En la sesión, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales la iniciativa ciudadana que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política, para un “gobierno sin privilegios”, presentada por Carlos Augusto Morales López.
Dicho documento que modifica nueve artículos constitucionales, plantea reducir sueldos a altos funcionarios, incluido el Presidente; retirar los seguros de gastos médicos mayores de gobernantes; desaparecer el fuero, y eliminar pensiones que gozan los exmandatarios.
Argumenta que “hoy, el Presidente de la República, diputados, senadores, secretarios, ministros, magistrados, jueces, los integrantes de los órganos autónomos y en general todos los servidores públicos denominados de alto nivel, gozan de ostentosos privilegios, injustificables, inadmisibles e inexistentes en otros países que conforman la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE)”.
Previamente, la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral informó que esta iniciativa ciudadana cumple con los requisitos establecidos en la ley, una vez concluidas las actividades relativas a la apertura de las 10 cajas, así como la verificación y cuantificación de su contenido.
La Mesa Directiva informó de la modificación de turno de cuatro iniciativas impulsadas por la diputada Brenda Velázquez Valdez (PAN), en materia de protección a periodistas y medios de comunicación, y una de la legisladora María Victoria Mercado Sánchez (MC), para combatir los delitos de trata de personas.
Se conoció de la diputada María del Rosario Rodríguez Rubio (PAN) solicitud para retirar su iniciativa turnada a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, que reforma los artículos 14 y 23 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5 Constitucional, relativa al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México.
La Secretaría de Gobernación remitió el informe trimestral sobre la situación que guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro, correspondiente al periodo julio-septiembre de 2017. Se mandó a la comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.
De la Comisión Federal de Electricidad se conoció el informe sobre el uso del endeudamiento, correspondiente al primer semestre de 2017. Fue enviado a las comisiones de Energía y de Hacienda y Crédito Público.
El Congreso de Jalisco propuso tres iniciativas. La primera, reforma la fracción X del artículo 34 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción para eliminar la disposición que establece que no podrá ser designado Secretario Técnico de la Comisión Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, el jefe de gobierno de la Ciudad de México o un gobernador que no se haya separado de su cargo con año de anticipación al día de su designación. Se canalizó a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.
La segunda, reforma el párrafo tercero del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de precisar que se ordenará prisión preventiva oficiosa en todos los delitos graves cometidos contra la seguridad de la Nación. Fue turnada a la Comisión de Justicia.
En la tercera iniciativa, se expide la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Turista, a fin de garantizar el derecho de los usuarios de bienes y servicios turísticos a recibir justicia, mediante la asesoría, representación y defensa, recepción de quejas y emisión de recomendaciones en materia de defensa del usuario de bienes y servicios turísticos. Se hizo llegar a la Comisión de Turismo con opinión de la de Presupuesto y Cuenta Pública.
Del Congreso de Michoacán se recibió iniciativa que reforma los artículos 41 de la Constitución Política y 51 de la Ley General de Partidos Políticos, a efecto de modificar la variable para determinar el financiamiento público anual de las actividades ordinarias de los partidos políticos. La propuesta la analizarán las comisiones de Puntos Constitucionales y de Gobernación.
También, la iniciativa que reforma el inciso D), fracción I, del artículo 2 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, cuya finalidad es reducir las cuotas aplicables por la enajenación e importación de combustibles automotrices fósiles y no fósiles. Se remitió a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública.
