Hermosillo, Son. 24 de abril de 2017.- Con un blindaje jurídico resultado de la implementación de prácticas de Parlamento Abierto, la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción fue aprobada esta tarde por unanimidad del Pleno del Congreso, que considera el combate a la corrupción como una de las prioridades para el logro del bienestar social y el desarrollo del Estado de Sonora. El Sistema tiene por objeto establecer principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre las autoridades de todos los entes públicos en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos, atendiendo a los lineamientos establecidos en el Sistema Nacional Anticorrupción.
Para la elaboración de este resolutivo por parte de la Comisión Anticorrupción se tomó como base la iniciativa presentada el pasado 21 de marzo por la Gobernadora del Estado, misma que se retroalimentó con las aportaciones de las representaciones parlamentarias y de las observaciones y sugerencias hechas por organismos de la sociedad civil.
De acuerdo a la exposición de motivos del dictamen, el Artículo Segundo Transitorio del Decreto que expide la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción, establece la obligación para las legislaturas locales de expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas correspondientes, antes del 19 de julio del presente año.
Son sujetos del cumplimiento de esta Ley, que consta de 60 artículos divididos en cinco títulos y por cinco artículos transitorios, los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial); los órganos constitucionalmente autónomos; y las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y Municipal.
La nueva legislación está precedida por la Ley número 96, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora, publicada en el Boletín Oficial número 43, Sección II, de fecha 28 de noviembre de 2016, donde además del Sistema, se crea la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía Anticorrupción y la Especializada en Delitos Electorales.
La norma suprema local también incluye el cambio de naturaleza jurídica del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, para dejar de ser un órgano dependiente del Poder Legislativo y convertirse en un órgano constitucionalmente autónomo; el Tribunal Contencioso Administrativo se convierte en Tribunal de Justicia Administrativa, el cual funcionará en Pleno y con una nueva sala especializada en materia de combate a la corrupción.
Como parte de este andamiaje jurídico que precede a la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, el pasado 23 de marzo se aprobó la Ley 179 que reforma la Constitución local, para establecer la sustitución de la Policía Estatal Investigadora por la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, como un órgano coadyuvante de la Fiscalía General, la cual se encargará de la investigación de hechos considerados como delitos.
En la misma fecha fue aprobada la 180, que corresponde a la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Sonora, la cual viene a regular la estructura y funcionamiento de la Fiscalía General del Estado, que sustituye a la Procuraduría General de Justicia del Estado.
El Sistema Estatal Anticorrupción se integra por el Comité Coordinador y el Comité de Participación Ciudadana. El primero tendrá la responsabilidad de promover y evaluar las políticas públicas de combate a la corrupción, mientras que el segundo coadyuvará al cumplimiento de los objetivos del Comité Coordinador, además de ser la instancia de vinculación con las organizaciones sociales y académicas relacionadas con las materias de dicho Sistema.
Se crea la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, con el objeto de que la misma funja como órgano de apoyo técnico del Comité Coordinador, a efecto de proveerle la asistencia técnica y los insumos necesarios para el desempeño de sus atribuciones. Será un órgano descentralizado de la administración pública estatal, contará con personalidad jurídica y patrimonio propio, y no estará sectorizada a ninguna dependencia.
La Ley prevé que las autoridades del Estado de Sonora, integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización, deberán homologar, en el ámbito de sus respectivas competencias, los procesos, procedimientos, técnicas, criterios, estrategias, programas y normas profesionales en materia de auditoría y fiscalización.
“Como podemos apreciar, el trabajo que se ha venido realizando por parte de este Poder Legislativo en materia de combate a la corrupción ha sido arduo, ya que coincidimos con toda la población sonorense que ya no podemos seguir tolerando más actos de corrupción por parte de los servidores públicos”, dio a conocer la comisión dictaminadora.
Además se destacó que, dada la trascendencia que reviste la materia de la Ley objeto de este dictamen, el Poder Legislativo, fiel al compromiso ante la sociedad y como parte de la implementación de prácticas de Parlamento Abierto, a través de la Comisión Anticorrupción, creó un micro sitio dentro de la página oficial del Congreso del Estado, con la finalidad de informar y recabar propuestas ciudadanas.
En esta tarea, Sonora Ciudadana A.C. y COPARMEX Sonora Norte, participaron en la integración de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción con sugerencias y observaciones, mismas que fueron tomadas en cuenta dentro del análisis de la comisión e integradas dentro del resolutivo final, al que dieron lectura los diputados David Homero Palafox Celaya, Carlos Alberto León García y Lisette López Godínez.
