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Prevención, la clave

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Si en algo se ha avanzado en estos tiempos, son las tecnologías para pronosticar eventualidades climáticas y lo que no hace ni tanto se traducía en contingencias inesperadas, ahora se pueden establecer previsiones con varios días de antelación, tanto para proteger bienes como para salvar vidas.

También las políticas públicas de prevención han dado un salto cualitativo y cuya operación y resultados son medibles proporcionalmente a la inversa a las tragedias y número de víctimas de eventos causados por la naturaleza o por el hombre o sea, por eso que pudo pasar si no se hubieran tomado medidas preventivas.

El pronóstico de instancias públicas y privadas sobre intensas lluvias sobre gran parte del territorio sonorense, derivó en la recomendación de la Unidad Estatal de Protección Civil para que la Secretaría de Educación y Cultura suspendiera clases en 33 municipios con el fin de evitar riesgos para alrededor de 200 mil estudiantes.

Esa medida de prevención resulta elemental dada la precariedad de la infraestructura urbana, que como se sabe, no tiene la capacidad para soportar precipitaciones pluviales de regular envergadura y si bien tales decisiones generan críticas por “puristas de la academia”, más duras fueran si no hubieran sido tomadas en caso de presentarse alguna desgracia.

Víctor Guerrero

Solo el ruinoso estado de las vialidades de las grandes ciudades de la entidad obliga a ser muy cautelosos en caso de lluvias y encharcamientos y qué bien se evite que la niñez estudiosa sonorense y sus padres transitar por ellas, sin contar los estropicios que una abundante lluvia pudiera provocar en escuelas, apagones, árboles caídos y así.

De plano no entendemos la arrogancia y temeridad de quienes cuestionan la recomendación del titular de la UEPC, Alberto Flores Chong y la atención que a ésta le puso el secretario de Educación y Cultura, Víctor Guerrero González y que para colmo, haya quienes pretendan priorizar el desarrollo académico, magnificando los efectos por la pérdida de un día o dos de clases, sobre la seguridad e integridad física y la salud de comunidades escolares.

Ningunear medidas de prevención y cuestionar la certeza de los pronósticos meteorológicos, tiene temporadas de moda entre los sonorenses y lo más curioso es que esos críticos de la prevención e incrédulos, se sostienen en su estrecho círculo de vida y por ello son incapaces de visualizar los riesgos que enfrentan los habitantes de municipios rurales y de comunidades escolares que tienen que recorrer variadas distancias para acudir a las aulas.

Si las instancias de gobierno no pueden ni deben renunciar a la prevención y al tutelaje de la seguridad de la gente hasta en caso de eventos accidentales o inesperados, con más razón no deben renunciar ante anuncios sobre riesgos meteorológicos, porque si así lo hicieran sería una irresponsabilidad, y tratándose de nuestros niños y jóvenes, nadie debería escatimar esfuerzos para su seguridad.

Alberto Flores Chong

Pues eso es lo que se hace en Sonora: no se escatiman esfuerzos para la seguridad de esa población escolar que de no suspenderse clases, hubieran tenido que circular por anegadas y destrozadas calles y vialidades o por carreteras inseguras y a punto del colapso.

Tampoco cuenta remontarse al pasado cuando no se tenía la tecnología para prevenir fenómenos meteorológicos y tampoco había políticas públicas para prevenir sus efectos o sea, antes como antes, ahora como ahora, ya que como se sabe, el nuevo marco jurídico prevé sanciones hasta penales por omisiones de esa naturaleza que cometan servidores públicos.

Bajo dicha perspectiva, desde temprano la gobernadora Claudia Pavlovich encabezó kilométrica sesión del Comité de Operación de Emergencias, en donde acompañada del Secretario de Gobierno, Miguel Ernesto Robles Pompa; el titular de Seguridad Pública, David Anaya Cooley, el ya mentado Flores Chong y representantes de la milicia, dio puntual seguimiento a la contingencia, teniendo comunicación permanente con autoridades de los distintos municipios afectados por el temporal.

