Salvo la sinrazón que la engendra, nada es más ominoso que la desaparición de un periodista por el ejercicio de su profesión. “Desaparecido”. La sola palabra tiene un sonido macabro y suele despertar los miedos que creíamos olvidados entre viejas historias de terror que nadie recuerda con nostalgia, porque remiten a un tiempo de salvajes cavernarios.
Para que nadie olvide cómo fue ese pasado, para ahuyentar la tentación de volver a él, los periodistas hemos documentado puntualmente y hasta donde las condiciones lo han permitido, esos horrores: cada caso de tortura, cada desaparición, cada asesinato, cada atentado contra las libertades, los derechos y las garantías constitucionales a través de los años.
Para que nadie olvide, los periodistas seguimos aquí, hoy, documentando cada caso de tortura, de desaparición, de asesinato, cada atentado contra la libertad y el derecho, esos dos compañeros de viaje que nos acompañan desde el primer día de vida. Para documentar la historia, para que no se olvide, para eso servimos los periodistas.
Estamos aquí para escribir la historia y no cometer los mismos errores, como el de creer que desapareciendo a un periodista, desaparece la realidad que éste relata.
Hoy por ejemplo estamos aquí para que no se olvide que en Sonora hay un periodista desaparecido; para que no se olvide que las autoridades tienen la obligación de encontrarlo, ya que no tuvieron la voluntad de protegerlo.
Las anteriores líneas son fragmentos de un texto leído frente a la Procuraduría General de Justicia de Estado el 7 de abril de 2005, y difundido como desplegado con la firma de más de 150 colegas sonorenses, en la exigencia de justicia por el caso del reportero Alfredo Jiménez Mota, cuyo destino, por cierto, sigue siendo un misterio.
Nada ha cambiado desde entonces. Peor aún, las agresiones a periodistas han ido en aumento en todo el país.
Ayer, la periodista Miroslava Breach Velducea fue asesinada de ocho balazos cuando se encontraba a bordo de su auto, acompañada de su hijo a quien se disponía a llevar a la escuela. Ella era corresponsal del diario La Jornada; colaboraba con el periódico El Norte de Chihuahua y fue directora editorial de El Norte de Ciudad Juárez.
Hoy es un número más en la estadística siniestra de periodistas asesinados, como Ricardo Monlui Cabrera, de Veracruz, y Cecilio Pineda, de Guerrero, por citar los casos más recientes. Como los 106 casos más que la organización Artículo 19 ha documentado de 2012 a la fecha, y como el resto de una lista aún más grande si la mirada se lanza más atrás. El 99.7 de esos asesinatos permanecen impunes, según las cifras de esa misma organización.
La muerte de Miroslava Breach, como en los otros casos, ha desatado una ola de condenas en México y en el extranjero; una suma de exigencias de justicia que probablemente corran la misma suerte, es decir, quedar en el polvo de los archivos.
Esos crímenes se han cometido lo mismo bajo gobiernos federales del PRI y del PAN; estatales y municipales de cualquier signo partidista. Nadie tiene la voz completa en ese sentido; todos han probado su incapacidad para garantizar el ejercicio periodístico y en algunos casos más lamentables, han sido parte del acotamiento de las libertades o peor aún, se presumen complicidades o al menos permisividad, con grupos criminales que generalmente están detrás de quienes jalan del gatillo.
Esa es la triste realidad del México de hoy. Lamentable que, en materia de garantías al ejercicio periodístico, nada ha cambiado, salvo para empeorar.
II
Y a propósito de crímenes, ayer se cumplieron 23 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial del PRI en 1994, un suceso sobre el que han corrido ríos de tinta explicando, justificando, acusando, absolviendo; buscando sin éxito dar credibilidad a la teoría del asesino solitario.
De nuevo los homenajes, los discursos, las remembranzas, las citas, las anécdotas del malogrado candidato que ya no tuvo tiempo de probar si era de verdad su voluntad reformadora, aunque hay quien sostiene que tan era de verdad, que por eso lo mataron.
Lo cierto es que Colosio sigue siendo, especialmente para los priistas y señaladamente los de Sonora, una referencia imprescindible y una razón de ser para mantener sus tesis programáticas y reivindicar lo que consideran su legado.
Ayer hubo conmemoraciones luctuosas por todo el país; en Ciudad de México estuvo el dirigente estatal del PRI, Gilberto Gutiérrez Sánchez; en Hermosillo el encargado de las palabras recordatorias fue el secretario de Educación y Cultura, Ernesto de Lucas Hopkins y en Magdalena, acompañando a la familia de Luis Donaldo, estuvo la gobernadora Claudia Pavlovich, ambos por cierto, Ernesto y Claudia, paisanos del ex candidato presidencial.
“Como magdalenense, como sonorense y que lo admiraba y lo admiro tanto y como Gobernadora, lo único que puedo hacer es seguir sus principios, tenemos que trabajar unidos en las fortalezas y cerrar esa brecha de desigualdad entre los ciudadanos; el siempre pugnó porque se hiciera cada vez más pequeña”, expresó la gobernadora.
III
Donde al parecer las cosas sí están cambiando, y a propósito de hambre y sed de justicia, es precisamente en ese rubro.
Relevante la aprobación ayer, en el Congreso del Estado, de reformas que dotan de autonomía a la Procuraduría General de Justicia, a partir de hoy denominada Fiscalía General, que ya no dependerá del Poder Ejecutivo, sino que tendrá personalidad jurídica y patrimonio propio, y de ella dependerá la Fiscalía Especial Anticorrupción y la Especializada en Materia de Delitos Electorales.
Estas reformas estuvieron fundadas en reiterados reclamos a través de los años, en el sentido de que la Procuraduría era eventualmente utilizada por los gobiernos en turno para llevar a la barandilla los ajustes de cuentas políticos con opositores o para tender un manto de impunidad cuando se trataba de proteger a servidores públicos en funciones o cercanos al régimen.
Esas prácticas tienen un larguísimo historial, pero se convirtieron en el eje central de las políticas públicas en materia de procuración de justicia durante el sexenio pasado.
Falta, desde luego, que lo aprobado ayer por los diputados y plasmado en papel como mandato de ley, se lleve a la práctica y se traduzca en el funcionamiento más eficaz y eficiente del aparato de justicia, un tema en el que aún quedan muchísimas asignaturas pendientes con las que el ciudadano más común que corriente tiene que lidiar cotidianamente.
Y ya que andamos con temas relacionados con la justicia, ayer en Los Cabos BCS, fue aprobada por unanimidad una propuesta del secretario de Seguridad Adolfo García Morales, para la creación de la Unidad Especializada en Técnicas Periciales con énfasis en la resolución de robo a casa habitación.
Como todo mundo sabe, y desgraciadamente en buena medida por experiencia propia (me cuento entre ellos), el robo a casa habitación es una pandemia en Hermosillo y casi todas las ciudades del estado, y el camino de la procuración de justicia en estos casos es un verdadero viacrucis.
Pues bien, la propuesta que será llevada a la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública por el propio secretario del Sistema Nacional, Álvaro Vizcaíno tiene como fin incrementar el personal policiaco estatal y municipal especializado en procesar el lugar de los hechos, lo que vendría a atender un reclamo ciudadano en el sentido de que vale más perder lo que les han robado, que perder el tiempo en los procedimientos legales para la denuncia y la espera de justicia.
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