Bajo fuerte presión desde distintos frentes, las instancias de gobierno de este país tienden a tomar decisiones para reanudar la actividad económica en el corto plazo, que incluso con las estrictas reglas sanitaria previstas, podría considerarse temerario si no se prioriza la salud y la vida.
En diversos países y regiones del mundo donde se ha considerado que la pandemia por el Covid-19 ha sido domada y está bajo control, el reactivar la operación de empresas y eliminar restricciones de movilidad social, ha resultado en alarmantes rebrotes de contagios y muertes, circunstancia que debe obligar a la cautela frente a los riesgos que dicha apertura representa.
Por supuesto que urge volver al trabajo, a la producción, a la prestación de servicios y a la dinámica que genera el intercambio comercial y de dinero, pero también está esa urgencia que tiene que ver con la necesidad de mantener solvente el sistema de salud, que al menos en el caso de Sonora, ha respondido al reto, pero que en otras partes del país está por colapsar.
Desde su púlpito en Palacio Nacional al menos ya el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que está abierto a la reconsideración de los plazos para lo que dice es un “regreso a la nueva normalidad”, en el marco de su plan que se supone dará a conocer este miércoles durante su homilía mañanera, mientras que en los Estados se diseñan otros en función de las particularidades regionales que registra la pandemia.
En Sonora la gobernadora Claudia Pavlovich trabaja a marchas forzadas en la elaboración de un plan de reactivación económica que equilibre la reapertura de la operación de empresas consideradas hasta ahora como no esenciales, con el principal objetivo de salvaguardar la vida de las y los sonorenses, en coordinación con la representación empresarial de la entidad y con la participación un grupo de científicos, biomatemáticos, investigadores y economistas de instituciones de educación superior y de investigación de la entidad.
Entendemos que de lo que se trata es que el buen trabajo realizado hasta ahora por el sector salud de la entidad y la solidaridad de amplios sectores sociales que se han sumado al quédate en casa, no vaya ser echado a perder por decisiones apresuradas y producto de presiones en las que nada tienen que ver la vida y la buena salud de la gente.
Y así lo subrayó la mandataria: “Será el mismo equipo técnico quienes determinarán, por su nivel de riesgo y su aportación a la generación de empleo, quiénes habrán de iniciar. No será un tema de cabildeo, ni de presión política o mediática, si los biomatemáticos nos dicen que sólo una cantidad de trabajadores pueden ser activados en ambientes controlados, lo haremos pensando en que el riesgo sea el menor y que el impacto en la economía sea el mayor posible”, aseveró.
Hay al menos tres fuertes condicionamientos para que en el curso de las próximas semanas se reactive de forma gradual la economía estatal, a través de las 116 mil unidades económicas de la entidad: la primera es que al menos se cumpla el 75 por ciento de la inmovilidad social; que las empresas en reapertura cumplan con estrictos protocolos sanitarios para proteger a su personal, y por supuesto, que la pandemia no pegue un trágico ramalazo en muertes y contagios.
Quien debe estar más acongojado por los riesgos de una reactivación apresurada, es el titular de salud, Enrique Clausen Iberri, quien ha encabezado una excepcional coordinación operativa interinstitucional para mitigar la expansión de la pandemia y mantener a Sonora en niveles manejables, hasta ahora, la crisis sanitaria, tocándoles a Jorge Vidal Ahumada, titular de Economía; a Luis Núñez Noriega, comisionado de Turismo, y Ricardo Martínez Terrazas, de SIDUR, detener el cerco ante un sector empresarial evidentemente afectado por casi dos meses de suspensión de operaciones.
El caso es que en México y en Sonora debemos aprovechar la ventaja de disponer las experiencias de otros países en los cuales transitó la pandemia antes que acá y utilizar dicha información para no incurrir errores evitables como podría apresurar la reactivación económica y con ella, generar condiciones de riesgo que serían más costosos en términos económicos y de vidas.
