Al menos cinco denuncias por presuntos malos manejos en la Junta de Caminos del estado se han presentado en la Fiscalía Anticorrupción, donde las mandaba cantar Enrique Pesqueira Pellat durante la administración de Guillermo Padrés, cuando la falta de inversión en mantenimiento y conservación provocó que la red caminera en todo el estado quedara en ruinas.
Particularmente en los valles del yaqui y mayo, las carreteras alimentadoras, por donde millones de toneladas de productos agropecuarios son transportadas a diario, prácticamente desaparecieron y algunas quedaron tan mal, que los vehículos eran conducidos mejor por las terracerías paralelas.
En este tema no hay resabios políticos o facciosos. Los usuarios de las carreteras, que son muchos, saben perfectamente el estado en que la administración padrecista entregó la red caminera. Un asco.
Triste, además, porque esa red es fundamental para las actividades productivas de todo el estado, y su deterioro tiene costos enormes, no solamente económicos, sino en lamentables pérdidas de vidas humanas.
El ocho de febrero del año pasado, se puso en marcha el programa de rescate carretero, mismo que comenzó en la costa de Hermosillo, donde la gobernadora Claudia Pavlovich anunció además un novedoso esquema para transparentar licitaciones y dar seguimiento ciudadano a las obras, de manera que todos pudiesen saber qué empresa las construye, los avances que lleva, los montos y los tiempos.
Un esquema necesario, después de la oscuridad con que se manejó este tema el sexenio pasado, donde los recursos aplicados no son para nada despreciables. Esta vez la gobernadora anunció un presupuesto de 2 mil 670 millones de pesos para rehabilitar mil 747 kilómetros de la red carretera, compuesta de 5 mil kilómetros, 3 mil 500 de los cuales estaban en situación deplorable.
Los trabajos de rehabilitación carretera, que a la fecha llevan un 95 por ciento de avance, se realizaron en cinco regiones que abarcaron todo el estado: Valle del Yaqui; Valle del Mayo; Valle de Guaymas y Empalme, y Costa de Hermosillo; Región Sierra y Río Sonora, y Noroeste.
El viernes pasado fuimos invitados por el secretario de SIDUR; Ricardo Martínez Terrazas a una gira de supervisión de esos trabajos, por los valles del yaqui y mayo. No hay punto de comparación.
Al frente de la comitiva, el presidente de la Junta de Caminos, Alfredo Martínez Olivas y el jefe de residencia en la región sur, Gilberto Rivera Félix, bien pertrechados con toda la información sobre cada uno de los tramos carreteros que recorrimos por los valles del sur.
Entiendo que hay gente a la que le molesta sobremanera que se publiquen datos, testimonios y se difundan imágenes sobre el ‘antes y el ahora’, sobre todo porque eso mantiene vigente en la memoria, el desastre del pasado reciente, y les recuerda la gran oportunidad que desperdiciaron para hacer un buen gobierno, lo cual se habría traducido en una prórroga al frente de los destinos del estado.
Lo que sucedió en cambio, fue que hicieron del hurto y el pillaje su principal eje de gobierno, lo que a la postre les costó su debut y despedida en el gobierno estatal. Más aún: el encarcelamiento de su jefe de jefes, Guillermo Padrés que hoy debe acordarse mucho de la ‘debilidad por sus amigos’ que alguna vez confesó, era la razón por la cual los dejó hacer y deshacer.
En descargo de sus ‘amigos’, puede decirse que éstos sólo reprodujeron lo que el propio Padrés predicó con el ejemplo. Y bueno, los resultados están a la vista, con el ex gobernador en la cárcel y varios de sus ‘amigos’ con el Jesús en la boca.
II
No es la gran cosa, pero para quienes ya tienen más de un año huérfanos de la nómina padrecista, 10 mil pesos diarios sí representa un ingreso considerable, así se reparta entre cuatro o cinco líderes del llamado movimiento Pueblo unido contra el gasolinazo, que ayer comenzaron a ‘pasar el bote’ a los automovilistas a quienes dejan el paso libre en la caseta de cobro a la salida de Hermosillo.
Dicho movimiento, que ni es del pueblo, ni está unido ni le interesa el gasolinazo, de plano enseñó el cobre y tras abandonar ‘la toma’ del auditorio del Congreso del Estado con las manos vacías, decidieron agandallarse de la caseta de cobro, donde el movimiento original liderado por Rosa María O’Leary y otras personas mantenían el paso libre, pero sin esculcarle el bolsillo a los ciudadanos.
Desde luego, el movimiento contra el gasolinazo (el de Rosa María y compañía) se deslindó inmediatamente de los otros que, identificados con el PAN, al parecer dejaron de recibir su mesada blanquiazul, acaso porque ya hasta el PAN se dio cuenta de que, fuera de broncas y desprestigio, no les reditúan nada más.
Y es que estos prófugos del talacho, sin más representatividad que la de sus tristes y personales existencias, de algo tienen que vivir, y como no se les da mucho eso de ‘pegarle al fecundo’, pues ahí andan con el botecito centaveando a los usuarios de la carretera y sacando para su torta y su frutsi.
No, si les digo, estos que se han ganado a pulso el remoquete de “Delegación Cruz del Norte” están bastante lorenzos, pero no tanto como para ponerse a trabajar.
III
Y a propósito de lorenzos, donde no cantan mal las rancheras es por rumbos del bello puerto de Guaymas, donde al alcalde se le está haciendo bolas el engrudo cada vez de peor manera.
La edición 2017 del carnaval fue un fracaso en todos los sentidos, incluyendo el administrativo-financiero, presumiéndose incluso actos de corrupción graves. Lorenzo de Cima, el presidente municipal se aventó una pifia de antología al endosar a sus ‘servicios de inteligencia’ la versión de que ‘manos criminales’ sabotearían las fiestas poniendo en riesgo la integridad de los asistentes y acusó directamente a varios personajes entre los que se cuenta al ex alcalde Otto Claussen, al diputado Manuel Villegas, a los empresarios editoriales del Grupo Padilla, y a algunos activistas del puerto.
Por supuesto, no sucedió ni un acto criminal, salvo los relacionados con el hurto y el pillaje perpetrados por los propios organizadores del carnaval.
Lo que sí pasó, es que al alcalde le renunció su Tesorero, mismo que fue recontratado cuatro horas después. La que sí se fue de la administración fue la directora de Comunicación Social, Águeda Barojas, que aventó el arpa al grito de ‘vale más aquí corrió que aquí quedó’.
Lorenzo de Cima ha abierto frente por todos lados, pues también mantiene un conflicto con 11 regidores que advirtieron de una denuncia penal por presuntos malos manejos y actos de corrupción en la organización del carnaval.
Uno de los señalados por el alcalde porteño como presunto sospechoso de los actos criminales que sabotearían las fiestas carnestolendas es Manuel Villegas, diputado del PAN, aunque no milita en ese partido, y quien se hará presente este lunes por la mañana en la Casa de Piedra, como se conoce al palacio municipal del puerto, para reclamar al alcalde y exigir que pruebe sus dichos.
Se espera una mañana agitada en Guaymas, donde Lorenzo tiene su administración municipal más enredada que una Maruchan…
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