Se equivocan quienes aseguran que el gobierno de la cuarta transformación negocia en lo oscurito con capos de bandas del narcotráfico, como presunta vía para que depongan las armas. No, dicha negociación se realiza en la mas o menos penumbra, al conocerse las gestiones que al respecto realiza la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y su subsecretario, Ricardo Peralta Saucedo.
Al respecto, obvia la fallida intentona del mismo presidente Andrés Manuel López Obrador por cubrir de mayor opacidad dichos esfuerzos, mediante desarticulados desmentidos que sólo confirman que Sánchez Cordero sí dijo lo que se niega que dijo y que Peralta Saucedo sí hizo lo que se niega que hizo y que luce como seguro, que lo seguirá haciendo.
Qué no entenderá López Obrador, frente a la rigurosa textualidad de las declaraciones de la Secretaria de Gobernación, que reza como sigue: “Estamos dialogando ahorita con muchos grupos y están, de verdad, nos han manifestado ya que no quieren seguir en esta violencia, que ellos quieren deponer las armas y quieren caminar hacia la paz; son varios grupos de diversos estados de la república, en los cuales ellos quieren caminar hacia la pacificación del país, porque ya no quieren más violencia.
Y remata: “Estos grupos que, al final del día, han estado cometiendo homicidios unos contra otros, ya no quieren más muertes; no quieren ya estar en esta situación que en este momento se encuentran”.
O qué no entenderá el presidente frente al abundante material gráfico e información oficial relativa a eventos donde Peralta Saucedo fraterniza con grupos de las llamadas autodefensas en Michoacán y que son parte de la disputa a balazos de comunidades y regiones de ese estado y que son considerados como grupos armados de alto contenido delicuencial.
Y el evento de referencia, se llevó a cabo en la Huacana, ahí donde hace algunos días una partida de militares fue despojada de sus armas y vehículos, vejada, ultrajada y maltratada por esas autodefensas, destacando en el evento, la presencia de José Manuel Mireles, exlíder de las llamadas autodefensas y ahora subdelegado del ISSSTE en Michoacán y quien como se recordará, pasó varios meses encarcelado en prisión federal en Hermosillo.
Ya sabrán como anda de mal pelo el gobernador Silvano Aureoles, quien se aventó lapidarias declaraciones por esa interacción entre grupos armados y el gobierno federal, considerando que con tal estrategia se premia a delincuentes que actúan al margen de la ley, al igual que lo hacen narcotraficantes, con el agregado de que entre unos y otros hay muy pocas o ninguna diferencia.
En sus inconexas declaraciones mañaneras, López Obrador se escuchó titubeante al abordar tanto el caso de Sánchez Cordero como de Peralta Saucedo y la verdad que lució patético al pretender ocultar lo inocultable, si se toma en cuenta además que tales negociaciones fueron compromisos de campaña, sin que tengamos idea porque ahora pretende negar que le haya entrado a ese torito.
Pues salieron regañados y la verdad es que luego del zipizape causado por su indiscreción, balconeada y posterior maltratada que le dio su jefe, si Sánchez Cordero tuviera dignidad hubiera renunciado a su cargo, al igual que Peralta Saucedo, quien dicho sea de paso, hace unos días estuvo en Sonora para reunirse con liderazgos de la tribu yaqui, sin que tengamos idea del trato que le dio a la minoría que se opone al paso del gasoducto a la altura de Loma de Bácum y que han sido responsables de varios hechos de violencia.
Pues si es un hecho la negociación entre la federación y grupos criminales, lo mejor sería que tal trámite fuera transparente, porque de otra forma o sea en lo oscurito, se presta a la sospecha de que lo que realmente se negocia es el cambio de estafeta e identidad de quienes reciben los moches, tal como se dice que siempre ocurre.
