El gobierno federal y el Grupo México ya dieron por concluido el tema de la contaminación por tóxicos mineros del Río Sonora, pero diversos investigadores insisten en que urge la remediación porque en diversos estudios se registran niveles de metales por encima de lo permitido para el desarrollo de las poblaciones de peces y se pone en riesgo la salud de los habitantes ribereños.
Según información publicada en Expreso, el investigador de El Colegio de Sonora, Rolando Díaz Caravantes, en breve presentará un estudio que será publicado en una revista científica internacional, donde señala que en todos los puntos del Río Sonora, desde Bacanuchi hasta el Molino de Camou, se encontraron niveles de aluminio y fierro por encima de los permitidos en la Ley Federal de Derechos de Agua.
En la investigación de Díaz Caravantes se destaca que el exceso de aluminio en el agua del Río Sonora a los peces les causa problemas en las branquias, lo que al final les puede provocar la muerte.
Por desgracia, advierte el investigador en su denuncia pública, las normas mexicanas para regular el nivel de metales permitidos para conservar la vida acuática, señalan que si se superan los límites de aluminio y fierro, solo se impone una multa a las empresas o personas que produjeron la contaminación.
Díaz Caravantes no puede asegurar (pero tampoco descarta), que la contaminación del Río Sonora, sea derivada del derrame de tóxicos de la empresa minera Buenavista del Cobre, de Cananea.
Es obvio que la contaminación de las aguas o el exceso de metales pesados detectados en el Río Sonora, es producto de los desechos tóxicos mineros, y no por el estiércol de las vacas.
Total, que a tres años de la contaminación minera en el Río Sonora el daño ecológico persiste, sin que ninguna autoridad federal como la Semarnat, Profepa, Conagua o del sector Salud informe de manera contundente “con pelos y señales” sobre la situación real, y los posibles daños a la salud de los peces, y sobre todo de los pobladores ribereños, de los cuales cuando menos 360 sufren efectos dañinos en su salud por las aguas contaminadas.
Las investigaciones de Díaz Caravantes, coinciden con los estudios expuestos desde hace años por Reina Castro Longoria, investigadora de la Universidad de Sonora, quien ha reiterado que lo realizado por la minera en los primeros 30 kilómetros del Río Sonora, “no fue remediación sino simulación”, porque sólo estuvieron levantando tierra a “carretilladas”, cuando se requería meter dragas y tecnología de punta.
La investigadora de la Unison va más allá al asegurar que la contaminación minera del Río Sonora llegó hasta la presa El Molinito, desde donde se distribuye agua a los habitantes de Hermosillo conteniendo diversos metales pesados, sobre todo arsénico.
ADVIERTEN QUE SE CASTIGARA A LOS CORRUPTOS PADRECISTAS
Para el diputado del PANAL Fermín Trujillo Fuentes, no hay duda de que se aplicará la ley a los corruptos padrecistas que desfalcaron Sonora, pues desde el Congreso del Estado con el ISAF se evitará que prescriban los delitos de los ex funcionarios públicos, y advierte que los 81 procedimientos penales “se mantendrán vivos”.
En reunión con integrantes de la Mesa Cancún, el presidente de la Comisión de Vigilancia del Instituto Superior de Aditoría y Fiscalización (ISAF) dependiente del Congreso del Estado, advirtió que una vez terminado el fuero de la diputada federal Teresa Lizárraga y del diputado federal Agustín Rodríguez, tendrán que enfrentar a la ley por las denuncias que tienen en contra y que siguen sin ser aclaradas.
Trujillo Fuentes, dijo que las denuncias más consistentes del ISAF en la pasada administración estatal son en contra del Isssteson, donde Teresa Lizárraga dejó desfalcado con 4 mil millones de pesos el Fondo de Pensiones y Jubilaciones.
Con las nuevas reformas legales por la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, en Sonora se cambiará de tres años a siete años para la prescripción de los delitos graves de funcionarios públicos, por lo que seguirán vigentes las denuncias contra padrecistas del 2013, 2014 y 2015 que causaron un daño patrimonial al Estado de 32 mil 600 millones de pesos comprobados y denunciados por el ISAF.
Respecto a la función del ISAF, Trujillo Fuentes avaló la labor del Auditor Mayor Eugenio Pablos Antillón, quien advierte podría dejar el cargo, aunque también tiene la oportunidad de seguir por un tiempo más al reformarse esa institución, la cual pasará a ser autónoma. (g_navarro_ruiz@hotmail.com)
