Si bien ratificó que el petismo sonorense respalda con todo el proyecto de nación que propone Andrés Manuel López Obrador, el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la legislatura estatal, Rodolfo Lizárraga Arellano, rechaza y pinta su raya ante torpezas y los que calificó como actos ilegales, de la bancada de MORENA y la presidente de la directiva, Rosa María Mancha.
Incluso, consideró totalmente viable la reinstalación de los 16 funcionarios despedidos de forma irregular entes de que se instalara la actual 62 Legislatura, toda vez la ilegalidad del acto atribuido al entonces presidente de la Diputación Permanente, Rafael Buelna Clark, quien como se sabe, ya aclaró que él no despidió a nadie y amenaza con demandar penalmente a quien o quienes lo embarcaron en dicha ilegalidad, que tiene paralizada la administración del Congreso del Estado.
Al respecto y en función de lo adelantado más tarde por la coordinadora del Grupo Parlamentario de MORENA, Ernestina Castro Valenzuela, habrá qué ver si en la reunión de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política de este mismo jueves, se ponen de acuerdo y aceptan la definitividad de un resolutivo judicial con el que se pretende legalizar los despidos ilegales en mención.
Ernestina Castro Valenzuela
Al menos así fue alardeado por voceros morenistas urgidos en que les tiren con una parte del pastel en disputa, prevaleciendo en todo caso la urgencia por que independientemente a los recovecos jurídicos, se logren acuerdos políticos que resuelvan el ya prolongado atorón.
Por lo pronto, en conferencia de prensa, Lizárraga Arellano cuestionó con dureza el monotemismo que afecta el trabajo de la invocada CRICP, donde la representación de MORENA a través de la coordinadora Castro Valenzuela, en las tres reuniones celebradas prácticamente se ha obstinado en forzar un acuerdo que concrete el despido de los funcionarios y/o nombrar encargados de despacho mientras se designa titulares definitivos.
Acompañado de sus compañeros de bancada Magdalena Uribe Peña, Norberto Ortega, Orlando Salido y Miguel Angel Chaira, así como de sus asesores jurídicos, entre ellos el afamado Miguel Angel Haro, consideró que la salida óptima a la crisis es la reinstalación dada la ilegalidad de sus despidos, toda vez que no se atendió el mandato respecto a que la única instancia facultada para ello es el Tribunal de Justicia Administrativa, a solicitud de las dos terceras partes de la legislatura.
Subrayó además que el juicio de amparo y su solicitud por parte de los afectados se debió a la obvia ilegalidad en su contra y que dicho recurso, negado u otorgado es insubsistente porque un juzgado no es la autoridad competente para resolver o no la permanencia de los servidores públicos.
Estuvo categórico el diputado coordinador de la bancada del PT en la conferencia de prensa, durante la cual cuestionó lo que calificó como actos unilaterales, autoritarios y sin tomar en cuenta a los distintos grupos parlamentarios, por parte de la presidente de la Cámara que concluye funciones el domingo próximo, así como el ejercicio de atribuciones de quienes se dicen militantes de MORENA y que llegaron al grado de violentar accesos a oficinas administrativas del Congreso del Estado.
Ana Gabriela Guevara
Descartó que su posición represente una fractura en la alianza entre el PT, MORENA y el PES, sino que simplemente se trata de estar de lado de la legalidad y si ese compromiso los suma a otros grupos como el PRI, PAN, Panal y demás, no significa que no apoyen a la propuesta de cambio de nación del presidente electo.
Aseguró que en ese pintado de raya ante los dislates perpetrados por MORENA al arranque de la actual legislatura, cuentan con el total respaldo de la Comisionada Nacional de ese partido en Sonora, Ana Gabriela Guevara, quien está enterada del conflicto y atenta a una pronta solución.
Lamentó que la monotemática en las reuniones de la CRICP tenga en suspenso y sin acuerdos la integración de las comisiones de trabajo y como consecuencia, sigan detenidos los trámites que ameritan distintas propuestas ya realizadas por diputadas y diputados, entre otros pendientes sin resolver por las obsesiones morenistas por prenderse a la chuleta presupuestal de la Cámara.
Miren, de acuerdo a la ley, tienen hasta el 15 de octubre la integrar las citadas comisiones, pero de acuerdo a la historia legislativa de la entidad, dicho trámite se ha concretado en la primera quincena de arranque, incluso en los tiempos más conflictivos recientes.
