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Hermosillo, Son., marzo 6 de 2018.- Un Acuerdo para que a los consumidores y empresas de los municipios de Cananea y Caborca, Sonora, se les otorgue un mayor monto de estímulo aplicable al Impuesto Especial Sobre Productos y Servicios, IEPS, en la enajenación de gasolinas correspondiente a la franja fronteriza, aprobó el Pleno del Congreso del Estado.

 

El exhorto está dirigido al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, de acuerdo a la iniciativa presentada por el diputado Javier Dagnino Escobosa, a la cual se le adicionó el municipio de Caborca a propuesta del diputado Rodrigo Acuña Arredondo.

 

Expuso que el municipio de Cananea enfrenta una situación de desventaja en contraste con los consumidores de los municipios de Nogales, Agua Prieta, Naco y Santa Cruz, que tienen derecho al triple estímulo.

 

En las referidas municipalidades el estímulo es de 3.16 pesos por litro de gasolina menor a 92 octanos o Magna, y de 2.26 ó 2.21 pesos por litro en la mayor o igual a 92 octanos o Premium, mientras que en el municipio minero es de dos pesos adicionales de impuestos al comprar el combustible, sostuvo.

 

El diputado Dagnino Escobosa agregó que se busca que el costo promedio de los combustibles en Cananea se iguale al precio que gozan los consumidores de otros municipios fronterizos, y al de ciudades de los Estados Unidos de América.

 

“Los habitantes y empresas de Cananea tienen una importante y cercana relación comercial con las ciudades fronterizas de Arizona, por lo que requieren de un estímulo igual al que se aplica en otros municipios vecinos de la región”, aseveró.

 

En el desarrollo de esta sesión ordinaria, la presidenta de la mesa directiva, Lina Acosta Cid, turnó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos una iniciativa presentada por el diputado Omar Alberto Guillén Partida, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Artículo 69 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora.

 

Explicó que las reformas constitucionales que regulan la actuación del Ministerio Público en el ámbito estatal, aprobadas por esta Soberanía en 2017, generan la necesidad de adecuar el marco normativo que regula el manejo y administración de recursos destinados al apoyo a las funciones del Ministerio Público y que en su momento motivaron la expedición de la Ley que crea el Fondo para la Procuración de Justicia, a efecto de apoyar con recursos adicionales a la entonces Procuraduría General de Justicia.

 

Ahora como órgano constitucionalmente autónomo, la Fiscalía General de Justicia del Estado también requiere de recursos adicionales, dijo, que le permitan desarrollar sus funciones sustantivas de una manera más eficiente, con altos estándares de servicios y calidad, que le permitan hacer frente de manera adecuada a su encomienda de garante de la legalidad y persecutora de delitos.

 

Y a la Comisión de Educación y Cultura se envió para estudio la iniciativa presentada por los diputados Teresa María Olivares Ochoa y Fermín Trujillo Fuentes, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Educación para el Estado de Sonora, con el objeto de establecer la educación inclusiva con atención al principio de progresividad.

 

Dicho principio constituye el compromiso del Estado de adoptar medidas para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura; de avanzar gradual y constantemente hacia su más completa realización, por lo tanto los derechos fundamentales no deben disminuirse por ningún motivo, indicó la diputada Olivares Ochoa.

 

Agregó que la educación inclusiva es un conjunto de valores, principios y prácticas que tratan de lograr una educación cabal, eficaz y de calidad para todos los alumnos, que hace justicia a la diversidad de las condiciones de aprendizaje y a las necesidades no solamente de los niños con discapacidad, sino de todos los alumnos. A esta iniciativa se sumaron las diputadas Lina Acosta Cid y Brenda Elizabeth Jaime Montoya.

 

Enseguida el diputado Juan José Lam Angulo presentó una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Transporte del Estado de Sonora, en materia de transporte de pasajeros contratado a través de plataformas tecnológicas y otras disposiciones.

 

Explicó que el pasado 21 de febrero se realizó un foro público de consulta en el auditorio de este Poder Legislativo, con relación al tema de la afectación en la operación entre servicios de taxi y los automóviles que prestan utilizan las tecnologías de las plataformas electrónicas.

 

Los temas fueron en varias vertientes, como las competencias desleales, lo que afecta la economía de miles de familias en Estado que han vivido por más de 30 años con este medio de trabajo mediante concesiones públicas autorizadas por la Dirección General de Transporte del Estado, afirmó el diputado Lam Angulo.

 

La iniciativa, que se turnó a la Comisión de Transporte y Movilidad, es resultado de dicho foro y de otras reuniones, con el objeto de dar voz parlamentaria a diversas organizaciones, tanto sindicales como asociaciones civiles de Sonora, que demandan, como prestadores del servicio público de taxi, a usuarios ante la competencia de mercado con el fenómeno UBER y otras plataformas que tienden a expandirse sin estar reguladas en las normas jurídicas locales, puntualizó.

 

En la plenaria se presentaron dos posicionamientos, uno de la diputada Angélica María Payán García, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, y otro del diputado José Ángel Rochín López, con agenda legislativa para el actual periodo ordinario.

 

La diputada Payán García hizo un reconocimiento a las mujeres que a través del activismo luchan por reivindicar sus derechos y conseguir el desarrollo pleno de su potencial, además de comprometerse a trabajar con las instituciones para impulsar políticas transversales que incorporen a las sonorenses, tanto en la esfera pública como en la vida privada.

 

En su intervención, el diputado Rochín López dio a conocer que en este periodo propondrá una iniciativa con proyecto de ley de derechos y cuidados paliativos de enfermos en etapa terminal para el Estado de Sonora; una ley de derechos y protección de las personas no fumadoras en el Estado, para que sustituya a la actual Ley de protección ciudadana contra los efectos nocivos del tabaco, y una reforma en materia de transparencia.

  

En esta primera sesión del mes de marzo, el Pleno aprobó un Acuerdo mediante el cual este Poder resuelve que durante lo que resta del segundo periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio constitucional de esta Legislatura (febrero-abril de 2018), las sesiones se llevarán a cabo martes y miércoles de cada semana, y por lo tanto se dejan sin efecto los días jueves de cada semana.

 

La iniciativa fue presentada por la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, y le dio lectura la diputada Ana Luisa Valdés Avilés.

 

La Presidencia citó a sesión del Pleno este miércoles 7 de marzo, a las 09:00 horas.

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