Hay otro tipo de presiones para dejar sin efecto restricciones de movilidad y medidas elementales de protección, como las que decidieron alrededor de una veintena de ayuntamientos a través de toques de queda nocturnos y la instalación de filtros de seguridad en accesos a comunidades con el fin de evitar que visitantes foráneos llevaran el contagio, medidas que por lo pronto resultaron en saldos blancos y libres del virus a dichos municipios.
A ver qué ocurre en dichas comunidades cuando ahora en la etapa más expansiva de la pandemia en Sonora, la Comisión Estatal de Derechos Humanos dejar sin efecto dichas medidas, invocando derechos constitucionales y en función de una queja de un ciudadano de Nacozari porque la alcaldesa María Juana Romero coartaba su derecho de libre tránsito.
Tales restricciones se aplicaron durante la segunda quincena de marzo también en los municipios de Soyopa, Moctezuma, Nácori Chico, Bacoachi, Ures, Naco, Sahuaripa, Santa Ana, Baviácora, Aconchi, San Felipe de Jesús, Huépac, Banámichi, Arizpe, Ónavas, Suaqui Grande, San Javier, Yécora, La Colorada, Ímuris y Caborca y a todos incluye el resolutivo firmado por el titular de la CEDH, Pedro Gabriel González, quien Dios guarde la hora, no vaya después estar atendiendo quejas masivas de personas porque los saturados servicios de salud no pueden atenderlas.
Las medidas “anticonstitucionales” quedaron sin efecto a través de un proceso de conciliación y de mediación entre las autoridades y ciudadanos, se establece en el comunicado oficial, en el que también se incluye el exhorto para que los ayuntamientos sigan promoviendo las medidas de aislamiento social o sea, lo que estaban haciendo, aunque ahora su cumplimiento será voluntario.
Por lo demás, vaya la crisis de incongruencia que se vive por rumbos de la 47, principales damnificados por la histórica tomadura de pelo que fueron objeto por López Obrador, quien un día sí y el otro también, tiene que recular y hacer todo lo contrario a sus enfermizos dogmas y prédicas con las que sedujo y engañó a alrededor de 30 millones de mexicanos que en mala hora votaron para conseguir una investidura que a la luz de su gestión no merecía.
Para sus vocingleros propagandistas, la ejecución de maromas se ha convertido en un deporte extremo, en el marco de un drama que los lleva a justificar decisiones por las que recientemente despotricaron, como es el caso de la militarización exacerbada para combatir la inseguridad pública y el evidente fracaso de políticas públicas deschavetadas que sólo agudizaron dicha problemática.
Luego de la aparente independencia y autonomía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso de la “Ley Bonilla”, habrá qué ver su actuación ante la segura interposición de recursos en contra del decreto militarizador del señor López, luego que no hace ni tanto declaró inconstitucional la Ley de Seguridad Interior, que como se sabe, se quedaba corta en materia de autoritarismo frente a lo decidido este lunes.
Miren, el lunes pasado fue ese decreto presidencial que acaba de sacar y formaliza la intervención del ejército y la marina en dicho combate cuando hasta antes de la 4T era todo lo contrario y este martes, está esa cachetada con guante blanco de la Fundación Televisa, del más rancio abolengo del neoliberalismo mexicano, que sin embargo pone a disposición de las instancias de gobierno los CRIT del país para que sean reconvertidos en centros hospitalarios con el fin de atender a contagiados por el Covid-19.
Qué cara dura la del presidente al olvidarse de todas sus infamias en contra de esa figura, que con el respaldo financiero de gobiernos estatales y de la federación, atiende a personas afectadas con alguna discapacidad, cuando al menos debió ofrecer una disculpa pública por sus insultos del reciente pasado.
Todo indica que es inagotable la capacidad de López Obrador para decir pendejadas, ya que producto de su sobreexposición mediática y progresiva incontinencia verbal, incurre en excesos declarativos, ya que qué caso tenía invocar a Ernesto “El Che” Guevara o a Salvador Allende para decirse admirador de profesionales de la medicina, cuando un par de días antes cubrió de vituperios a los que despliegan dicho ejercicio en México.