Así el ambiente por rumbos del Congreso del Estado en donde este jueves hubo sesión sin que desde nuestro punto de vista haya algo digno de escribir a casa, salvándose la propuesta del ya mentado diputado Lizárraga, de reformar la Ley de Agua del Estado, para que se aplique tarifa doméstica de agua para microempresas, con el agregado hecho por el diputado del PRI, Armando Alcalá para que se integren a ese beneficio templos religiosos y organizaciones civiles, y se exceptúe a las que cuyo rubro empresarial sea el uso del vital líquido como materia prima.
Armando Alcalá
Por lo demás, entre todo el personal del Congreso, el esforzado gremio secretarial, talachos y de servicios, de apoyo técnico y entre todas y todas pues, priva la incertidumbre al ser testigos de lo que se alardea como la cuarta transformación que protagonizan principalmente diputadas y diputados, que con su fauna de acompañamiento, se esfuerzan como si se tratara una nueva clase patronal.
Ya comienzan a surgir reacciones de una raza nada dejada, por lo que no se extrañe una pronta reacción de la delegación sindical del SUTSPES, como respuesta al trato agresivo, abusivo y patronal de esos mesías del proletariado, destacando que al menos frente a cada vez más frecuentes hechos, la bancada del PES haya procurado una reunión con todo el personal este jueves, para dejar en claro su absoluto respeto por sus derechos laborales y a su dignidad como trabajadores.
La buena noticia en ese atascadero morenista, es que por tratarse de transferencias de banco a sus tarjetas, el personal de la cámara recibió puntualmente su mesquitón a sus tarjetas de débito, aunque ya comienzan a escasear materiales diversos para el ejercicio de sus tareas, con el agregado de que la señora presidenta Mancha, les decomisó hasta la papelería para sacar copias, no se diga sellos, papel membretado, entre otros materiales cuya falta frustra el trabajo de todos.
No tenemos la menor idea sobre cómo terminará este culebrón, pero por lo pronto quedan para el anecdotario las torpezas, falta de oficio, ambiciones desbocadas e ínfulas patronales y autoritarias de esa masa amorfa de nalgas prontas que se dicen asesores de diputados y diputadas de MORENA, que tomaron como su guarida a la sede legislativa del estado y cuyas andanzas son relatadas por el rumbo por quienes en los diversos relevos cada tres años, nunca les había tocado presenciar tal atascadero.
Adolfo Salazar Razo
Les llama la atención el que en los últimos días haya desaparecido de ese entorno Adolfo Salazar Razo, quien se había convertido en ajonjolí de todos los moles con toda su prepotencia en su trato incluso ante diputados de MORENA, pero que al parecer optó por un bajo perfil luego de cometer actos vandálicos en las instalaciones del Congreso.
Por cierto, curadas sus declaraciones al respecto, cuando primero alega ser ajeno a dichos actos videograbados y negar dar instrucciones para violentar cerraduras y luego asegura que él sólo obedeció órdenes de la presidenta de la directiva.
Y muchas cosas más deberán verse en ese merequetengue, en donde por cierto toma parte Reynaldo Millán, mejor conocido como “El Diablo” en el bajo mundo del PRD pero que ahora dice ser asesor político de la bancada del PT y que como tan se la pasó despotricando contra Lizárraga Arellano mientras éste pintaba su raya en la ya comentada conferencia de prensa.
Y en asuntos más delicados, inquietante la denuncia pública del prestigiado periodista Arturo Soto Munguía, a quien un sujeto de torvos antecedentes le envió amenazas contra su integridad física porque no le gustó el abordaje zancudero sobre los diversos causales que derivaron en una fugaz participación como funcionario de la administración municipal de Célida López Cárdenas en Hermosillo.
Se trata de Alejandro Moreno Esquer, quien como se sabe salió como tapón de sidra de la titularidad de Inspección y Vigilancia, caso que por su pronto despido, fue tratado en sus diversas vertientes por el periodista, a quien a través de compañeros de oficio no identificados, le mandó sus amenazas.
Alejandro Moreno Esquer
Moreno Esquer es hijo de Jaime Moreno Berry, exdueño del PT en Sonora y quien nos dicen, sin importar dicha paternidad, lo expulsó de ese partido para luego ser parte de la rebaba que se sumó a MORENA en el pasado proceso electoral, al amparo de la ahora alcaldesa.
No tenemos la menor idea de porqué fue despedido de forma tan prematura de la administración municipal, pero lo que si estamos totalmente seguros es que “El Chapo” no tuvo ninguna culpa, pero como eso poco importa a trogloditas, hace bien nuestro amigo hacer públicas dichas amenazas, con la recomendación de que tome las previsiones del caso, y no dudamos que tendrá el total apoyo de todo el gremio y sobre todo, el nuestro.
