de incongruencias que se atrevió a leer al dar a conocer esas anormalidades de sus ignorancias en las ciencias de la economía, basadas en que la felicidad de los mexicanos no se debe basar en la certidumbre económica ni en la natural aspiración de mejorar nuestra calidad de vida, sino estar bien con uno mismo con su conciencia y con el prójimo.
Pues mientras daba a conocer ese mamotreto, se intensificaban los efectos del decreto que deja colgadas de la brocha a una docena de empresas inversoras de tecnologías para la generación de energías limpias y que en los últimos años han trabajado a través de contratos con la CFE, que como se sabe, el costo de generación de sus plantas es en promedio 141.21 dólares Megawatt-Hora, mientras que el costo de la generación de esas empresas privadas es de solo 20.57 dólares.
Al amparo de la legislación derivada de la Reforma Energética, empresas como Atco, Canadian Solar, Cubico Sustainable Investments y Northland Power, Iberdrola y Naturgy, de España, AES y Sempra, de Estados Unidos; Enel, de Italia; Engie, de Francia, y Vestas, de Dinamarca, han invertido en el sector de energía de México y ahora sus millonarias inversiones quedaron sin efecto.
Y en Sonora pega muy duro ese irracional albazo de doña Rocío Nahle, con grandes inversiones en proceso en diversas regiones del estado y de cuyos efectos a lo mejor nos informa en estos días el secretario de Economía, Jorge Vidal Ahumada, ya que múltiples versiones indican que al menos dos mil empleos se perderán, sin contar lo que se pierda porque Sonora dejará de ser ese polo de atracción para el desarrollo de proyectos para generar energías limpias.
Lo de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, lo de la cervecera en Mexicali y ahora esto, solo ratifica el nulo respeto de López Obrador a la inversión extranjera y que de nueva cuenta habrá que pagar altos costos porque esas empresas e inversores no se quedarán con los brazos cruzados y seguramente emprenderán reclamos en cortes internacionales para revertir ese decreto que viola diversos tratados que tiene México con Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea.
En fin, por todos lados nos atosiga la incertidumbre con un gobierno federal anormal que en el caso de la inseguridad pública, ya ven lo ocurrido en Magdalena, donde a pesar de tratarse de un enfrentamiento entre bandas del crimen organizado, utilizar armas cuyo uso es exclusivo del ejército y ocurrir sobre una carretera federal, fue la policía estatal la que asumió las tareas para proteger a la ciudadanía y ya un par de días después aparecer quienes debieron estar desde el principio.
Por cierto, bastó que este reportero hiciera la anterior observación en redes sociales, para que chalanes de la diputada federal Wendy Briseño Zuloaga desplegaran hilarante troleo encabezados por un atrabiliario sujeto que se hace pasar como periodista y cuya principal ocupación es lavarle la ropa interior a la monotemática legisladora federal, quien como se sabe, también es factor de conflictos al interior de MORENA e incluso ha tomado la ruta de la confrontación abierta en contra de la alcaldesa de Hermosillo, Célida López Cárdenas.
En todo este contexto de broncas e incertidumbres, es bueno saber que de todos los 33 órganos de fiscalización del país, incluida la Auditoría Superior de la Federación, el Instituto Superior de Auditoría y de Fiscalización del Estado de Sonora, es el único que lleva a cabo procesos de revisión y de auditorías especiales derivado de la pandemia por el Covid-19 y sus consecuencias económicas.
A más de dos meses del inicio de la pandemia, y pese a crecientes controversias sobre el manejo de los recursos públicos vinculados con la crisis sanitaria y sus consecuencias socio- económicas, sorprende que ningún órgano legislativo del país haya solicitado el inicio de auditorías especiales, y que sólo el órgano de fiscalización de Sonora, lo haya hecho a petición de la gobernadora Claudia Pavlovich.
Encabezado por el Auditor Mayor del ISAF, Jesús Ramón Moya Grijalva, profesionales de la contaduría pública realiza auditorías especiales en “tiempo real” a Servicios de Salud de Sonora, a la Secretaría de Desarrollo Social, a la Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora (FIDESON) y al Centro de Atención para el Desarrollo Integral de la Familia de Hermosillo (DIF), lo cual abona a la transparencia y a la honestidad como siempre se ha conducido la mandataria estatal.
En una pandemia, la fiscalización del gasto público, y especialmente la fiscalización en tiempo real es una actividad esencial para asegurar que los suministros lleguen a los hospitales, se evite la compra de bienes y servicios con sobreprecios o se desvíen recursos públicos escasos con fines político-electorales, y lo que se hace en Sonora es reconocido por Transparencia Mexicana luego de realizar tareas de seguimiento y evaluación, junto a Tojil, organización civil mexicana especializada en el análisis y definición de estrategias contra la impunidad.
En la evaluación realizada, se señala que resulta alarmante que 26 entidades federativas y el Gobierno Federal continúen siendo omisos en transparentar en un solo micrositio las contrataciones en el marco de la emergencia, por lo que se hace una invitación a que los gobiernos publiquen esta información de manera urgente incluyendo datos esenciales como los montos, bienes o servicios contratados, así como la razón social y RFC del proveedor, así como lo hace el gobierno de Sonora con la verificación consecuente del ISAF.
Y el administrador de la aduana de San Luis Río Colorado, Emilio Alejandro Aguirre Ruiz, sigue dando de que hablar por su atrabiliaria conducta que no sólo agrede físicamente y acosa a su exesposa e hijos, sino que ahora arremete a golpes contra un funcionario de esa dependencia federal a quien a punta de jodazos obligó a firmar su renuncia a esa chamba.
Anda rematado ese “destacado” militante de MORENA, sin que nadie se atreva a ponerle un alto, a pesar de que la víctima del energúmeno, Bruno Vladimir Morales Cruz, interpuso la denuncia correspondiente y es objeto de amenazas.