De destacarse la participación de autoridades municipales y de la PESP en tareas de auxilio ciudadanos afectados por las fuertes corrientes y sectores inundados principalmente en Bahía Kino, Poblado Miguel Alemán y carreteras de la Costa de Hermosillo y de la sierra baja de Sonora, así como la atención brindada a ciudadanos en los distintos albergues, así como a ciudadanos en tránsito varados por cortes y daños en carreteras causados por crecidas de arroyos.

El Río San Miguel a su paso por San Pedro

Y para quienes se pitorrearon de los pronósticos meteorológicos y de la suspensión de clases, ahí están las imágenes de los grandes volúmenes que arrastró por varias horas el Río San Miguel que cortó la circulación y comunicación entre diversas comunidades, cuyos efectos se hubieran triplicado de no haberse quedado los niños en sus casas.

En fin, curioso el caso de quienes esporádicamente se rasgan las vestiduras por la falta de prevención en la tragedia en la Guardería ABC, ahora sean tan cáusticos y renieguen por las medidas adoptadas para proteger a alrededor de 200 mil infantes y jóvenes sonorenses frente a los riesgos de un peligro debidamente anunciado, primero pretendiendo desacreditar el pronóstico y luego cuestionando la suspensión de clases.

Como bien se dice, ningún chile les embona.

A propósito de prevención, este miércoles compareció ante la 62 Legislatura de Sonora la Fiscal General de Justicia del Estado, Claudia Indira Contreras, quien el rato que estuvimos escuchándola y en sus respuestas a cuestionamientos, se ratifica lo acertado de su selección como titular de ese organismo autónomo por parte de la representación popular sonorense.

Claudia Indira Contreras comparece ante la 62 Legislatura estatal

Bien la destacada profesional de las leyes en su diálogo con diputadas y diputados, destacando que como siempre no faltan quienes no acaban de aprender y por eso salen con verdaderas estupideces, unos productos de la ignorancia de sus asesores y otros por sus ansias reivindicatorias luego de haber sido parte de la catástrofe del gobierno panista.

De origen percibimos viciada la convocatoria a partir de la concepción de que la señora fiscal es la responsable de la prevención del delito, lo cual sólo es cierto cuando se refiere al combate a la impunidad, ya que las casi 100 sentencias condenatorias en su responsabilidad de procuración de justicia, por supuesto que es un disuasivo importante en la prevención.

No la prevención del delito corresponde primero a autoridades municipales, a la Policía Estatal de Seguridad Pública y a la Guardia Nacional, correspondiéndole a la fiscalía la investigación de actos delictivos; recabar pruebas y presentar ante el sistema judicial carpetas de investigación sólidas que deriven en sentencias condenatorias.

De hecho, la fiscalía sonorense ocupa el primer lugar nacional en dicho rubro y tenemos la plena seguridad que en sus nueve meses de gestión, doña Claudia presenta un mejor saldo de resultados que los más de 12 meses de gestión de los integrantes de la presente legislatura en su conjunto.

Luis Armando Alcalá

En el caso de la bancada de MORENA, nuestra sugerencia sería que sus asesores elaboren las tarjetas que les tocará leer, luego de escuchar los que diga quien comparece y así se evitarán papelitos como el de la diputada Griselda Soto y que además, antes de nada estudien para entender sobre facultades y atribuciones de quien tienen enfrente

Y este consejo también va para el coordinador del PES, Jesús Alonso Montes Piña, aunque en su caso más bien fue por su intención de aparecer crítico, porque él sabe muy bien que no corresponde a la fiscalía decidir sobre la implementación de la Alerta por Violencia de Género y mucho menos implementar estrategias para evitar agresiones armadas en contra de elementos policiacos.

En todo caso, bien Montes Piña al coincidir con el priista Luis Armando Alcalá en que la tarea que le corresponde al legislativo para coadyuvar en las tareas de la fiscalía, es proveer de recursos presupuestales para mejorar tecnologías de investigación y contratar y capacitar a más profesionales para hacer más eficiente la judicialización de delitos, así como mejorar el marco jurídico para un mejor ejercicio de la procuración de justicia.