También tenemos la duda respecto a que ocurrirá u ocurre en los Estados, ya que pudiera inferirse que quien deba encargarse de tal negociación debería ser el máximo representante de la cuarta transformación en la entidad o sea el super delegado Jorge Taddei Bringas, en función de los arreglos que se logren a nivel central.
En fin, así lo decidió la mayoría de votantes en la pasada elección y con esos burros habrá que arrear, aunque en todo ese merequetengue de la incompetencia, al menos el feliz presidente que tenemos, por fin aseguró que en el desmadre que trae ya no buscará culpar a administraciones pasadas y es de esperarse que también asumiera el compromiso de ya no recurrir a “otros datos” para tratar de desmentir la cada vez más dramática realidad de los mexicanos.
Interesante el enfoque de profesional de la abogacía respecto al nombramiento de altos mandos militares como comisarios de seguridad pública en los ayuntamientos de Hermosillo, Guaymas, Empalme, Cajeme y Navojoa, y los que se hagan para Nogales, San Luis Río Colorado, Caborca, Puerto Peñasco y Agua Prieta, los cuales para nada violentan el espíritu del artículo 115 constitucional, toda vez que fueron a solicitud de las autoridades municipales y avalados por los cabildos.
Cierto y como bien dice la gobernadora Claudia Pavlovich, si ni el gobierno del Estado puede imponer decisiones sobre perfiles adecuados para hacerse cargo de la seguridad pública en Municipios, mucho menos podría hacerlo el gobierno federal.
Ese asunto sale al cuento por la aparente resistencia de al menos dos munícipes para cumplir los acuerdos de Guaymas, lo cual mueve a la sospecha que contrario a la presunta solicitud, se trató de una imposición del titular de seguridad pública, Alfonso Durazo y por eso los retobos.
Esperamos que al paso de los días el agua retome su nivel en Cajeme y Navojoa, en donde no se ha cumplimentado todavía ese acuerdo y sobre todo, que sea para bien la implementación de dicha estrategia, que por lo pronto no deja ver cambios positivos y como muestra están las seis muertes violentas registradas solo en Hermosillo en 24 horas, con todo y que al frente de alrededor de mil 200 policías y tránsito, está el general de División en Retiro, Gilberto Landeros Briseño.
Por lo demás, ya quedó definido el calendario escolar 2019-2020, el cual inicia el próximo lunes 26 y concluye el seis de junio del año próximo, con un total de 190 días hábiles para estudiantes de educación básica de planteles del sector público y del privado.
Fue la subsecretaria de Educación Básica, Patricia Calles Villegas, la que dio a conocer la disposición nacional que emitió la Secretaría de Educación Pública, que incluye la suspensión de labores por días festivos el 16 de septiembre, aniversario del inicio de la Independencia de México; 18 de noviembre, en conmemoración del 20 de noviembre, aniversario del inicio de la Revolución Mexicana.
Además, 25 de diciembre, 1 de enero; 3 de febrero, en conmemoración del 5 de febrero, aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 16 de marzo, en conmemoración del 21 de marzo, aniversario del Natalicio de Don Benito Juárez; 1 de mayo, Día del Trabajo; 5 de mayo, aniversario de la Batalla de Puebla y el 15 de mayo se ha programado como día inhábil, por celebración del Día del Maestro.
Además de fijarse los horarios matutinos y vespertinos para los distintos niveles, de la misma forma se establece que el periodo vacacional de invierno iniciará el lunes 23 de diciembre de 2019 para retomar las clases el lunes 8 de enero de 2020, mientras que el de primavera, mejor conocido como Semana Santa, comenzará el lunes 6 de abril con regreso a clases el lunes 20 del mismo mes.
Además, de acuerdo al calendario escolar se contemplan reuniones de Consejo Técnico Escolar los días 4 de octubre, 15 de noviembre y 20 de diciembre de 2019, además el 31 de enero, 13 de marzo, 4 de mayo, 5 de junio y 7 de julio de 2020.
