De los 14 aspirantes a la rectoría de la Universidad de Sonora, la Junta Universitaria dejó solamente a seis en la primera criba, y antes del 17 de marzo habrá de dar a conocer quién es el sucesor de Heriberto Grijalva Monteverde.

Para muchos, la gran sorpresa fue que el doctor Raúl Guillén López, hasta hace poco responsable de implementar en Sonora el Nuevo Sistema de Justicia Penal, trabajo que llevó a cabo con pulcritud y eficiencia, logrando avances sorprendentes, si se toma en cuenta que sus antecesores del exNuevo Sonora lo dejaron prácticamente en cero. Cero avances y cero recursos, vale precisar.

Que no haya sorpresas para que no haya sorprendidos, suele decirse en la jerga política donde suceden cosas impensables para el gran público, no así para las cofradías donde se toman las decisiones.

En este espacio se adelantó hace varias semanas, que Guillén López podía haber sido impulsado por alguna de las corrientes que operan desde el gobierno estatal como una pieza que recibiera todos los obuses propios de un proceso especialmente politizado, y al final optar por otra persona.

Al ex funcionario pavlovichista se le tildó desde un inicio, como el candidato del gobierno del estado, y por esa sencilla razón se le endosaron toda suerte de acciones -incluyendo campañas negras-, en contra del rector Heriberto Grijalva y de otros aspirantes, señaladamente Enrique Velázquez, quien a su vez es considerado el candidato oficial del grupo que comanda el actual rector, conocido como «Los Químicos», que han hegemonizado el poder en la Universidad de Sonora desde hace unos 20 años.

Ojo: no tenemos ningún elemento para concluir que efectivamente, Guillén López haya sido la mano que meció la cuna del choque con el rector y su candidato, lo que incluyó utilizar al dirigente del STAUS, Enrique Quintana como punta de lanza en una denuncia ante la Fiscalía Especial Anticorrupción, que en menos de dos días envió un nutrido grupo de agentes a solicitar información financiera y administrativa en el edificio principal.

Pero fue muy obvio el interés por romper la continuidad de Los Químicos, una premisa en la que hasta antes de la intervención de la Fiscalía, coincidían varias corrientes políticas que operan en la Máxima Casa de Estudios, pero cerraron filas en torno al rector, al ver lo que consideraron una violación a la autonomía universitaria y, eventualmente, la posibilidad de que independientemente de quién ganara la rectoría, quedara un flanco abierto por donde entraría ya sin cortapisa alguna, la mano del gobierno del estado que, sobra decir, ha estado desde siempre presente en la Unison, de las más variadas formas.

Algo parecido sucedió en la Junta Universitaria, donde se integran varios personajes de reconocida trayectoria académica, profesional y solvencia moral, que también vieron con recelo la andanada.

Así, el principal damnificado de esa política de choque frontal con el rector y su grupo, sin duda fue el doctor Raúl Guillén López, que ya quedó fuera de la contienda.

Ahora bien, la suerte no está echada, aunque todo parece indicar que el proceso sucesorio, que comenzó de manera bastante accidentada y sin espacios ni voluntad de negociación adecuados, ya entró en la ruta de un cabildeo de mayor nivel.

Entre los seis aspirantes que se mantienen en la contienda, aparece Enrique Velázquez, a quien algunos consideraron, después de la eliminación de Guillén López el seguro ganador de esta contienda, sin embargo hay quien sostiene que no la tiene tan segura.

Lo anterior, debido a una situación similar a la que dejó fuera a Guillén: su condición de candidato oficial, en el caso de Velázquez, del rector.

Así, quedaría fuera Guillén, pero también Velázquez, abriendo el camino a un tercer (o tercera) aspirante que concitara el consenso de las principales corrientes dentro de la Unison, que no trajera toda la carga de un candidato promovido desde el gobierno, pero tampoco la de un grupo como el de Los Químicos, que se asume fuertemente golpeado y pudiera albergar resentimientos que dificultaran la sana relación entre la Universidad y el gobierno del estado, que finalmente es el que ‘parte el queso’ en materia de presupuesto para la Máxima Casa de Estudios.

De los 14 aspirantes, como en la canción infantil, a la Junta Universitaria ya nomás le quedan seis.

Estos son, en orden alfabético: Joel Enrique Espejel Blanco, Etty Haydeé Estévez Nenninger, Amelia Iruretagoyena Quiroz, Rafael Ramírez Villaescusa, Ezequiel Rodríguez Jáuregui y Enrique Velázquez Contreras.

Hay acomedidos que sostienen la existencia de una ventaja para Amelia Iruretagoyena, argumentando su condición de mujer y su gentilicio membrillero, sugiriendo que eso le favorece porque es coterránea de la gobernadora Claudia Pavlovich, oriunda también de Magdalena de Kino.

Personalmente creo que si llega, no será por alguna de esas razones, sino por su capacidad, experiencia y propuesta, rubros en los que tendrá que probar ser mejor que los otros cinco aspirantes, entre quienes se encuentra otra mujer, Etty Estévez Nénninger, a quien tampoco le falta currículum ni vocación universitaria.

La sorpresa podría ser Rafael Ramírez Villaescusa, acaso el más joven de los aspirantes y el que sin duda desarrolló un mayor trabajo ‘de tierra’ promocionando su candidatura entre las bases estudiantiles, magisteriales y de trabajadores y empleados de la Unison. También fue el que mejor difundió sus propuestas utilizando sobre todo las redes sociales.

En su contra operaría el hecho de que, a pesar de ser Búho, formado en la Unison como estudiante y como docente, es considerado un ‘externo’, epíteto con el que suelen aludir aquellos que han hecho de la Unison el espacio en el que viven y del que viven haciendo política intramuros, a quienes han probado otros ámbitos laborales, señaladamente en la esfera gubernamental. Vale decir que esto es otro mito, pues quien más, quien menos de ellos, ha tenido una relación laboral o interinstitucional con el gobierno.

En fin. El 3 de marzo, los seis finalistas deberán presentar su propuesta a la Junta Universitaria, que tiene como plazo el 17 de marzo para dar su verdicto final, aunque puede ser antes. Veremos qué pasa.

II

No quisiera terminar este despacho sin consignar el hecho de que las dos agentes de la Policía Estatal Investigadora que actualmente se encuentran presas acusadas de actos de tortura contra Gisela Peraza ‘contrataron’ para su defensa jurídica al despacho que comanda el ex Procurador General de la República, Antonio Lozano Gracia, el mismo que defiende a Guillermo Padrés Elías.

Como se sabe, este es uno de los despachos cuyos honorarios son de los más elevados en todo el país y resulta un mal chiste que las ex agentes lo estén costeando.

Coincido con quien piensa que en realidad, esa defensa fue contratada por la familia Padrés Dagnino, para contener hasta donde se pueda, que las ex agentes Alma Rosa Molina Barrón y María Teresa Lynson Salas revelen que en realidad, ellas sólo fueron la mano ejecutora de las órdenes de Iveth Dagnino de Padrés, Agustín Rodríguez Torres, Fernando Fernandez, entre otros.

Iveth es la ex primera dama del padrecismo y quien acusó a Gisela Peraza de robo en su residencia; Agustín es hoy diputado federal de regalo plurinominal gracias al palomeo de Guillermo Padrés, y Fernández era el jefe de escoltas del ex gobernador.

Este es otro tema que dará mucho de qué hablar en los próximos días.

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