A nombre del grupo parlamentario del PAN, la diputada Célida Teresa López Cárdenas dio a conocer las aportaciones que hicieron a la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, mediante iniciativa presentada el pasado 18 de abril, para lo cual, dijo, se escuchó a ciudadanos, organizaciones locales y colegios de profesionistas.
Propusieron crear el Sistema Estatal de Información, en armonía con la plataforma digital nacional, y se impulsó la designación inicial de los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana, a fin de garantizar autonomía e independencia, informó.
Además se retomó como grupo parlamentario la propuesta de Sonora Ciudadana y COPARMEX, para el proceso de selección del Comité de Participación Ciudadana, a fin de que se realice mediante una metodología clara y pública.
“El grupo parlamentario del PAN reitera el compromiso de continuar trabajando en leyes que le permitan combatir de manera frontal a la corrupción, a favor de la transparencia y a la rendición de cuentas a los ciudadanos”, aseveró la diputada López Cárdenas.
Aprueban dos decretos y un Acuerdo
En el desarrollo de la sesión ordinaria, el Pleno aprobó el dictamen con proyecto de Decreto que reforma la fracción segunda y el inciso A) de la misma, del Artículo 192 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, con el propósito de reducir el término previsto para la caducidad de la instancia en los juicios del orden civil, así como incluir esta figura para la segunda instancia.
La Comisión de Justicia y Derechos Humanos dictaminó con base a la iniciativa presentada por el diputado Omar Alberto Guillén Partida, que la misma es viable jurídicamente por apegarse al derecho humano consagrado en el Artículo 17 de la Constitución Federal, ya que la caducidad de la segunda instancia –apelación-, tendrá el mismo efecto que tiene actualmente la caducidad en el proceso de la primera instancia.
La dictaminadora concluyó que la iniciativa ofrece bondades que garantizan que el acceso a la justicia sea pronta y expedita, de acuerdo a la lectura que estuvo a cargo del diputado Guillén Partida.
Y para que se lleven a cabo todas las acciones necesarias para que se inicie la construcción de un nuevo hospital de tercer nivel en la ciudad de Hermosillo, Sonora, para brindar una mejor atención y servicio de calidad a los derechohabientes, la asamblea aprobó enviar un exhorto a la titular del Poder Ejecutivo estatal, al Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, así como al delegado de dicha institución en la entidad.
A nombre del grupo parlamentario de Nueva Alianza, la diputada Teresa María Olivares Ochoa expuso que en doce entidades federativas se cuenta con unidades médicas de tercer nivel, mientras que en Sonora sólo opera el Hospital General “Dr. Fernando Ocaranza” de nivel tipo dos, concentrador para todo el Estado, que fue construido hace casi 60 años y es el segundo hospital general más antiguo del ISSSTE en el país, cuya capacidad de atención ha sido excedida.
En el mismo sentido se aprobó el dictamen presentado por la Comisión de Desarrollo Urbano, con proyecto de Decreto que adiciona un Artículo 34 BIS a la Ley de Planeación, con la finalidad de que los municipios con una población superior a los 50 mil habitantes constituyan un órgano técnico denominado Instituto Municipal de Planeación.
La diputada Ana Luisa Valdés Avilés, autora de la iniciativa, explicó que dichos institutos ejercerán las atribuciones previstas en el Capítulo V de la referida legislación, el cual consta de once artículos en los que, básicamente, le imponen la obligación a dichos institutos de elaborar y revisar periódicamente, los planes municipales de desarrollo y sus programas, así como diversas cuestiones relacionadas con su operatividad.
La Comisión de Desarrollo Urbano también estudiará la iniciativa presentada por el diputado José Ángel Rochín López, con proyecto de ley de movilidad peatonal y de espacio público para el Estado de Sonora y sus municipios.
Indicó que uno de los problemas sociales hoy en día es la falta de una verdadera seguridad vial que impide el desarrollo armónico entre los ciudadanos, además de que el crecimiento demográfico y urbano ha ocasionado que las ciudades se inserten en una dinámica de movilidad muy acelerada y ausente de solidaridad vial.
Su iniciativa va en sintonía con una serie de disposiciones multilaterales para buscar mejorar el nivel de vida de la población, en términos de movilidad peatonal, sostuvo Rochín López, quien antes de concluir la sesión, presentó un posicionamiento en relación al desalojo la semana pasada por parte de la Policía Federal, de los manifestantes en la caseta de cobro ubicada a la salida Norte del municipio de Hermosillo, Sonora.
El Pleno sesionará este martes 25 de abril, a las 11:00 horas, con la celebración de la XX edición del programa Diputado Infantil por un Día 2017.
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